El Parlamento Europeo planta cara a los recortes de la PAC

El pleno del Parlamento Europeo propuso este martes corregir los recortes en la Política Agraria Común (PAC) con una dotación específica de 385.000 millones de euros, frente a los 261.000 millones planteados por la Comisión Europea para el próximo marco financiero plurianual. La Cámara fijó así su posición negociadora sobre el presupuesto de la Unión Europea para el periodo 2028-2034, en una resolución que también pide estudiar fórmulas para refinanciar la deuda del fondo de recuperación si fuera posible, con el fin de aliviar la presión sobre las cuentas comunitarias.

La propuesta aprobada recuerda la obligación jurídica y la responsabilidad política de devolver esa deuda en plazo, pero añade que los pagos deben gestionarse de forma prudente y flexible. En la práctica, los eurodiputados quieren evitar que el reembolso reduzca el dinero disponible para programas agrícolas, regionales y otras partidas que dependen del presupuesto europeo.

La devolución de la deuda vinculada al fondo de recuperación comenzó a diseñarse en 2020, cuando los Veintisiete acordaron crear ese instrumento para responder a la crisis provocada por la pandemia. Según ese calendario, los pagos se extenderán hasta 2056. Sin embargo, en las conversaciones sobre las futuras cuentas ha ganado peso la idea de ampliar los plazos para repartir mejor esa carga financiera.

Esa posibilidad ya apareció en la cumbre celebrada en Nicosia la semana pasada, según fuentes próximas a las negociaciones. Varias delegaciones mencionaron entonces la opción de alargar los vencimientos. El debate se ha intensificado porque Bruselas reserva unos 24.000 millones de euros al año para atender esos reembolsos dentro de su borrador presupuestario.

La Comisión también ha puesto sobre la mesa cinco nuevas vías de ingresos propios para la UE. Entre ellas figuran impuestos al tabaco, gravámenes sobre residuos electrónicos no recogidos, una tasa sobre grandes empresas y una parte de los ingresos procedentes del mercado de emisiones y del arancel climático europeo. Pero esas medidas requieren unanimidad entre los Estados miembros y, por ahora, no existe acuerdo suficiente.

Ante esa falta de consenso, varias capitales mantienen posiciones muy alejadas. Francia ha defendido alargar los plazos de devolución e incluso abrir la puerta a nuevas emisiones. El presidente Emmanuel Macron calificó recientemente de “idiota” cumplir el compromiso de pagar “rápidamente” esa deuda. Grecia respaldó esa línea y España ya había planteado en 2020 una idea similar al sugerir que los bonos emitidos durante la pandemia pudieran ser perpetuos.

En el lado opuesto se sitúan Alemania, Países Bajos y varios países nórdicos, que rechazan tanto más deuda como un aumento de sus aportaciones al presupuesto común. Estos gobiernos prefieren limitar el gasto o reducir partidas históricas como la PAC y la política de cohesión. Esa división explica parte del pulso político que rodea ahora las cuentas europeas.

El Parlamento Europeo quiere sacar el pago de la deuda del presupuesto ordinario y cubrirlo con nuevos ingresos propios. Con esa fórmula, sostiene que los recursos liberados deberían ir a financiar tanto las políticas tradicionales como las nuevas prioridades comunitarias. Los eurodiputados defienden que las cuentas para siete años asciendan a 1,78 billones de euros a precios constantes de 2025, lo que supondría un aumento del 10% respecto a la propuesta inicial de Bruselas.

Dentro de ese reparto, además de elevar la PAC hasta 385.000 millones, el Parlamento propone asignar 274.000 millones a cohesión y subir de 207.000 millones a 234.000 millones el nuevo Fondo de Competitividad. La resolución también abre la puerta a otras fuentes fiscales, como una tasa a las grandes plataformas digitales o impuestos sobre las apuestas en línea y las transacciones con criptodivisas.

Las negociaciones entre Parlamento, Comisión y Consejo deberán ahora concretar si esas cifras entran en el texto final o si prevalece una fórmula más ajustada al planteamiento inicial del Ejecutivo comunitario. El debate llega en un momento en que agricultores, regiones y sectores industriales siguen pendientes del reparto final del dinero europeo para los próximos siete años.