Miércoles 25 de Junio de 2025
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Este miércoles, 25 de junio, los líderes de la OTAN han firmado un compromiso para aumentar el gasto en defensa hasta el 5% del PIB en la próxima década. Todos los países miembros, salvo España, han aceptado este objetivo. El gobierno español ha pactado un gasto menor, que no superará el 2,1% del PIB. Esta decisión ha provocado una reacción inmediata por parte de Estados Unidos. Donald Trump ha amenazado con imponer aranceles comerciales directos a España como medida de presión.
El acuerdo alcanzado en la cumbre de La Haya supone un cambio importante en las prioridades fiscales de Europa. Hasta ahora, el objetivo era destinar el 2% del PIB a defensa, pero solo una parte de los países cumplía esa meta. El nuevo compromiso amplía el gasto a otras áreas como ciberdefensa, infraestructuras estratégicas y apoyo a socios como Ucrania o Georgia. España ha conseguido una exención parcial, pero esto la sitúa en una posición delicada dentro de la alianza.
El aumento del gasto militar implica una reasignación de recursos públicos que afectará a otros sectores. En la Unión Europea, el gasto social representa la mayor parte del presupuesto público. Si se destinan más fondos a defensa, habrá menos dinero para pensiones, sanidad o educación, o bien será necesario subir impuestos. Esto reducirá la renta disponible de los hogares y afectará al consumo de bienes no esenciales, como el vino.
Según datos de Eurostat, las bebidas alcohólicas suponen casi el 4% del gasto total de los hogares europeos. Una menor capacidad adquisitiva llevará a una caída directa en la demanda de vino en Europa, que es uno de los mercados más importantes y maduros del mundo. Además, gran parte del nuevo gasto militar europeo irá destinado a importaciones de armamento estadounidense, lo que limitará el impacto positivo sobre la economía local.
La amenaza de aranceles por parte de Estados Unidos añade otra presión al sector vitivinícola español. En 2019 ya se vivió una situación similar cuando la administración Trump impuso un arancel adicional del 25% a productos europeos como el vino y el aceite de oliva. Aquella medida estuvo vigente hasta junio de 2021 y afectó especialmente a Francia y España. El sector español logró mantener su cuota en Estados Unidos absorbiendo parte del coste del arancel junto con importadores y distribuidores estadounidenses. Sin embargo, esta estrategia redujo los márgenes y no puede mantenerse indefinidamente.
Estados Unidos es un mercado clave para el vino español. En 2024, España exportó allí vinos por valor de casi 400 millones de dólares y más de 67 millones de litros. Un nuevo arancel encarecería notablemente el precio final al consumidor estadounidense. Por ejemplo, un vino español que cuesta 20 dólares podría pasar a costar entre 25 y 27 dólares tras aplicar todos los márgenes sobre el arancel. Esto sacaría al producto español de su nicho competitivo frente a vinos chilenos o argentinos sin aranceles y frente a vinos premium estadounidenses.
Si se repite la experiencia anterior, las bodegas españolas tendrán que decidir entre mantener su presencia en Estados Unidos asumiendo menores beneficios o reducir sus exportaciones para proteger su viabilidad financiera. Además, si la Unión Europea responde con medidas similares sobre productos estadounidenses —como las barricas de roble americano necesarias para la crianza del vino— los costes internos también aumentarían para las bodegas españolas.
El impacto no se limitaría al corredor comercial entre Europa y Estados Unidos. Si los vinos españoles y europeos pierden cuota en Estados Unidos por culpa de los aranceles, otros países productores como Chile, Argentina o Australia ocuparán ese espacio con precios más bajos y campañas promocionales agresivas. Las bodegas estadounidenses también saldrán beneficiadas porque podrán vender más fácilmente sus vinos premium en su propio mercado.
Por otro lado, si tanto Europa como Estados Unidos sufren una caída en el consumo por motivos económicos o comerciales, el mercado mundial del vino podría contraerse aún más. La producción mundial ya está en mínimos históricos debido al clima extremo y la demanda global está en su nivel más bajo desde 1961 según la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV). Si se produce un excedente porque cae la demanda mientras se recupera la producción, los precios bajarán aún más y todos los productores sufrirán una pérdida generalizada.
En este escenario incierto, las bodegas españolas deben buscar nuevos mercados fuera de Estados Unidos y Europa Occidental para reducir riesgos. Países como Corea del Sur, Japón o Polonia ofrecen oportunidades gracias a acuerdos comerciales favorables y cambios en las tendencias de consumo. También es importante invertir en digitalización para mejorar la gestión comercial y adaptarse rápidamente a los cambios del mercado.
El sector debe reforzar su cadena de suministro buscando alternativas al roble americano u otros insumos críticos que puedan verse afectados por represalias comerciales. Además, las organizaciones empresariales deben intensificar su labor diplomática ante Bruselas y Washington para evitar que el vino sea utilizado como moneda de cambio en disputas políticas ajenas al sector.
La situación actual exige una transformación profunda: pasar de un modelo basado en grandes volúmenes a otro centrado en valor añadido y marca propia; diversificar mercados; invertir en tecnología; fortalecer alianzas internacionales; e impulsar campañas conjuntas para desvincular al vino europeo de conflictos geopolíticos externos.
La industria vitivinícola española se encuentra ante un momento decisivo que marcará su futuro inmediato tanto dentro como fuera del país.
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