Francia quiere blindar la venta judicial de vinos con denominación

Una proposición de ley registrada en el Congreso busca reforzar la transparencia en las ventas judiciales de vinos con denominación de origen protegida e indicación geográfica protegida, así como en la salida al mercado de los volúmenes que se adjudican en esos procesos. La iniciativa, presentada el 28 de abril, pretende proteger el valor de los signos de origen, dar más seguridad a las empresas del sector y preservar la reputación colectiva del vino francés.

El texto plantea que, antes de cualquier venta judicial o venta de mutuo acuerdo dentro de una liquidación judicial que afecte a vinos bajo AOP o IGP, se remita una declaración previa al Instituto Nacional del Origen y de la Calidad, el Inao. Ese organismo la trasladaría después al organismo de defensa y gestión correspondiente y a la interprofesión competente, para que la información circule de forma ordenada dentro del sector.

La declaración deberá incluir los volúmenes afectados, sus características y las condiciones de la venta. Una vez cerrada la operación, se enviará un acta con el precio obtenido y, si el comprador es un profesional, también su identidad. La propuesta incorpora esta obligación al código rural y de la pesca marítima, y no al código de comercio, porque se centra en la protección de los signos de origen y no en el desarrollo de los procedimientos concursales.

Según el texto, esta transmisión de datos permitirá además comprobar que los lotes cumplen las normas propias de cada denominación. El objetivo es evitar que vinos que salen de una liquidación judicial entren en el mercado sin una trazabilidad suficiente para los operadores del sector.

La proposición añade un segundo punto para los volúmenes de vinos con AOP o IGP adquiridos por un profesional en una liquidación judicial y después puestos otra vez a la venta. En ese caso, deberá informarse al Inao, que trasladará esa comunicación a los organismos competentes de la cadena vitivinícola.

Los autores del texto sostienen que esta medida mejorará el seguimiento de los flujos procedentes de ventas judiciales y permitirá a bodegas, distribuidores y organizaciones interprofesionales anticipar posibles alteraciones del mercado. La iniciativa no crea una autorización previa ni limita la comercialización posterior de esos vinos.