El sector del vino pide una ventanilla única para vender a particulares en la Unión Europea

Las organizaciones del vino en Francia y en la Unión Europea han reactivado su presión para que los Estados miembros y la Comisión Europea creen una ventanilla única para el pago de los impuestos especiales en las ventas directas a particulares de otros países de la UE. La petición busca simplificar el envío legal de botellas dentro del mercado comunitario y, si sale adelante, podría rebajar barreras administrativas y costes para muchas bodegas, sobre todo las pequeñas y medianas, que quieren vender fuera de su país sin depender siempre de importadores o intermediarios.

Jean-Marie Fabre, presidente nacional de Vignerons indépendants, sostiene que la reclamación no es nueva. Sitúa el inicio de ese trabajo en 2007 y recuerda que durante años fue una demanda de una parte reducida del sector. Ahora, en cambio, la petición cuenta con apoyo más amplio en Francia y también a escala europea.

El problema, explican las organizaciones, no es el impuesto en sí, sino la forma de pagarlo cuando una bodega vende vino a un particular de otro Estado miembro. Los impuestos especiales se aplican a las bebidas alcohólicas y sus tipos cambian de un país a otro. Eso obliga a cumplir trámites distintos en cada destino, tanto para vinos tranquilos como espumosos.

Raphaël Fattier, director de la Cnaoc, resume el atasco en una idea: en plena compra por internet, el proceso sigue siendo demasiado pesado. El sistema actual obliga al productor a enviar una factura proforma al cliente; después, ese cliente debe acudir a la administración tributaria de su país para obtener un justificante de consignación de los impuestos especiales y remitirlo a la bodega, que solo entonces puede expedir el pedido dentro de la legalidad. Cuando recibe la mercancía, el comprador tiene que volver a su administración para obtener la liberación de esos derechos y reenviarla al productor. A esa cadena pueden añadirse otros pagos, como tasas sobre envases, según el país.

La otra vía es recurrir a un representante fiscal en el mercado de destino, a menudo un transportista. Ese servicio encarece aún más la operación. En una carta remitida en febrero de 2024 a los ministerios franceses de Economía y Agricultura, el diputado Hubert Ott calculó ese sobreprecio en 4,16 euros por botella.

Las bodegas ven ahí una pérdida directa de ventas. Fabre pone el ejemplo del cliente europeo que visita una explotación, compra unas botellas y quiere repetir pedido cuando vuelve a su país. Sin una fórmula sencilla para liquidar los impuestos especiales, esa segunda compra puede no llegar a hacerse. El asunto afecta también al enoturismo: para muchos productores, la venta al visitante no termina en la bodega, sino cuando ese consumidor puede volver a comprar a distancia.

El problema se traslada igualmente al comercio electrónico. Fattier afirma que muchos productores renuncian a desarrollar la venta online transfronteriza porque la carga administrativa convierte los pedidos pequeños en operaciones poco rentables. En un momento en el que las bodegas buscan más margen y más venta directa, ese freno pesa especialmente en las empresas de menor tamaño.

Las organizaciones del vino añaden otro efecto indeseado: la complejidad actual empuja a algunos operadores a buscar atajos fuera del marco legal, como enviar las botellas por correo sin cumplir todo el procedimiento o dejarlas en puntos de recogida próximos a la frontera para que el comprador las retire por su cuenta. Ambas prácticas exponen al productor a sanciones y muestran, a juicio del sector, que el sistema no responde a la realidad del mercado interior.

La solución que proponen se inspira en un precedente ya en marcha. En julio de 2021 entró en vigor una ventanilla única para el IVA que, según las organizaciones, funciona de forma satisfactoria. La idea ahora es replicar ese modelo con los impuestos especiales: una plataforma en la que la bodega introduzca el documento administrativo electrónico, obtenga un número que autorice la expedición y pueda pagar directamente lo que corresponda al país de destino.

Fabre insiste en que el sector no pide eliminar esos impuestos ni unificarlos en toda la UE. Lo que reclama, dice, es una herramienta sencilla para abonarlos. Esa precisión es importante porque una parte del debate político gira en torno al control fiscal y a la venta transfronteriza de alcohol.

En Francia, la reivindicación ya no se limita a Vignerons indépendants. También la respaldan UMVin y el Cniv. A nivel europeo se han sumado la Federación Europea de Vinos de Origen y el Comité Europeo de Empresas del Vino, conocido por sus siglas CEEV. Ignacio Sánchez Recarte, secretario general de esta última organización, sostiene que una mejora de las condiciones de venta a distancia a particulares beneficiaría a empresas de todos los tamaños.

Para el sector, la ventanilla única no sustituiría a importadores, distribuidores o tiendas especializadas. La venta directa se ve como un complemento. Fabre lo explica con un caso concreto: una bodega puede trabajar con varios establecimientos en Bélgica, pero esos puntos de venta suelen ofrecer solo una parte de la gama. Si el cliente quiere otra referencia y vive lejos de esas tiendas, la compra directa sería la salida natural.

El apoyo político, según las organizaciones implicadas, ha ido ganando terreno. Fabre valora la implicación de varios ministros franceses de Comercio Exterior de los gobiernos de Emmanuel Macron y cita también al eurodiputado Éric Sargiacomo, vicepresidente del Intergrupo del Vino en el Parlamento Europeo, como uno de los apoyos en Bruselas. El asunto, añaden, ya forma parte de la agenda comunitaria.

Pese a ello, la reforma sigue sin fecha cerrada. Los obstáculos son políticos e informáticos. Fattier explica que algunos Estados miembros mantienen reservas porque temen perder control sobre la recaudación de los impuestos especiales o porque miran el aumento de las ventas transfronterizas de alcohol desde la óptica de la salud pública. También recuerda que, en materia fiscal, la UE exige unanimidad, lo que complica cualquier cambio.

En el plano técnico, el sector entiende que la base ya existe. Fattier cita el sistema EMCS, que permite seguir electrónicamente productos sometidos a impuestos especiales, y los canales de intercambio entre administraciones. A su juicio, el principal bloqueo ya no está tanto en la herramienta como en la decisión política de ponerla en marcha.

Sánchez Recarte añade otra objeción que circula entre algunos gobiernos: la duda sobre la relación entre el gasto inicial de implantación y el beneficio posterior. El secretario general del CEEV replica que una gran evaluación realizada en 2020 ya concluía que, pese al desembolso inicial, el sistema aportaría ventajas administrativas y económicas tanto a los operadores como a los propios Estados.

Las diferencias de tributación entre países ayudan a entender la sensibilidad del debate. La normativa comunitaria fija para el vino un mínimo de 0 euros por hectolitro, de modo que cada Estado decide su tipo. Italia, España, Portugal, Grecia, Bulgaria, Chipre, Luxemburgo, Croacia y Eslovenia no aplican impuestos especiales al vino. Alemania, Austria, Chequia, Hungría, Rumanía y Eslovaquia no gravan el vino tranquilo, aunque sí el espumoso. Francia y Malta figuran entre los países con niveles muy bajos, con 0,03 euros por botella de vino tranquilo y 0,08 euros para un espumoso en el caso francés.

La factura sube en otros mercados. Bélgica, Países Bajos, Polonia, los países bálticos y Dinamarca se mueven entre 0,30 y 1,80 euros por botella. Suecia y Finlandia rondan los 3 euros. Irlanda aparece como el país con el tipo más alto entre los citados por el sector: 3,19 euros por una botella de vino tranquilo y el doble en espumosos. En varios de esos casos, la fiscalidad responde de forma expresa a políticas de salud pública.

La diferencia de tipos no impide la venta, pero sí obliga a gestionar cada operación con reglas distintas. Por eso las organizaciones del vino consideran que una ventanilla única tendría un efecto directo sobre la circulación comercial dentro de la UE. En especial, sostienen, permitiría a muchas bodegas pequeñas llegar a consumidores de países vecinos sin asumir una estructura fiscal propia en cada mercado.

Los plazos que maneja el sector no son uniformes. Fabre confía en que el expediente pueda cerrarse a finales de 2026 y entrar en vigor a comienzos de 2027. Fattier se muestra más cauto y afirma que la Comisión Europea trabaja en una propuesta legislativa cuyas negociaciones empezarían a comienzos de 2027, tras lo cual todo dependerá de la capacidad de los Estados miembros para pactar una posición común.

En Bruselas, el CEEV maneja un calendario más largo. La organización espera primero las conclusiones del estudio de la Dirección General de Fiscalidad y Unión Aduanera de la Comisión Europea, previstas para noviembre, y cree que, entre la aprobación de la legislación y la construcción del sistema informático, una aplicación a partir de 2029 ya sería un resultado positivo.