La industria alimentaria alemana pide frenar los nuevos impuestos a refrescos y plástico

La Federación de la Industria Alimentaria Alemana, BVE por sus siglas en alemán, reclamó este jueves, 29 de octubre, la paralización de los impuestos que el Gobierno federal estudia aplicar a las bebidas azucaradas y al plástico. La organización sostiene que ambas medidas añadirían gastos y trámites a un sector que ya soporta una fuerte carga regulatoria, y acusa al Ministerio de Finanzas de impulsar los planes con prisa y sin una participación suficiente de las empresas afectadas.

La posición está respaldada por un amplio bloque de asociaciones de la cadena alimentaria y de bebidas. Entre los firmantes figuran la patronal de los cerveceros alemanes, la asociación de cervecerías privadas, la de la industria e importadores de espirituosos, la de refrescos, la de aguas minerales, la del zumo, la del comercio minorista de bebidas y la del canal mayorista especializado, además de organizaciones de hostelería, distribución, agricultura y transformación de alimentos.

La BVE y el resto de entidades rechazan de forma frontal los dos proyectos fiscales. Su argumento principal es que el Ejecutivo había prometido aliviar a las empresas, recortar burocracia y facilitar la inversión en Alemania, y que estos nuevos gravámenes van en la dirección contraria. También piden que se estudie con más detalle el efecto económico de ambas figuras y sus consecuencias sobre el mercado único europeo.

La mayor parte de las críticas se concentra en el impuesto previsto para los refrescos con azúcar. La industria rechaza el sistema de recaudación que maneja el Ministerio de Finanzas, basado en un modelo de almacén fiscal parecido al del impuesto sobre la cerveza. A juicio de las asociaciones, ese método obligaría a crear nuevas estructuras administrativas dentro de las compañías y a invertir en cambios en los sistemas de producción y de gestión de mercancías.

Las entidades añaden que muchas plantas no están preparadas para operar con ese esquema. Explican que, en la industria alimentaria y de bebidas, es frecuente que materias primas, líneas de producción y espacios de almacenamiento se utilicen para productos sujetos al impuesto y para otros que quedarían fuera. En ese marco, los nuevos controles fiscales, la documentación adicional y, en algunos casos, posibles procedimientos de autorización podrían alterar procesos ya implantados, complicar la planificación de la producción y reducir el margen de maniobra de las empresas.

Ese punto tiene una derivada directa para el negocio de las bebidas. Si la propuesta sigue adelante, cerveceras, embotelladoras de refrescos, productores de agua mineral, zumos y bebidas espirituosas podrían ver más caros algunos pasos de fabricación, almacén y reparto, además de tener que adaptar programas internos y circuitos logísticos. El efecto final dependería del diseño definitivo de la norma y del alcance de las obligaciones formales.

Sobre el impuesto al plástico, la patronal alimentaria sostiene que llegaría cuando el sector ya cumple obligaciones amplias y caras en materia de envases. Cita, entre otras, la ley alemana de envases, la participación en los sistemas duales de recogida, la aportación al fondo para plásticos de un solo uso y las nuevas exigencias derivadas de la regulación europea sobre envases. Para las asociaciones, sumar un gravamen nacional a ese marco elevaría aún más la factura empresarial sin aportar un beneficio ecológico adicional.

Otro de los reproches va dirigido al cálculo oficial del esfuerzo administrativo. La BVE considera que tanto el gasto para las empresas como la carga para la Administración serán bastante mayores de lo que reflejan los textos legales manejados hasta ahora. Por eso reclama una revisión más rigurosa antes de seguir adelante con la tramitación.

La organización también advierte de posibles desventajas para Alemania como base industrial. En su opinión, nuevas obligaciones fiscales y de gestión pueden restar atractivo al país para producir e invertir, sobre todo en una industria formada en gran parte por empresas medianas y familiares. Las asociaciones recuerdan que necesitan seguridad de planificación y un marco regulatorio estable para decidir inversiones y organizar compras, turnos, almacenes y distribución.

Aunque su petición es que se retiren ambos proyectos, las entidades fijan una línea roja concreta en el caso del impuesto sobre bebidas azucaradas. Incluso si el Gobierno mantuviera esa figura, reclaman que abandone el modelo de almacén fiscal previsto por el Ministerio de Finanzas. A su juicio, ese mecanismo es el elemento que más burocracia añade y el que más altera la operativa diaria de fábricas y centros logísticos.

La declaración difundida desde Berlín este miércoles, 28 de octubre, termina con una oferta de diálogo. La BVE y el resto de asociaciones afirman que están dispuestas a aportar experiencia práctica para buscar soluciones, pero piden al Ejecutivo que no dé por cerradas las decisiones sin escuchar antes a los sectores afectados.