Bruselas propone simplificar la política agrícola común para aliviar la burocracia y mejorar la competitividad del sector

La Comisión Europea ha presentado el 14 de mayo una propuesta para modificar las normas de la política agrícola común. El objetivo es reducir la carga administrativa que soportan los agricultores en la Unión Europea. Esta medida busca facilitar el trabajo diario de los productores y mejorar la competitividad del sector. Los agricultores dedican mucho tiempo y recursos a cumplir con obligaciones administrativas, lo que afecta tanto a ellos como a las administraciones nacionales.

Entre los cambios propuestos figura un aumento en el límite del pago anual único para pequeños agricultores, que pasará de 1.250 a 2.500 euros. Además, estos productores quedarán exentos de algunas normas medioambientales y podrán acceder a incentivos por prácticas agrícolas respetuosas con el entorno.

Las exigencias medioambientales y los controles también se simplificarán. Las explotaciones certificadas como ecológicas serán reconocidas automáticamente como cumplidoras de ciertos requisitos ambientales necesarios para recibir fondos europeos. Los agricultores podrán beneficiarse de incentivos si protegen turberas y humedales. Los controles se realizarán mediante satélites y tecnología, y se limitarán a una inspección presencial al año por explotación.

La gestión de crisis recibirá un impulso con nuevos pagos para agricultores afectados por desastres naturales o enfermedades animales. Se introducirán herramientas más flexibles y accesibles para gestionar riesgos. Los países miembros tendrán mayor margen para adaptar sus planes estratégicos de la PAC, aunque necesitarán la aprobación previa de la Comisión solo en caso de modificaciones estratégicas.

Para fomentar la competitividad y la digitalización, los pequeños agricultores podrán acceder a una nueva opción de financiación sencilla, que ofrece hasta 50.000 euros en un solo pago para ayudarles a desarrollar sus explotaciones. Las administraciones nacionales deberán crear sistemas digitales interoperables, lo que permitirá a los agricultores presentar sus datos una sola vez mediante un sistema único, ahorrando tiempo y reduciendo gastos.

Esta propuesta se suma a otras medidas similares introducidas por la Comisión en 2024 y responde a la visión sobre agricultura y alimentación presentada en febrero de 2025. El proceso continuará este año con un paquete legislativo transversal que simplificará otras políticas que afectan tanto a agricultores como a empresas agroalimentarias y administraciones públicas.