Ribera del Duero abre una batalla por recortar la vendimia

La Denominación de Origen Ribera del Duero estudia reducir el rendimiento máximo autorizado por hectárea en la campaña de vendimia de este año para limitar la entrada de uva en bodega y evitar un volumen que, a juicio del Consejo Regulador, pueda alterar el mercado. La medida se debatirá este miércoles, 17 de junio, en una reunión del pleno del organismo en Madrid y ha abierto un nuevo choque entre bodegas, viticultores y cooperativas.

La propuesta llega en un momento de buenas perspectivas agronómicas. La campaña avanza sin daños amplios por heladas o tormentas y con un estado sanitario favorable del viñedo, lo que hace prever una cosecha amplia, por encima de la de 2025. El año pasado se recepcionaron en las bodegas 129.555.457 kilos de uva, la segunda cifra más alta de la historia de la denominación, según los datos citados por el sector.

El pliego de condiciones de Ribera del Duero fija un máximo general de 7.000 kilos por hectárea, aunque permite ajustes al alza o a la baja de hasta un 15% en circunstancias especiales. Si el pleno aprueba una reducción en ese margen, el rendimiento podría quedar cerca de los 6.000 kilos por hectárea. Por ahora no hay una cifra cerrada ni una comunicación oficial definitiva del Consejo Regulador.

Fuentes del organismo remiten cualquier valoración a la decisión que adopte el pleno. En ese órgano, el sector bodeguero cuenta con mayoría suficiente para sacar adelante la medida, aunque en los últimos días se han producido contactos con las organizaciones agrarias y con las cooperativas para intentar acercar posiciones antes de la votación.

La inquietud entre los productores no responde solo a la posible limitación de kilos. También pesa el recuerdo de la última campaña, cuando muchos viticultores denunciaron una bajada del precio de la uva que, en algunos casos, dejó márgenes muy ajustados para cubrir el coste de producción. La combinación entre menos rendimiento autorizado y precios bajos ha elevado el malestar en buena parte del campo.

Asaja y UCCL han celebrado reuniones con sus afiliados esta semana para fijar postura. Ambas organizaciones coinciden en atribuir el origen del problema al aumento de superficie plantada durante los últimos años. Según su cálculo, Ribera del Duero ha sumado unas 10.000 hectáreas en casi una década y se acerca ya a las 32.000 hectáreas en producción.

Raúl Manso, miembro de la junta directiva de Asaja, sostiene que los viticultores llevan tiempo pidiendo límites a nuevas plantaciones y que esa petición no prosperó por la posición mayoritaria del sector bodeguero dentro del Consejo Regulador. “Estamos enfadados, es una cosa que nosotros no hemos provocado”, afirma. A su juicio, las decisiones adoptadas durante los últimos diez años han llevado a una situación en la que la oferta puede superar la capacidad comercial del mercado y ahora son los agricultores quienes asumen las consecuencias.

Desde UCCL mantienen una lectura similar. La organización considera que las bodegas han dirigido la política de expansión y que la corrección planteada recae ahora sobre los productores. En las reuniones internas celebradas estos días, según explican fuentes de la organización, ha habido opiniones distintas entre los socios: algunos rechazan cualquier rebaja y otros aceptarían una reducción limitada si va acompañada de condiciones para el resto del sector.

Entre esas condiciones figura frenar nuevas plantaciones y pedir a las bodegas un esfuerzo paralelo. Las cooperativas comparten desde hace años esa preocupación por el aumento de superficie inscrita. Su posición tiene además una dificultad añadida: deben garantizar entrada a la uva entregada por sus socios, lo que complica cualquier ajuste cuando se prevé una cosecha amplia.

El debate no es solo técnico. Para muchos viticultores, bajar rendimientos implica más trabajo en campo y más gasto para eliminar parte de la producción antes de vendimia. Manso explica que, si un viñedo estaba preparado para rendir cerca de 7.000 kilos por hectárea y finalmente debe quedarse en torno a 6.000, el agricultor necesita intervenir en verano para tirar uva y ajustar la carga productiva.

Ese trabajo extra llega además después de una campaña marcada por precios inferiores a los habituales, según denuncian las organizaciones agrarias. Asaja sitúa operaciones del año pasado entre 0,70 y 0,80 euros por kilo como referencia frecuente en muchas zonas. Con esos niveles, sostienen los productores, cualquier recorte adicional en volumen reduce aún más la rentabilidad final de la explotación.

La discusión sobre los rendimientos reabre también un debate antiguo dentro de Ribera del Duero: cómo acompasar el crecimiento productivo con la salida comercial del vino amparado por la denominación. Durante años, parte del sector defendió ampliar superficie para responder a la demanda y consolidar presencia en más mercados. Otra parte advirtió de que ese aumento podía generar excedentes si las ventas no avanzaban al mismo ritmo.

Ese desacuerdo ha vuelto ahora al centro del pleno regulador. Las bodegas buscan evitar una entrada excesiva de uva en una campaña abundante; viticultores y cooperativas responden que el ajuste llega tarde y que no puede recaer solo sobre quien cultiva la viña. La decisión que se adopte este miércoles, 17 de junio, marcará el marco productivo inmediato para miles de hectáreas en Burgos, Valladolid, Soria y Segovia bajo una de las denominaciones más relevantes del vino español.