La industria canadiense pide rebajar los impuestos al alcohol artesanal

La industria canadiense de destilados artesanales ha pedido al primer ministro Mark Carney una reforma de los impuestos especiales sobre los spirits para reducir la brecha fiscal con Estados Unidos y dar más margen a las pequeñas destilerías del país. La Canadian Craft Distillers Alliance, que agrupa a casi 400 empresas, sostiene que el sistema actual penaliza a los productores canadienses y limita su capacidad para invertir, crecer y vender fuera del país.

La petición llega en un momento de incertidumbre económica y antes de nuevas conversaciones comerciales con Estados Unidos. La asociación plantea un modelo progresivo basado en el volumen de producción, similar al que ya se aplica en la cerveza en Canadá y al que Estados Unidos adoptó en 2017 para parte de su sector. Según la organización, ese cambio ayudó allí a generar actividad económica y a reforzar a las destilerías pequeñas.

Tyler Dyck, presidente de la alianza, afirmó que se trata de una solución práctica y ya probada en otros sectores. Según dijo, el objetivo no es dar ventaja a unas empresas frente a otras, sino corregir una diferencia fiscal que deja a los productores canadienses en peor posición que sus rivales estadounidenses.

La organización asegura que los impuestos especiales sobre los spirits en Canadá son hasta 14 veces más altos que en Estados Unidos. A su juicio, esa diferencia actúa como una barrera para la inversión y la innovación, y también afecta al empleo en zonas rurales y regionales donde operan muchas destilerías artesanales.

La alianza defiende que una rebaja selectiva permitiría liberar capital para nuevas instalaciones, mejorar equipos y abrir mercados exteriores. También sostiene que Canadá cuenta con materias primas, experiencia técnica y marcas con potencial para recuperar peso en el sector internacional de los destilados.

El Gobierno federal no ha anunciado por ahora cambios en este ámbito. La petición de la industria se suma a otras reclamaciones del sector agroalimentario y de bebidas para revisar impuestos y normas que afectan a la producción local.