Martes 02 de Junio de 2026
La Asamblea Nacional francesa aprobó este martes, 2 de junio, el proyecto de ley de urgencia para la protección y la soberanía agrícolas, un texto que busca facilitar inversiones en el campo, reforzar los controles sobre importaciones y simplificar varias normas que afectan a la producción.
La votación se produjo después de las preguntas al Gobierno y cerró un examen parlamentario que se había prolongado desde el 19 de mayo. El texto salió adelante tras pasar por la comisión de asuntos económicos y por la comisión de desarrollo sostenible, que introdujeron cambios en varios artículos antes del debate final en el hemiciclo.
El proyecto fue presentado en Consejo de Ministros el 8 de abril y se estructura en cinco títulos. El Gobierno francés lo ha defendido como una respuesta para permitir proyectos agrícolas de futuro, luchar contra prácticas comerciales desleales, aliviar cargas administrativas y reforzar la protección del sector.
Uno de los puntos centrales es la creación de la figura del “proyecto de futuro agrícola”. Según el texto, se trata de iniciativas impulsadas por actores económicos del territorio. Durante el trabajo en comisión, los diputados añadieron objetivos como mantener un reparto equilibrado de actividades en el territorio, desarrollar infraestructuras de transformación y reforzar la producción en algunas filieras. También se abre la puerta a financiar nuevas tecnologías aplicadas al campo.
El segundo bloque del proyecto refuerza los controles sobre importaciones y suministros públicos. La ley endurece el marco jurídico para frenar la entrada de alimentos tratados con sustancias o medicamentos prohibidos por la Unión Europea en su territorio. Además, crea una brigada nacional encargada de controlar mercancías en las fronteras y en todo el país.
En restauración colectiva pública, el texto prohíbe el aprovisionamiento no europeo y amplía la lista de productos que pueden entrar en el umbral del 50% de productos duraderos y de calidad previsto por la ley EGAlim. El objetivo es dar más peso a los productos franceses y europeos en comedores públicos y otros servicios colectivos.
La parte más sensible para el sector agrícola está en las medidas sobre agua, suelo y normas productivas. El texto facilita la creación de retenes para riego, una demanda recurrente en zonas sometidas a sequías más frecuentes. En cambio, los diputados suprimieron una disposición que pretendía ajustar las medidas compensatorias aplicables a proyectos que afectaran a zonas húmedas según sus funciones ecológicas.
También rechazaron las medidas que reformaban el marco jurídico sobre la protección de captaciones de agua potable. Esa parte había generado debate por su impacto posible sobre usos agrícolas y sobre la gestión local del agua.
El proyecto incluye además medidas para limitar la artificialización de tierras agrícolas y refuerza el papel de las Safer, los organismos públicos que intervienen en el mercado agrario para evitar la fragmentación excesiva del suelo rural. El texto también simplifica procedimientos para que los ganaderos puedan defender sus rebaños frente a la predación del lobo.
Otra parte autoriza al Gobierno a legislar por decreto para reforzar la seguridad sanitaria en agricultura ante el cambio climático y para crear una policía ambiental específica para actividades ganaderas, separada del régimen general de instalaciones clasificadas. La ley también endurece las sanciones por robo en explotaciones agrícolas.
En materia económica, el texto busca mejorar la posición de los agricultores dentro de la cadena alimentaria. Para ello reduce la duración de las negociaciones con los primeros compradores, prolonga la prueba del llamado “túnel de precios” y prevé medidas para aumentar la remuneración de las participaciones sociales en cooperativas agrícolas con el fin de reforzar sus fondos propios.
El proyecto añade también herramientas para proteger a los agricultores frente a ciertas prácticas comerciales de los distribuidores, entre ellas las licitaciones repetidas. En paralelo, incorpora medidas para limitar recursos abusivos contra proyectos vinculados con energía descarbonizada, transporte, agricultura, industria, urbanismo y ordenación del territorio.
Para el sector vitivinícola francés, las decisiones sobre agua e infraestructuras pueden tener efectos directos en zonas donde el riego ya forma parte del debate técnico y económico. La ley fija ahora un marco más favorable para nuevas obras hidráulicas y para una gestión más flexible de algunos usos agrarios, mientras mantiene abiertas varias discusiones sobre suelo, agua potable y protección ambiental.