El PSOE pide reforzar el sistema español de indicaciones geográficas

El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley para impulsar y reforzar el sistema español de indicaciones geográficas. La iniciativa se debatirá en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación y plantea una batería de medidas para mejorar la capacidad técnica y operativa de estas figuras de calidad, protegerlas frente a usos indebidos y facilitar su adaptación a los cambios del mercado.

La exposición de motivos sostiene que la calidad diferenciada no es un adorno del mercado, sino una política pública que protege un patrimonio colectivo. Según el texto, una indicación geográfica reconocida y registrada en la Unión Europea salvaguarda un nombre y, con él, un saber hacer; ordena la oferta, aporta trazabilidad verificable, reduce asimetrías de información para las personas consumidoras y consolida cadenas de valor ancladas en el territorio. El grupo socialista sitúa este sistema como una herramienta para sostener rentas agrarias, actividad transformadora e identidad productiva en un escenario de competencia internacional intensa, cambios en los hábitos de consumo, digitalización acelerada y mayor presión climática.

La iniciativa recuerda que España dispone de uno de los patrimonios de indicaciones geográficas más relevantes de la Unión Europea. Con datos consolidados a 25 de marzo de 2026, el documento cifra en 394 las figuras registradas en la UE, de las que 223 corresponden a productos agrícolas y alimenticios. Dentro de ese bloque, 111 son denominaciones de origen protegidas y 112 indicaciones geográficas protegidas, además de 3 especialidades tradicionales garantizadas. En el ámbito vitivinícola, el texto sitúa en 149 las figuras registradas, con 106 denominaciones de origen protegidas de vinos y 43 indicaciones geográficas protegidas, junto a 19 bebidas espirituosas con indicación geográfica. Añade que hay otras 15 figuras de calidad diferenciada en tramitación europea.

El grupo socialista subraya que estas cifras muestran una realidad repartida por todo el país, con figuras de gran tamaño y otras de escala comarcal que cumplen una función social en la vertebración rural. La proposición no de ley insiste en que el sistema de calidad alimentaria diferenciada ayuda a sostener el tejido productivo y a dar valor a territorios donde la actividad agraria y agroalimentaria tiene un peso central.

El texto también recoge la estadística anual consolidada del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación referida a las indicaciones geográficas. Según esos datos, a 31 de diciembre de 2023 las figuras españolas de calidad diferenciada de productos agrícolas y alimentarios contaban con 205.576 operadores primarios y 3.526 industrias inscritas. El valor económico estimado del conjunto alcanzó 3.043,47 millones de euros, con 2.404,38 millones en el mercado interior y 639,09 millones en el exterior. Para el grupo proponente, estas magnitudes muestran que la calidad diferenciada es una palanca de competitividad y también una política de cohesión territorial.

En el sector del vino, la información estadística oficial disponible para la campaña 2023/2024 recoge 104.178 viticultores inscritos, 3.606 bodegas embotelladoras y 756 no embotelladoras, con una superficie total inscrita de 630.641 hectáreas. El valor económico estimado en origen de la comercialización interior y exterior de los vinos con denominación de origen protegida se situó en 4.522 millones de euros. El documento cita además la DOP Ribeiro, con 1.270 hectáreas y 1.480 viticultores inscritos en esa campaña, como ejemplo de la capilaridad social de estas figuras y de su papel en el empleo, el paisaje agrario y el tejido cooperativo y empresarial de proximidad.

En cuanto a los vinos con indicación geográfica protegida, la proposición recoge 115.666 hectáreas, 16.585 agricultores, 654 bodegas, de las que 553 son embotelladoras y 101 no lo son, y un valor económico estimado en origen de casi 242 millones de euros. Sobre las bebidas espirituosas con indicación geográfica, el texto señala que existen 140 industrias con un valor económico estimado anual de cerca de 137 millones de euros.

La iniciativa también pone el foco en el marco europeo. El Reglamento (UE) 2024/1143 moderniza el régimen de indicaciones geográficas y regímenes de calidad, refuerza el papel de las agrupaciones de productores y amplía instrumentos de protección, incluida su proyección en el entorno digital. El grupo socialista considera que esta actualización normativa responde a un escenario en el que la evocación, la usurpación del nombre y el uso indebido en mercados y plataformas online pueden erosionar la confianza y el valor añadido construido durante décadas.

En el plano nacional, el texto señala que España cuenta con una arquitectura normativa que conviene seguir consolidando y aplicando con rigor. Cita la Ley 6/2015, que establece el régimen jurídico de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas de ámbito territorial supraautonómico; el Real Decreto 267/2017, que la desarrolla; el Real Decreto 189/2026, que regula los procedimientos de tramitación y ha reemplazado recientemente al Real Decreto 1335/2011; y la Ley 28/2015, que fija el régimen sancionador básico para la defensa de la calidad alimentaria. A juicio del grupo proponente, este entramado debe ir acompañado de capacidad operativa real en control, trazabilidad y defensa del nombre.

El documento añade que los datos del informe anual de control oficial de calidad alimentaria correspondiente a 2024 reflejan 5.036 controles realizados y 793 expedientes sancionadores iniciados. El objetivo, según la exposición de motivos, es preservar la unidad de mercado y la lealtad de las transacciones.

La proposición no de ley también aborda la protección internacional. El Ministerio, según el texto, constata que la Unión Europea prioriza la inclusión de indicaciones geográficas en acuerdos bilaterales con terceros países, con miles de registros asociados a denominaciones españolas en esos marcos. Además, en 2024 continuó el proceso de inscripción de figuras españolas en el Registro Mundial de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, con el fin de ampliar la defensa de los nombres más allá del mercado interior europeo.

El grupo socialista incorpora asimismo una comparación con otros países europeos. Francia, señala, ha consolidado un modelo de gobernanza en el que el vínculo al origen, los pliegos de condiciones, los controles y la defensa del sistema se articulan con estabilidad institucional. Italia ha desarrollado consorcios con funciones de tutela y promoción capaces de coordinar al sector, sostener estrategias de posicionamiento y actuar frente al fraude. Portugal, añade, mantiene una coordinación nacional y regional orientada a reforzar disciplina de mercado, trazabilidad y coherencia en la gestión del sistema.

La iniciativa enlaza esa defensa de las indicaciones geográficas con la fortaleza del sector agroalimentario español. El texto cita el récord de exportaciones agroalimentarias y pesqueras de 2024, con 75.090 millones de euros, y sostiene que la calidad diferenciada forma parte de esa ventaja comparativa. Por ello, el grupo socialista pide instrumentos acordes con su peso económico y territorial.

La proposición registrada en la Cámara baja plantea cuatro líneas de actuación. La primera propone impulsar, en cooperación con las comunidades autónomas y con las agrupaciones de productores y órganos de gestión de las denominaciones, un plan de fortalecimiento del sistema de indicaciones geográficas orientado a reforzar su capacidad técnica y operativa en certificación, trazabilidad, control, protección del nombre y promoción, con objetivos evaluables, indicadores de seguimiento y atención especial a las denominaciones de menor tamaño y mayor capilaridad territorial.

La segunda pide reforzar la protección efectiva frente a usos indebidos, evocaciones y prácticas desleales, con prioridad en el entorno digital y el comercio electrónico, mediante mecanismos ágiles de detección y retirada de contenidos infractores, cooperación con autoridades competentes y aplicación proporcionada del régimen sancionador, en coherencia con el marco europeo vigente.

La tercera línea reclama agilizar y dar mayor seguridad jurídica a los procedimientos vinculados a la calidad diferenciada, en particular los relativos a modificaciones de pliegos de condiciones, para facilitar la adaptación a la evolución del mercado, la innovación y los impactos del cambio climático, manteniendo el rigor del control oficial y preservando el vínculo al origen.

La cuarta apuesta por potenciar la promoción, el conocimiento social y la internacionalización de las indicaciones geográficas, mediante acciones coordinadas con la distribución y el canal HORECA, campañas institucionales que incrementen el reconocimiento de los sellos europeos y una estrategia de apertura de mercados que refuerce la protección de las indicaciones geográficas en acuerdos con terceros países.