Empresas de EEUU exigen la devolución inmediata de aranceles tras el fallo del Supremo

El Liberty Justice Center y el abogado Neal Katyal presentaron este martes, 24 de febrero, varias solicitudes ante tribunales federales de Estados Unidos para que se cumpla de inmediato la reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre los aranceles impuestos bajo la Ley de Poderes Económicos Internacionales de Emergencia (IEEPA). La decisión del Supremo, emitida la semana pasada con una votación de 6 a 3 en el caso Trump contra V.O.S Selections y otros, determinó que la Administración no tenía autoridad para imponer estos aranceles.

Las acciones legales se han presentado tanto en el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal como en el Tribunal de Comercio Internacional (CIT). En el primer tribunal, los demandantes han solicitado que se emita de inmediato el mandato judicial necesario para que el caso regrese al CIT. Hasta que no se emita este mandato, el CIT no puede actuar sobre la sentencia del Supremo. La emisión del mandato permitirá al tribunal inferior aplicar la decisión y avanzar en las medidas necesarias.

De forma paralela, los demandantes han pedido al CIT que dicte una orden judicial permanente. Esta solicitud busca impedir que se sigan aplicando los aranceles bajo la IEEPA a los demandantes y exige que el Gobierno emita las directrices administrativas necesarias para devolver todos los aranceles recaudados de forma ilegal, incluyendo los intereses correspondientes. Además, piden que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos inicie cuanto antes el proceso de devolución.

Sara Albrecht, presidenta del Liberty Justice Center, ha explicado que aunque lograron una victoria en el Tribunal Supremo en nombre de sus cinco clientes y todas las empresas estadounidenses afectadas por estos aranceles, aún queda trabajo por hacer. Según Albrecht, ahora buscan que los tribunales garanticen que el Gobierno cumpla con su obligación y devuelva el dinero a las empresas.

Durante todo el proceso judicial, los abogados del Gobierno aseguraron a los tribunales que las empresas no sufrirían daños durante la apelación porque, si los aranceles eran anulados, las devoluciones se realizarían automáticamente con intereses. Estas garantías permitieron que la recaudación continuara mientras se resolvía el caso. Sin embargo, tras la sentencia del Supremo, algunos funcionarios han sugerido públicamente que las devoluciones podrían tardar semanas, meses o incluso años.

Albrecht ha señalado que no es aceptable que el Gobierno prometa devoluciones automáticas ante los tribunales y después sugiera retrasos prolongados tras perder el caso. Según sus declaraciones, consideran fundamental que se devuelva cuanto antes lo recaudado indebidamente.

Actualmente hay más de 900 casos relacionados pendientes en el CIT, todos ellos suspendidos a la espera de una resolución definitiva en este asunto principal. La pronta emisión del mandato judicial y la concesión de medidas permanentes permitirán avanzar en estos casos y establecer un procedimiento uniforme para las devoluciones.

Albrecht ha subrayado que estas devoluciones corresponden a empresas estadounidenses que emplean a trabajadores en Estados Unidos y ha recordado que cumplir con la ley implica actuar sin demoras innecesarias.