Reino Unido revisa las entregas rápidas de alcohol por su impacto en la dependencia

El Gobierno británico estudia el impacto de los servicios de entrega rápida de alcohol sobre la dependencia y los daños asociados, y analiza si las normas actuales de licencias y verificación de edad son suficientes para este canal de venta.

La respuesta llegó al Parlamento en una contestación escrita del Home Office a una pregunta del diputado laborista Peter Prinsley, representante de Bury St Edmunds and Stowmarket. El texto fue respondido este lunes, 18 de mayo, por Sarah Jones, ministra del área en el Gobierno laborista.

En su respuesta, el Ejecutivo señala que la Ley de Licencias de 2003 regula la venta y el suministro de alcohol en Reino Unido. Añade que los hábitos de compra han cambiado en los últimos años, con un aumento notable de las ventas por internet y de los servicios de entrega rápida.

El Departamento de Salud y Asistencia Social, que tiene la responsabilidad sobre las políticas vinculadas a los daños para la salud, y el Home Office están revisando cómo se aplican las normas actuales a estos servicios. También siguen la evidencia disponible sobre el efecto que pueden tener en la salud de las personas.

Sarah Jones afirma en la respuesta parlamentaria que el Gobierno actuará cuando sea necesario para proteger la seguridad pública. Para ello, anuncia que en breve celebrará una mesa redonda junto con el ministro de Salud Pública y Prevención para estudiar posibles soluciones con profesionales sanitarios y expertos del sector.

La cuestión abre la puerta a una revisión más amplia del encaje regulatorio de estas plataformas, que permiten recibir alcohol en poco tiempo tras hacer el pedido. El debate se centra en dos puntos: si el sistema actual controla bien la edad del comprador y si estas entregas facilitan un acceso más fácil al alcohol en personas con riesgo de dependencia o con consumo problemático.

El asunto llega en un momento en que las ventas digitales han ganado peso en el mercado británico de bebidas alcohólicas. El Gobierno no anuncia cambios inmediatos, pero sí deja claro que sigue el asunto y que puede intervenir si considera que las reglas vigentes no bastan para limitar los daños.