Sanidad presenta anteproyecto para reducir el consumo de alcohol en menores

El Ministerio de Sanidad ha presentado al Consejo de Ministros un anteproyecto de ley con el objetivo de regular el consumo de alcohol entre los menores de edad en España. Este texto, inspirado en las recomendaciones de la Ponencia 'Menores sin alcohol' de la Comisión Mixta Congreso-Senado para el Estudio del Problema de las Drogas, busca establecer un marco integral de protección para los menores, promoviendo un consumo responsable de alcohol en la sociedad.

La ministra de Sanidad, Mónica García, expuso que el anteproyecto se centra en prevenir el consumo temprano de alcohol, dado que este factor aumenta el riesgo de desarrollar adicción y afecta negativamente al desarrollo cerebral de los jóvenes. El plan incluye medidas para retrasar la edad de inicio en el consumo, proteger a los menores de las consecuencias negativas del alcohol y reducir los episodios de consumo intensivo en este grupo vulnerable.

Los datos de consumo proporcionados por la Encuesta Estatal sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES) destacan que el alcohol es la sustancia psicoactiva más consumida por los estudiantes de 14 a 18 años. En 2023, un 75,9% de los estudiantes había probado alcohol al menos una vez en su vida, un 73,6% lo había consumido en el último año y un 56,6% en el último mes. La encuesta también revela que la edad media de inicio en el consumo es de 14 años, tanto para hombres como para mujeres, y 15 años para el consumo semanal. Además, un 93% de los adolescentes percibe que es fácil o muy fácil adquirir bebidas alcohólicas, a pesar de las prohibiciones existentes para la venta a menores.

El anteproyecto de ley propone varias medidas clave. En el ámbito familiar, se busca concienciar a las familias sobre los riesgos del alcohol y ofrecerles herramientas para prevenir su consumo entre menores, con un enfoque especial en familias en riesgo de exclusión social o con menores afectados por el consumo de alcohol. En el ámbito educativo, se incluyen nuevos contenidos sobre prevención del consumo de alcohol en todos los niveles educativos, desde primaria hasta la universidad y formación del profesorado.

En el sector sociosanitario, se implementarán protocolos para detectar el consumo de alcohol en menores, registrarlo en la historia clínica y considerar el contexto familiar de los menores con problemas de adicción. Además, se promoverán actividades de educación para la salud en centros sanitarios, educativos y de protección, y se facilitará el acceso a tratamiento para aquellos que presenten un consumo problemático o adicción.

El ámbito urbanístico contempla la posibilidad de limitar la apertura de establecimientos de venta de alcohol cerca de centros educativos y de protección social de menores, y otros lugares frecuentados por menores. Además, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrán realizar pruebas de alcoholemia en ciertos lugares y situaciones, utilizando métodos no invasivos como el etilómetro. Las sanciones a menores por infracciones relacionadas con el consumo de alcohol podrán ser suspendidas si participan en programas preventivos o de rehabilitación.

El anteproyecto también establece regulaciones estrictas para la venta de alcohol, prohibiendo la venta ambulante sin licencia y la venta automática sin supervisión adecuada para impedir la adquisición por menores. Se limita la exposición de bebidas alcohólicas en establecimientos, separándolas de productos destinados a menores, y se prohíbe la venta de alcohol en tiendas dedicadas a productos para menores.

En cuanto a la publicidad, se prohíbe cualquier forma de promoción de bebidas alcohólicas dirigida a menores, incluyendo la utilización de personas menores de 21 años o figuras populares entre los menores. La publicidad de bebidas alcohólicas tampoco podrá asociarse con mejoras en el rendimiento físico, el éxito social o sexual, y se regulará estrictamente su emplazamiento en lugares frecuentados por menores.

El texto del anteproyecto de ley será ahora sometido a audiencia e información pública, y se recabarán informes de otros ministerios y organismos competentes. Tras estos trámites, el texto regresará al Consejo de Ministros para su aprobación final y posterior tramitación parlamentaria.