Rusia aprieta el cerco al whisky con una ley que endurece licencias y capital

El auge del destilado impulsa nuevas trabas para productores activos y aspirantes a entrar en el mercado

Viernes 26 de Junio de 2026

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La Duma Estatal de Rusia aprobó este jueves, 25 de junio, una ley que refuerza el control sobre la producción de destilado de whisky y amplía a este segmento parte de las exigencias ya aplicadas a los productores de alcohol etílico.

La norma modifica la legislación federal sobre regulación estatal de la producción y circulación de alcohol etílico, bebidas alcohólicas y productos con contenido alcohólico, así como sobre las limitaciones al consumo de alcohol. La cámara baja del Parlamento ruso informó de que las nuevas reglas también alcanzarán a las empresas que soliciten licencias para producir, almacenar y suministrar alcohol etílico producido en forma de destilado de whisky.

Entre los cambios previstos figuran requisitos más altos para el capital social de estas compañías, una ampliación de los supuestos para retirar licencias de producción de alcohol y la creación de una relación de personas con reputación insatisfactoria. En esa lista se incluirá a ciudadanos a los que se prohíba ocupar puestos directivos en empresas productoras de alcohol.

La ley entrará en vigor el próximo 1 de septiembre. Las disposiciones que contienen obligaciones concretas empezarán a aplicarse el próximo 1 de noviembre. En el caso de los productores ya activos de destilado de whisky, las exigencias sobre capital social y activos netos se aplicarán desde el 1 de marzo de 2028.

Además, la norma fija un periodo transitorio hasta el 1 de marzo de 2028 para aplicar a los productores de destilado de whisky las exigencias relativas al tamaño del capital social.

Los datos del regulador ruso Rosalkogoltabakcontrol muestran por qué este cambio tiene peso para el negocio de las bebidas espirituosas. Según ese organismo, la producción de destilados de whisky en Rusia aumentó un 2,5% en 2023 respecto al año anterior, un 54% en 2024 y un 60% en 2025. Con ese ritmo, el endurecimiento regulatorio puede elevar el coste de cumplimiento para las empresas y alterar la estructura del mercado, tanto para operadores ya implantados como para nuevos aspirantes a licencia.

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