Martes 18 de Agosto de 2026
Este martes, 18 de agosto, la Australian Taxation Office (ATO), la agencia tributaria de Australia, anunció un refuerzo de los controles sobre el régimen que permite a los fabricantes nacionales de alcohol acogerse a una remisión automática de hasta 400.000 dólares australianos al año en impuesto especial. La medida afecta a cerveceras, destilerías y otros productores que entren en ese sistema y llega después de que el límite subiera el 1 de julio desde 350.000 a 400.000 dólares australianos, 50.000 más, un 14,3%.
El esquema, implantado en 2021, permite a los fabricantes que cumplen los requisitos reclamar esa rebaja sobre los primeros 400.000 dólares australianos de alcohol sujeto a impuestos especiales que producen en cada ejercicio fiscal. En la práctica, esa parte queda libre del pago del impuesto especial. La ATO sostiene que el objetivo es apoyar a los productores legítimos, pero también afirma que ha detectado riesgos de uso indebido y que actuará para recuperar el impuesto no pagado cuando una empresa haya solicitado una ventaja fiscal a la que no tenía derecho.
La agencia explicó que ya ha ampliado desde julio sus actuaciones dirigidas sobre acuerdos y conductas que considera de alto riesgo. Entre ellas figuran la comprobación de si una empresa opera de verdad de forma independiente respecto de otros fabricantes de alcohol, en especial cuando varias sociedades comparten instalaciones, maquinaria o personal clave. También revisará la fabricación por contrato para comprobar quién asume realmente la responsabilidad del proceso productivo y analizará si ciertos productos han sido de verdad destilados o elaborados, o si proceden simplemente de la dilución de alcohol ya existente.
El plan de control incluye además la verificación del llamado requisito de propiedad del alambique y el examen de datos sobre movimientos de etanol a granel, junto con avisos recibidos del sector, para localizar empresas que no estén fabricando bebidas alcohólicas, que no abonen el impuesto correcto o que operen fuera de las exigencias legales. La ATO anima a fabricantes, proveedores y miembros de la comunidad a comunicar posibles actividades ilícitas incluso de forma anónima.
A partir de septiembre, la agencia sumará revisiones reforzadas antes de conceder nuevas licencias de fabricación de alcohol. Esa fase previa busca verificar que las operaciones de producción existen realmente antes de autorizar la entrada en el sistema de impuestos especiales. También prevé controles sobre titulares de licencia recién aprobados cuando compartan locales o personas vinculadas con otros operadores, o cuando participen especialistas del sector, como destiladores o cerveceros.
Desde octubre, la vigilancia será mayor durante los dos primeros años de actividad de las empresas que se incorporen al sistema. La ATO hará revisiones dirigidas en el primer año a quienes usen el régimen para comprobar que siguen cumpliendo los requisitos de independencia legal y económica. Además, pondrá el foco en los negocios que reclamen la concesión sin tener instalado y operativo un alambique al cabo de esos dos primeros años.
El comisionado adjunto de la ATO, Rowan Fox, afirmó que la remisión del impuesto especial se creó para ayudar a los auténticos fabricantes australianos de alcohol y no a empresas que organicen su estructura para obtener ventajas fiscales indebidas. También advirtió de que los promotores y negocios que intenten defraudar el sistema perjudican a las compañías que cumplen la ley. En su explicación, Fox señaló que la agencia presta una atención especial a las empresas que entran en el régimen y parecen conectadas con fabricantes ya existentes, y añadió que los grandes vendedores de bebidas no pueden controlar varias sociedades pequeñas para sortear los límites del programa.
La decisión de la ATO llega en un momento de fuerte malestar entre parte del sector. La Independent Brewers Association (IBA), que representa a 600 cerveceras independientes australianas, apoya la persecución del alcohol ilícito, al considerar que daña a los productores legales y supone un riesgo para la salud pública. Al mismo tiempo, la asociación critica que el endurecimiento de los controles añada más trámites y papeleo a pequeñas empresas que ya operan con presión por falta de mano de obra y por el alza de gastos.
La IBA relaciona además el aumento del fraude con la elevada fiscalidad del alcohol en Australia. La organización recuerda que hace pocas semanas entró en vigor la 86ª subida automática del impuesto especial sobre la cerveza envasada, mientras que el gravamen sobre la cerveza de barril quedó congelado de forma temporal. Para la patronal, ese sistema fiscal hace más difícil que muchos consumidores mantengan un gasto habitual en bares, pubs y locales de música, y termina afectando a las cerveceras independientes de propiedad australiana.
La directora ejecutiva de la IBA, Sabrina Kunz, afirmó que el actual sistema de impuestos sobre el alcohol “no sirve a nadie” y sostuvo que la vigilancia del cumplimiento está obligando a dedicar más dinero público, mientras el alcohol ilícito sigue siendo un problema sanitario y las subidas automáticas del impuesto limitan el acceso al consumo legal a quienes tienen mayor renta disponible. Kunz añadió que, si el objetivo real fuera reducir el exceso de consumo, el vino, la cerveza y las bebidas espirituosas tendrían un tratamiento fiscal más parecido y las políticas públicas orientarían la demanda hacia productos con menor graduación alcohólica.
Más allá de esa crítica, la novedad inmediata para las pequeñas cerveceras y otros fabricantes es el aumento del riesgo operativo si su estructura societaria, sus acuerdos de producción o sus registros documentales no se ajustan a lo que exige la ATO. La agencia dejó claro que las empresas deben poder demostrar con claridad que tienen derecho a la remisión y conservar documentación sólida que respalde cada solicitud. Quienes no puedan justificarlo se exponen a liquidaciones del impuesto especial, sanciones y un seguimiento continuado de su actividad.