Australia abre la puerta a reformar el impuesto del 29% que grava el vino

Australia ha eliminado el Wine Tourism and Cellar Door Grant en el presupuesto federal de 2026 y ha reabierto con ello un debate de fondo sobre la Wine Equalisation Tax (WET), el impuesto que grava el vino con un tipo del 29% sobre su valor de venta al por mayor. La medida fue anunciada por el Gobierno laborista del primer ministro Anthony Albanese y del tesorero Jim Chalmers y ha sorprendido a buena parte del sector vitivinícola. En un país con peso propio en el comercio internacional de vino, cualquier cambio en este esquema fiscal puede influir en precios, demanda y márgenes, también en la relación del vino con otras bebidas alcohólicas sometidas a modelos tributarios distintos.

La supresión del programa llega después de años de prórrogas. En abril de 2026, en su respuesta a la investigación del comité del Senado de 2025 sobre los sectores hortofrutícola y vitivinícola, el propio Ejecutivo citó esa ayuda como ejemplo de su apoyo a la demanda interna mediante el enoturismo. Un mes después, con la presentación del presupuesto de mayo de 2026, decidió cerrarla de forma definitiva.

La reacción de las asociaciones empresariales fue inmediata. Lee McLean, consejero delegado de Australian Grape & Wine, afirmó el 12 de mayo que la interrupción del programa llega “en el peor momento posible” y resta liquidez a pequeñas y medianas empresas regionales que ya soportan la sobreproducción y unos gastos de gestión elevados.

El fin de la ayuda ha devuelto al primer plano un debate mucho más amplio: si la WET sigue teniendo sentido en su formato actual. En un análisis reciente, el historiador del vino Edward Cavanagh sostiene que la desaparición del subsidio puede abrir la puerta a una reforma fiscal más profunda y menos dependiente de excepciones, devoluciones y programas paralelos.

La estructura de esta fiscalidad viene de lejos. En 1984, pese a las garantías previas del entonces tesorero laborista Paul Keating antes de las elecciones de 1983, Australia introdujo un impuesto mayorista del 10% sobre los vinos de mesa. La tasa subió al 20% en 1986, al 26% en 1991 y al 31% en 1993, siempre bajo gobiernos de centroizquierda. En 1999, ya con un Ejecutivo de coalición de centroderecha, alcanzó el 41%.

El sistema cambió en 2000 con la reforma impulsada por John Howard y Peter Costello. Entonces entró en vigor la GST, el impuesto sobre bienes y servicios, con un tipo del 10%. Para evitar una caída de la recaudación procedente de las ventas internas de vino, el Gobierno creó la WET con un gravamen del 29%. Aplicada de forma secuencial junto a la GST, esa carga reproducía un efecto fiscal de alrededor del 41%, equivalente al impuesto anterior.

La discusión se centra en la naturaleza ad valorem de la WET. Al calcularse sobre el valor comercial de la botella y no sobre su graduación alcohólica o su volumen, el sistema castiga en mayor medida a los vinos de alta gama y favorece, en términos relativos, los productos baratos y de gran volumen. Para parte del sector, eso choca con una demanda más orientada a la calidad y con políticas públicas que buscan moderar el consumo de alcohol de bajo precio.

Desde su nacimiento, la WET fue acompañada por mecanismos de compensación. En 2000 se aprobó una devolución del 14% para las ventas directas en bodega o por correo, hasta un valor al por mayor de $300.000 al año. En 2004 ese sistema fue sustituido por el WET rebate, que permitía recuperar el 29% del valor de las ventas al por mayor con un tope de $290.000 anuales, lo que dejaba libre de impuesto alrededor de $1 millón de facturación. En 2006, en un periodo de debilidad del mercado, el límite máximo subió a $500.000 y elevó el umbral efectivo de exención hasta $1,7 millones en ventas.

Entre 2006 y 2016, el funcionamiento del WET rebate mostró varios fallos. De acuerdo con ese análisis, la Australian Taxation Office (ATO) tuvo problemas para controlar intentos de elusión y fraude. Entre ellos figuraron el fraccionamiento de empresas en varias sociedades para multiplicar las devoluciones, contratos diseñados para reclamar el reembolso sobre los mismos lotes de vino y el acceso al sistema por parte de intermediarios e incluso de productores neozelandeses, pese a que el objetivo inicial era apoyar el desarrollo rural australiano.

El alivio fiscal ayudó a muchas bodegas pequeñas, pero también mantuvo actividades marginales o poco rentables y contribuyó al exceso de oferta, según la misma interpretación. Esa fue una de las razones que llevaron al Parlamento a endurecer las normas en 2017, bajo la etapa de Malcolm Turnbull y Scott Morrison. La reforma redujo el máximo del reembolso de $500.000 a $350.000.

Como compensación para las bodegas con venta directa al consumidor, el Gobierno creó entonces el Wine Tourism and Cellar Door Grant, una ayuda separada del canal tributario ordinario dotada con $10 millones al año y con subvenciones de hasta $100.000 por empresa. Aunque nació con vocación temporal, distintos gobiernos la mantuvieron. En febrero de 2025, el Ejecutivo de Albanese incluso elevó el tope del WET rebate hasta $400.000, lo que confirmó la continuidad de las ayudas mientras se aplazaba una revisión más amplia.

Esa revisión llegó a plantearse en la Emerson Review de 2025, que propuso cambios en la WET. El Gobierno se limitó a tomar nota de esas recomendaciones y no dio pasos concretos para aplicarlas. Antes, en 2009, la Henry Tax Review ya había aconsejado abandonar el modelo ad valorem y sustituirlo por una tasa volumétrica basada en el contenido real de alcohol puro por litro, como ocurre con la cerveza y los destilados.

La diferencia entre ambos modelos no es menor. Con la WET actual, un vino más caro paga más impuesto aunque no tenga mayor graduación. Con una tasa volumétrica, el gravamen depende del alcohol contenido en la bebida. Quienes apoyan esta vía sostienen que el cambio aliviaría la carga relativa sobre el vino premium, simplificaría la arquitectura de reembolsos y desincentivaría el consumo de alcohol barato con mucha graduación.

No todo el sector ha compartido esa visión. En su momento, la Winemakers’ Federation of Australia y el Wine Grape Growers’ Council of Australia rechazaron el paso a un esquema volumétrico por el golpe que podía suponer para las ventas de grandes volúmenes comerciales. Aun así, la retirada del Wine Tourism and Cellar Door Grant ha devuelto esa opción a la discusión pública en un mercado que trata de orientar parte de su oferta hacia vinos de mayor valor.

Cavanagh plantea que un sistema tributario que necesita devoluciones, umbrales, excepciones y ayudas paralelas para resultar aceptable tiene un problema de diseño. Su propuesta pasa por simplificar: sin reembolsos, sin resquicios, sin topes y sin subvenciones directas. A falta de una decisión política, la industria australiana vuelve a debatir si conviene rebajar de forma estructural la WET o sustituirla por un impuesto ligado al alcohol contenido, una decisión con efectos posibles sobre la formación de precios, la rentabilidad de las bodegas y la posición del vino frente a la cerveza y los destilados tanto en el mercado interno como en exportación.