Viernes 27 de Marzo de 2026
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El retroceso de la criósfera andina y la creciente presión sobre las cuencas de montaña obligan a Mendoza a revisar con urgencia su gobernanza del agua si quiere sostener, en el tiempo, su modelo de oasis productivo, turístico y vitivinícola.
La provincia, árida en llanura (200–300 mm de lluvia anual), depende casi por completo del agua regulada por nieve, glaciares y glaciares de escombros.
Estudios de CEPAL para los ríos Mendoza y San Juan proyectan que, hacia fines de siglo, las cuencas más bajas del sur de Cuyo podrían perder entre 75 y 80% de su superficie glaciar, con una merma significativa de reservas sólidas de agua. En años secos, estos cuerpos de hielo —incluido el permafrost cubierto de detritos— aportan un caudal clave para amortiguar las sequías y sostener la escorrentía de riego.
Investigaciones recientes sobre ríos nivo‑glaciares de la alta cuenca del Mendoza muestran que el calentamiento ya está modificando el momento y la magnitud de los picos de caudal, con "retrasos y descensos" en los extremos hidrológicos. A escala andina, modelizaciones publicadas en Nature indican que el retroceso de los glaciares reducirá su capacidad de compensar futuras megasequías, al disminuir tanto el volumen de hielo disponible como su aporte relativo al caudal.
Las proyecciones climáticas para Mendoza señalan un aumento de temperatura en cordillera, adelanto de la fusión nival y mayor pérdida de masa glaciar, lo que implica más agua al inicio de la primavera pero menores caudales en verano y otoño, cuando se recargan embalses y la demanda agrícola y urbana se mantiene alta.
El Departamento General de Irrigación advierte que la provincia atraviesa la peor crisis hídrica en 30 años, con una oferta de agua cercana a 30% por debajo del promedio histórico, situación que tensiona tanto el riego como el abastecimiento urbano. En este contexto, los ecosistemas de montaña —nieve, glaciares, humedales altoandinos y glaciares de escombros— funcionan como un verdadero "seguro hidrológico", cuya degradación disminuye la resiliencia frente a la escasez.
Las zonas glaciar y periglaciar de los Andes mendocinos son altamente sensibles a actividades como caminos de altura, prospecciones, minería metalífera, infraestructura energética o grandes movimientos de suelo. Científicos y organizaciones advierten que debilitar la Ley de Glaciares abriría la puerta a proyectos que afecten glaciares descubiertos, cubiertos y cuerpos de hielo de escombros, con impactos directos en la regulación de caudales.
La experiencia de megaminería en otros tramos de los Andes muestra riesgos de drenajes ácidos, lixiviación de metales y alteración de acuíferos vinculados a ríos que abastecen poblaciones extensas; en Mendoza, el debate sobre el proyecto San Jorge evidenció la preocupación por eventuales efectos en la cuenca del río Mendoza, eje hídrico del Gran Mendoza y del oasis norte.
A ello se suma la degradación de humedales altoandinos y glaciares de escombros, que actúan como esponjas liberando agua lentamente en verano y en años secos. Obras viales, extracción de áridos, pastoreo intensivo y perforaciones mal planificadas pueden compactar suelos, alterar flujos subterráneos y reducir la capacidad de almacenamiento de estos sistemas, disminuyendo la amortiguación de extremos hidrológicos. La remoción de cobertura vegetal y el movimiento de grandes volúmenes de roca en laderas incrementan, además, la erosión, los deslizamientos y los aluviones, con riesgos adicionales para infraestructura vial, hidroeléctrica, de riego y asentamientos en piedemonte.
Las implicancias para la seguridad hídrica y la economía son claras. La matriz productiva mendocina depende de la agricultura de riego —en especial vid, frutales y hortalizas—, que utiliza más del 80–90% del agua disponible, con la vitivinicultura como uno de los mayores consumidores individuales. Menores caudales y mayor variabilidad, combinados con la degradación de ecosistemas de montaña, se traducen en menos agua de riego en verano‑otoño, más competencia entre sectores y territorios, y una creciente necesidad de inversiones en infraestructura, tecnificación y adaptación agronómica.
Los centros urbanos también dependen de ríos alimentados por nieve y glaciares; caudales más bajos o contaminados encarecen el tratamiento, aumentan la vulnerabilidad ante eventos extremos y afectan la generación hidroeléctrica. Para el turismo de montaña y el enoturismo, el retroceso glaciar visible, la pérdida de caudales y el deterioro paisajístico asociados a actividades extractivas pueden erosionar el atractivo del destino y agravar conflictos socioambientales, con impacto reputacional.
Frente a este escenario, la evidencia científica converge en varios lineamientos: reforzar la protección legal de glaciares y ambientes periglaciares; incorporar escenarios de cambio climático en la planificación hídrica, agrícola, energética y urbana; mejorar la eficiencia del riego y reducir presiones sobre cuencas de montaña; fortalecer el monitoreo glacio‑hidrológico y los sistemas de alerta temprana; e impulsar una gobernanza de cuencas participativa que integre a comunidades, científicos, autoridades de agua, sectores productivos y turismo.
Mendoza enfrenta un doble desafío: un clima que reduce y vuelve más incierta la oferta de agua de montaña, y actividades humanas que pueden degradar los ecosistemas encargados de regularla. Alterar glaciares, permafrost, glaciares de escombros y humedales altoandinos significa comprometer la seguridad hídrica de los oasis urbanos y agrícolas, y con ella, la base misma de su economía vitivinícola y turística.
Fuentes consultadas:
https://www.cepal.org / https://www.watersecuritynetwork.org / https://www.nature.com / https://farn.org.ar / https://www.ina.gob.ar / https://www.mendoza.gov.ar / https://bdigital.uncu.edu.ar / https://www.infocampo.com.ar / https://agenciatierraviva.com.ar / https://www.reporteminero.cl /
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