Los viticultores de Bugey llevan a EDF a los tribunales por el uso compartido del nombre con la central nuclear

Los viticultores de la Denominación de Origen Controlada (AOC) Bugey han decidido llevar a la empresa EDF ante los tribunales. El motivo es el uso compartido del nombre “Bugey” por parte de la central nuclear situada en la misma zona, en funcionamiento desde 1965 y actualmente candidata para albergar un futuro reactor EPR. La investigación pública sobre este proyecto está en marcha. Los productores de vino consideran que la asociación de su nombre con la central perjudica la imagen de sus productos.

Desde hace años, el sindicato de la denominación mantiene conversaciones con responsables de EDF. Su objetivo es lograr que la central cambie de nombre y deje de utilizar el término “Bugey”. Proponen alternativas como “central de Saint-Vulbas”, en referencia a la localidad donde se encuentra, o “central de la plaine de l’Ain”. Sin embargo, según Jean-Luc Guillon, presidente del sindicato, las negociaciones no han dado frutos y se encuentran ante una negativa constante por parte de la empresa energética.

Guillon recuerda el caso ocurrido en 2008 con la central nuclear del Tricastin. En aquel momento, varios incidentes afectaron a los vinos etiquetados como Coteaux du Tricastin, lo que obligó a los productores a cambiar el nombre por Grignan-les-Adhémar y a invertir recursos para recuperar su reputación. El presidente insiste en que los viticultores no se oponen a la energía nuclear, pero quieren proteger una denominación que existe desde mucho antes que la central.

Régis Bernard, vicepresidente del sindicato, señala que los viticultores defienden su herramienta de trabajo y su identidad, mientras que EDF solo defiende un nombre. Añade que resulta difícil entender cómo el cambio de denominación podría afectar a la producción eléctrica o al volumen de kilovatios vendidos por la empresa.

El 10 de septiembre de 2024, el sindicato formalizó su demanda judicial contra EDF. A pesar del proceso legal abierto, las conversaciones entre ambas partes han continuado sin avances. Durante su asamblea general celebrada en primavera, los viticultores confirmaron públicamente su decisión de acudir a los tribunales.

El juez encargado del caso en Lyon tiene previsto emitir un primer dictamen en septiembre. Hasta entonces, el sindicato busca apoyos dentro del sector vitivinícola para reforzar su posición. Jean-Luc Guillon advierte que si pierden el caso, podría sentarse un precedente peligroso para todas las denominaciones protegidas. Recuerda que tanto la legislación francesa como europea establecen que las denominaciones no pueden pasar al dominio público ni ser utilizadas libremente por terceros ajenos al sector.

La situación genera preocupación entre los productores locales, quienes temen que la confusión entre el nombre del vino y el de la central nuclear afecte negativamente a sus ventas y a su reputación. El sector espera una resolución favorable que permita proteger el valor y la historia asociados a sus vinos frente al uso industrial del mismo nombre.