Martes 11 de Agosto de 2026
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Lamberto Frescobaldi, presidente de Unione Italiana Vini (UIV) y máximo responsable del grupo Frescobaldi, aceptó este martes, 11 de agosto, la posibilidad de financiar el arranque de viñedos en Italia allí donde sobre producción y no haya salida comercial suficiente. Lo hizo con una condición: que esa medida vaya acompañada de un “plan B” que ofrezca una alternativa a los agricultores y evite el abandono del territorio.
La posición supone un cambio en una discusión abierta desde hace meses en el sector vitivinícola italiano. Hasta ahora, Frescobaldi se había mostrado contrario a un plan general de arranques para ajustar oferta y demanda, y había defendido sobre todo la reducción de rendimientos en los vinos genéricos y la paralización de nuevas autorizaciones de plantación. Con sus nuevas declaraciones, mantiene el rechazo a una solución indiscriminada, pero admite que el arranque puede tener sentido en zonas concretas.
El debate llega cuando las existencias siguen en niveles altos. A 31 de julio, las bodegas italianas almacenaban 42,6 millones de hectolitros de vino, un 6,9% más que el 31 de julio de 2025, de acuerdo con los datos de Cantina Italia elaborados por el Icqrf, el organismo inspector del Ministerio de Agricultura italiano. Una parte de esa producción no encuentra mercado, y esa presión ha reabierto la discusión sobre qué herramientas usar para recortar volumen.
Frescobaldi ya había definido los arranques como “inevitables, pero peligrosos” en una entrevista reciente. Este martes fue más allá y sostuvo que hay áreas que se incorporaron al negocio del vino en años de expansión y que ahora no logran sostenerse. Su propuesta pasa por actuar solo donde sea necesario y pactar antes una salida para quienes dejen de cultivar viña.
El presidente de UIV sostuvo que, en determinadas comarcas, la desaparición de la viña no afectaría solo a la renta agraria. A su juicio, también pondría en riesgo la actividad que depende de ese cultivo, desde pequeños servicios locales hasta la presencia de equipamientos básicos. Por eso pidió sentarse con las organizaciones agrarias para decidir qué opciones reales tendrían los productores si dejan de trabajar esas parcelas.
Frescobaldi aportó además una cifra para sostener esa cautela. Según afirmó, en Italia se abandonan cada año 56.000 hectáreas de tierras agrícolas, lo que equivale a 560.000 hectáreas en una década. A partir de ese dato, avisó de que un programa de arranque sin alternativas podría acelerar aún más la pérdida de superficie agraria, sobre todo en lugares donde la viña es una de las pocas actividades rentables.
También puso el foco en el riesgo para los viñedos de montaña y de colina, que soportan mayores costes que los de llanura. En su opinión, esos viñedos podrían ser los primeros en desaparecer si se aplicaran ayudas al arranque sin filtros, con el consiguiente efecto sobre el paisaje agrario y sobre la economía local de muchas zonas interiores.
Otra de las cuestiones que planteó es la situación del catastro vitícola italiano. Frescobaldi afirmó que aún hay partes del país donde ese registro no se ha completado y consideró inaceptable que uva de mesa que no logra venderse acabe convertida en vino. A su juicio, una regulación más estricta de ese punto ya contribuiría por sí sola a mejorar el equilibrio del mercado.
La apertura de UIV al arranque con condiciones añade una vía más a una discusión que divide a la cadena del vino. Parte del sector ve difícil aplicar recortes de rendimiento de forma uniforme en áreas que dependen también del volumen, mientras que un freno general a nuevas plantaciones podría perjudicar a denominaciones y productores que siguen ganando mercado pese a la caída del consumo en otras categorías. La cuestión está prevista en la mesa sectorial que se celebrará tras la pausa estival de la actividad parlamentaria, cuando la vendimia entre plenamente en marcha en Italia.
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