Viernes 14 de Agosto de 2026
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La vendimia del cava de 2026, que ya ha comenzado y que la denominación presenta como la más temprana de su historia, dejará en torno a 100 millones de euros en compras de uva a los viticultores catalanes. El cálculo lo realiza el Consejo Regulador de la DO Cava, que sitúa esa cifra en niveles parecidos a los de la campaña anterior.
La denominación de origen señala que ese volumen de negocio es, con diferencia, el principal ingreso agrario del Penedès, la Anoia, el Garraf y otras comarcas productoras. Añade además que su efecto alcanza de forma directa a más de 6.200 familias de viticultores.
El organismo sostiene que, de forma general, las bodegas mantendrán los precios de compra de uva de la campaña anterior tanto en el Cava de Guarda, con un envejecimiento mínimo de nueve meses, como en el Guarda Superior, con una crianza mínima de 18 meses. La DO explica que se trata de precios más altos de lo habitual en este sector.
En el caso de las bodegas elaboradoras integrales, es decir, las que realizan todo el proceso de elaboración en sus propias instalaciones, el precio puede llegar hasta 1 euro por kilo para la uva ecológica recogida a mano. La viña ecológica representa ya casi el 60% de la producción, de acuerdo con los datos del consejo regulador.
La estimación de precios parte de la información remitida por el 70% del mercado. La denominación había manejado al inicio de la campaña una previsión de excedente de producción de alrededor del 30%, pero esa expectativa se ha corregido por la falta de lluvias del último mes y medio. Esa ausencia de precipitaciones, siempre según la DO Cava, ha reducido el rendimiento de la viña y ha llevado a las bodegas a adquirir más uva de la que habían previsto al comienzo de la vendimia.
La presidenta del consejo regulador, Marta Vidal, sostiene que el cava tiene un papel básico para mantener el viñedo en Cataluña y para dar recorrido comercial a esas explotaciones. Vidal, que vive su primera vendimia al frente del organismo, afirma que el sector trabaja para proteger los intereses de viticultores y elaboradores, pagar más por la calidad y aplicar medidas que eviten que las oscilaciones del clima recaigan sobre quienes tienen menos capacidad para asumirlas.
La responsable de la denominación añade que el objetivo es cerrar un pacto de valor para la viña con información clara y contratos transparentes para el viticultor. En esa misma línea, recuerda que se trata de una actividad de la que dependen 12.000 puestos de trabajo y 6.200 familias.
El sector del cava facturó 2.000 millones de euros el año pasado y vendió sus botellas en unos 150 países. Pese a ese alcance comercial, la denominación atribuye a la sequía y a ciertos cambios en el consumo una caída del 10% en los ingresos y del 12,8% en el volumen vendido.
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