Mercosur protege las denominaciones europeas, pero el acuerdo con Estados Unidos abre una grieta jurídica

La entrada en aplicación provisional del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, prevista para el próximo 1 de mayo, abre una nueva fase para la protección de las indicaciones geográficas de vinos y alimentos europeos en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. El texto refuerza la defensa de más de 350 indicaciones geográficas europeas y prohíbe su imitación, evocación o uso indebido, incluso cuando se añadan términos como “tipo”, “estilo” o “imitación”.

En el caso de los vinos, el acuerdo incluye 57 indicaciones italianas, entre ellas Barolo, Chianti, Prosecco, Brunello di Montalcino, Franciacorta o Vino Nobile di Montepulciano. También protege otros productos agroalimentarios como Parmigiano Reggiano, Prosciutto di Parma, Gorgonzola o Aceto Balsamico di Modena. La Comisión Europea ha presentado este capítulo como una herramienta para reforzar la seguridad jurídica de los productores y limitar el uso de nombres que puedan inducir a error al consumidor.

La protección prevista en el acuerdo UE-Mercosur se apoya en una idea clara: una denominación registrada como DOP o IGP no puede tratarse como un nombre común. Además, el texto prevé que dos indicaciones homónimas puedan convivir en el mercado si no hay confusión sobre el origen del producto. También impide registrar marcas idénticas o que incluyan una indicación geográfica protegida, salvo solicitudes presentadas de buena fe antes de la entrada en vigor del acuerdo.

El escenario cambia con el acuerdo ARTI entre Estados Unidos y Argentina, firmado a comienzos de febrero. Ese texto introduce una excepción para términos que considere genéricos en la relación bilateral. En su artículo 2.5, Argentina se compromete a no restringir el acceso al mercado estadounidense por el uso de nombres incluidos en un anexo que recoge términos como Asiago, Fontina, Gorgonzola, Grana, Parmesan, Pecorino, Provolone o Romano para quesos, además de Bologna para embutidos.

Esa diferencia normativa genera tensión entre ambos acuerdos. Mientras el pacto UE-Mercosur parte de una protección amplia frente a la evocación de una denominación protegida, el ARTI admite que ciertos nombres puedan usarse libremente si no se acredita una reputación especial ligada al origen geográfico. En la práctica, esto abre la puerta a interpretaciones distintas sobre si un término es una indicación geográfica protegida o un nombre genérico.

La cuestión afecta también al vino por la lógica jurídica que subyace a ambos textos. El modelo europeo protege las denominaciones registradas aunque no exista riesgo directo de confusión. Basta con que el uso del término evoque el producto protegido. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya fijó ese criterio en asuntos como el relativo a “Parmesan”, al considerar que podía evocar “Parmigiano Reggiano”. El enfoque estadounidense es distinto y da más peso a la idea de nombre común.

Para los productores europeos y para las autoridades nacionales encargadas de estas figuras de calidad, el problema no es solo comercial. También es jurídico. Si Argentina debe aplicar dos tratados con criterios distintos sobre los mismos nombres, pueden surgir conflictos sobre qué norma prevalece y cómo se resuelven las reclamaciones por uso indebido. Esa discusión puede afectar a bodegas y empresas alimentarias europeas con presencia en Mercosur.

Fuentes del sector consultadas por despachos especializados advierten de que la protección efectiva dependerá ahora de cómo se aplique cada tratado en la práctica y de si los tribunales argentinos aceptan una lectura compatible entre ambos textos. Mientras tanto, las organizaciones vinculadas a las denominaciones de origen observan con preocupación que nombres asociados durante décadas a territorios europeos puedan quedar sometidos a reglas distintas según el país y el acuerdo comercial aplicable.