Jueves 29 de Enero de 2026
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La Asociación Española de Denominaciones de Origen, Origen España, ha presentado una propuesta al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 para que los productos con sellos de calidad diferenciada, como las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) y las Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP), tengan prioridad en el proyecto de Real Decreto sobre comedores colectivos. El borrador de esta norma, cuyo trámite de audiencia pública comenzó el pasado 18 de diciembre, establece criterios para fomentar una alimentación saludable y sostenible en centros públicos y privados destinados a personas dependientes o con necesidades especiales.
La iniciativa del Ministerio busca mejorar la oferta nutricional en comedores colectivos y alinearse con las estrategias europeas de sostenibilidad. Para ello, se plantea utilizar la compra pública como herramienta para impulsar sistemas alimentarios más saludables y con menor impacto medioambiental. Origen España ha solicitado que el texto del borrador incluya una puntuación adicional o una cuota mínima de reserva para los productos acogidos a figuras de calidad diferenciada, como DOP e IGP.
El presidente de Origen España, Ángel Pacheco, ha señalado que estos alimentos suponen una garantía de calidad y sostenibilidad, permiten a los consumidores conocer el origen de lo que comen y están vinculados a una tradición y una historia que se debe mantener. España cuenta con 393 Indicaciones Geográficas registradas, de las cuales 225 son agroalimentarias, lo que sitúa al país como el tercero de Europa en número de IIGG, solo por detrás de Italia y Francia. Sin embargo, la presencia de estos productos en comedores de escuelas, hospitales o residencias es muy baja, y el sector denuncia la falta de normativas que incentiven la compra pública de alimentos con DOP e IGP.
En otros países europeos, como Francia e Italia, se han puesto en marcha políticas públicas para promover el uso de alimentos con sellos de calidad diferenciada en estos centros. Francia cuenta con la ley EGalim, que fomenta las compras locales y de calidad, y ha estimulado la adquisición pública de productos reconocidos como DOP e IGP. En Italia, aunque no existe una normativa específica, los contratos públicos recientes muestran un interés creciente por incluir estos alimentos en la cesta estatal. Ángel Pacheco considera que España, con una larga tradición de IIGG, debe sumarse a esta tendencia.
Entre los argumentos presentados por Origen España al Ministerio, destaca la defensa del papel de las Indicaciones Geográficas en el desarrollo sostenible. Según Pacheco, las IIGG contribuyen de forma importante a la conservación de los recursos naturales, ya que las condiciones medioambientales de su área de producción son esenciales para la calidad y las características de los productos certificados. Además, la producción, transformación y elaboración de estos productos se realiza en una zona geográfica concreta, lo que impulsa el desarrollo socioeconómico de las comunidades rurales y reduce el impacto derivado del transporte. Estos principios coinciden con los criterios del borrador, que menciona la importancia de los canales cortos de distribución y los productos de proximidad.
La asociación también ha puesto en valor la calidad nutricional certificada de estos productos. En sus alegaciones, Origen España hace referencia al uso del término “ultraprocesado” en el borrador, que limita la compra de este tipo de alimentos en los comedores colectivos. Pacheco advierte sobre el uso genérico de este concepto y explica que muchos productos con sellos de calidad diferenciada, aunque sean transformados, mantienen una densidad de micronutrientes esenciales muy superior a sus equivalentes sin DOP e IGP. Se citan ejemplos como los quesos o los embutidos curados, cuya elaboración se basa en procesos naturales y el uso de aditivos autorizados responde a criterios de estricta necesidad tecnológica y seguridad alimentaria, no a una degradación de la calidad nutricional.
Origen España defiende que los productos con DOP e IGP pueden cumplir los estándares de calidad y salud fijados por Consumo, gracias a los rigurosos controles que los Consejos Reguladores aplican para asegurar la calidad y seguridad de estos alimentos. A través de catas, inspecciones y análisis, las Denominaciones de Origen verifican que cada producto cumpla con los estándares de excelencia establecidos en su Pliego de Condiciones, lo que supone una garantía de autenticidad y trazabilidad total para los consumidores.
La asociación recuerda que la Unión Europea protege y promueve activamente estos esquemas de calidad y les da prioridad sobre otros productos. Actualmente, la Comisión Europea trabaja en un Plan de Acción para las IIGG que contempla que un porcentaje de la compra pública se destine a alimentos con sellos DOP e IGP. En este marco, Origen España considera que su solicitud al ministerio responde también a una cuestión de coherencia normativa entre las administraciones.
Por último, la asociación ha resaltado la función educativa de los comedores colectivos. Priorizar los productos DOP e IGP en estos centros se considera una herramienta pedagógica útil para que los usuarios reconozcan el patrimonio gastronómico español, identifiquen los sellos de calidad diferenciada y escojan patrones de consumo más saludables y tradicionales.
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