La UB y Familia Torres abren el debate sobre la sostenibilidad

La Universidad de Barcelona ha acogido una nueva edición de la Jornada Ambiental que organiza junto con Familia Torres, centrada este año en las políticas ambientales y en la controversia que generan. La XIV edición de esta cita ha reunido en Barcelona a representantes del ámbito académico, institucional y empresarial para debatir sobre un futuro que sigue abierto y sobre las decisiones que marcarán la transición energética y ecológica.

Durante la bienvenida, el rector de la UB, Joan Guàrdia, ha defendido que es necesario pasar de la «diagnosis» y las «pruebas piloto» a la acción para avanzar en la transición energética. Tomás Molina, que ha conducido la jornada y ha dirigido el comité asesor de expertos que la ha organizado, ha subrayado que estos encuentros permiten unir los puntos de vista de la ciencia y de la sociedad, dos ámbitos que a menudo chocan, y ayudan a identificar esos puntos de fricción.

El presidente de Familia Torres, Miguel A. Torres, se ha mostrado «más bien pesimista». Ha admitido que se han producido avances en energías renovables y en la electrificación del transporte, pero ha recordado que las empresas petrolíferas siguen recibiendo subvenciones de los estados. También ha advertido de que esas compañías impulsan un «negacionismo climático» que, a su juicio, frena un avance más rápido.

La primera ponencia ha corrido a cargo de Marc Vilahur, ambientólogo y director general de Políticas Ambientales y Patrimonio Natural de la Generalitat de Catalunya. Su intervención se ha centrado en la aplicación política de las ideas sobre el medio ambiente y la sostenibilidad. Vilahur ha explicado que las políticas ambientales generan polémica porque implican «cambios reales» y obligan a modificar hábitos de forma transversal. Aun así, ha sostenido que son imprescindibles para la supervivencia de las sociedades tal y como se conocen y que deben situarse en el centro de la toma de decisiones, con escalas, indicadores y mecanismos que permitan avanzar.

Después ha intervenido Amaranta Herrero, licenciada en Sociología, doctora en Ciencias Ambientales y profesora de la UB. Ha señalado que los conflictos sociales son motor de cambio y que los ambientales no son una excepción. Ha citado formas muy distintas de conflicto, como el urbanismo, los residuos o la actividad extractiva, y ha descrito todos ellos como un choque entre el industrialismo y el ambientalismo. Según ha explicado, esa oposición es económica, pero sobre todo responde a una forma distinta de entender el mundo. También ha puesto como ejemplo las protestas ecologistas contra los parques solares y ha defendido que no se pueden hacer cambios localizados y esperar que la sociedad siga igual, sino que esta también debe transformarse para adaptarse al futuro.

Ricard Ramon, jefe de la unidad de Estrategia y Política Agrícola Común (PAC) en la dirección general de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea, ha participado por vídeo para hablar de la competencia por los usos de la tierra. Ha explicado que durante los últimos años se han perdido nueve millones de hectáreas de cultivo, aunque la producción ha aumentado gracias a las mejoras tecnológicas. Ha señalado que la urbanización es la primera causa de pérdida de suelo agrícola, seguida del abandono y la reforestación, y ha añadido que también pesan los usos energéticos. Para Ramon, la seguridad alimentaria es una prioridad central y hay que proteger la producción con claridad. En ese marco, ha situado la nueva PAC, que debe permitir acompañar al sector agrario ante los nuevos retos, hacerlo competitivo y adaptarlo al cambio climático.

A partir de esos puntos de conflicto se ha celebrado una mesa redonda con Marc Vilahur, Carles Vicente, responsable de Medio Ambiente de Unió de Pagesos, y José Donoso, CEO de Unión Nacional Española Fotovoltaica (UNEF). El debate ha mostrado distintas formas de entender la sostenibilidad y también los intereses de cada sector. Donoso ha señalado que, para alcanzar los objetivos de energías renovables, solo habría que destinar aproximadamente un 0,4% del suelo agrícola en España a instalaciones solares. Vicente, por su parte, ha puesto de manifiesto las dificultades normativas con las que lidian las comunidades energéticas, especialmente desde la perspectiva del sector agrario.

Pese a las diferencias, todos han coincidido en la necesidad de coherencia entre las ideas y los actos, sobre todo en el plano político. Tanto el sector agrario como el fotovoltaico han señalado incongruencias importantes. En ese intercambio también se ha defendido la necesidad de combatir el «reduccionismo cartesiano» y de «abrazar la complejidad» para integrar ambas realidades y buscar fórmulas de beneficio mutuo.

El tramo final de la jornada lo ha abierto Cristina Monge, doctora, analista y profesora de ciencia política y sociología, especializada en la calidad de la democracia y la gobernanza para la transición ecológica, y ganadora del Premio Paidós 2026. Monge ha afirmado que la ciencia dice que el cambio es necesario y que debe ser inminente. Ha explicado que el debate está en cómo hacerlo, porque existen diferencias por su complejidad y profundidad, por su impacto en las relaciones de poder y por las divergencias ideológicas entre los distintos actores y sus propuestas para la transición energética.

También ha advertido de que la crisis climática es «una amenaza de primer orden» para la democracia. Aun así, ha sostenido que esa situación abre una oportunidad para encontrar soluciones que mejoren la justicia social, sitúen a las personas en el centro, tengan visión global y ayuden a paliar desigualdades.

Al cierre, Tomás Molina y Miguel A. Torres, junto con Teresa Sauras-Yera, vicerrectora de Sostenibilidad y Acción Climática de la UB, han despedido una jornada de conferencias y debates que, un año más, ha reunido voces informadas y diversas sobre un asunto cada vez más urgente y que afecta a toda la sociedad.