Los italianos ya aceptan pagar más por el vino sostenible

El interés de los consumidores italianos por los vinos ecológicos y sostenibles sigue al alza y ya no se limita a una preferencia teórica. Un estudio de Nomisma elaborado en colaboración con Valoritalia indica que una parte de los compradores está dispuesta a pagar más por este tipo de productos, un cambio que gana peso en un mercado del vino marcado por la incertidumbre y por la debilidad de algunas categorías.

La investigación sitúa la sostenibilidad entre los criterios más importantes en la compra de alimentos. Para el 68% de los encuestados es un factor de peso, solo por detrás del precio, citado por el 83%, y del origen italiano del producto, mencionado por el 74%. Frente a 2020, el valor de la sostenibilidad sube 13 puntos porcentuales.

En el caso del vino, Nomisma calcula que el 12% de los consumidores compra vino sostenible, dos puntos más que en 2025. Además, el 27% revisa la etiqueta para comprobar si aparece un sello ecológico o sostenible. Denis Pantini, analista de Nomisma y autor del estudio, afirma que la atención del consumidor por la sostenibilidad se mantiene alta y alcanza no solo al producto, sino también a la empresa y al territorio de producción.

Pantini añade que esa sensibilidad también se traslada al enoturismo. Dos de cada tres italianos consideran importante la sostenibilidad al elegir el destino de sus vacaciones, una señal de que el valor ambiental puede influir más allá de la compra de una botella y extenderse a actividades ligadas a las bodegas y a las zonas vitivinícolas.

Las previsiones de compra para los próximos doce meses refuerzan esa idea. El 18% de los encuestados prevé aumentar sus compras de vino sostenible, mientras que solo el 5% cree que las reducirá. El dato que más cambia la lectura del mercado es la disposición a pagar más. Un 9% asegura que aceptaría gastar incluso un 10% más por un vino sostenible. Otro 36% pagaría un sobreprecio, pero no superior a ese 10%, y un 31% llegaría hasta un 5% más. Frente a ellos, un 25% mantiene que no pagaría nada adicional.

El estudio también recoge qué entienden los compradores por un vino sostenible. En primer lugar, valoran la ausencia de herbicidas en el viñedo y la limitación del uso de agroquímicos. Pero la mirada no se queda en la viña. También pesan la reducción de desperdicios por parte de la bodega y un menor consumo de energía y agua en las instalaciones de elaboración.

Esa preferencia por etiquetas con atributos ambientales coincide con una mayor atención a la calidad dentro de un mercado que pierde volumen. Los datos de Valoritalia sobre embotellado entre enero y septiembre de 2026 muestran una caída del 3% en Italia, hasta 9,86 millones de hectolitros. Dentro de ese descenso general, los vinos con denominación resisten mejor. Los DOC limitan la bajada al 0,5% y los DOCG al 0,2%. Valoritalia añade que en el tercer trimestre ambas categorías volvieron a crecer.

La parte más débil del mercado es la de los IGT, la indicación geográfica típica, que suele ocupar la base de la pirámide de calidad. En los nueve primeros meses del año, sus volúmenes embotellados bajaron un 13%, y entre julio y septiembre la caída se amplió al 18,9%. Para bodegas, cooperativas, distribuidores y cadenas de alimentación, la diferencia entre el mejor comportamiento de DOC y DOCG y la mayor presión sobre los IGT puede empujar ajustes en precios, certificaciones y gama, sobre todo si el comprador sigue dando más valor a los sellos ecológicos y a la trazabilidad.

Nomisma recoge además el papel que los consorcios de tutela tienen en la percepción del consumidor. Los participantes en el estudio los ven como garantes de fiabilidad y credibilidad. Ese papel puede ganar peso con el Reglamento de la UE 2024/1143, que les atribuye funciones de impulso y coordinación de iniciativas para mejorar el rendimiento ambiental, social y económico de las cadenas productivas.

Entre otras facultades, los consorcios pueden acordar prácticas sostenibles incluso más estrictas que las previstas por la normativa y promover su adopción entre los productores. Si esas prácticas pasan a ser obligatorias para todos, deben incorporarse a los pliegos de condiciones. El reglamento también permite elaborar y actualizar informes voluntarios de sostenibilidad basados en información verificable y organizar actividades de información, formación y sensibilización.

Según el estudio, todos los consorcios consultados ya han puesto en marcha, o prevén iniciar en los próximos doce meses, procesos de coordinación con actores del territorio, como administraciones locales y operadores turísticos. En ese trabajo se ven a sí mismos como un centro de coordinación. Entre las medidas consideradas prioritarias para incorporar a los pliegos figuran las prácticas ambientales ligadas a la sanidad vegetal, el suelo y la biodiversidad, junto con la promoción de códigos éticos y acciones relacionadas con el empleo y el desarrollo del territorio.