La UE mantiene al vino dentro de las ayudas agrarias de la próxima PAC

El Consejo de la Unión Europea ha mantenido al vino dentro del esquema de ayudas sectoriales de la próxima Política Agraria Común para 2028-2034. La posición de negociación, adoptada por los Estados miembros el pasado 19 de octubre, preserva un programa de apoyo para el sector vitivinícola, aunque con excepciones para los países donde su peso sea muy reducido y sin fijar todavía cuánto dinero recibirá.

La decisión no cierra el debate. El texto aprobado por el Consejo es parcial y aún debe negociarse con el Parlamento Europeo y la Comisión. La cuantía final dependerá además del próximo presupuesto plurianual de la UE. Esa incógnita es relevante para el vino europeo y para el conjunto del negocio de bebidas, porque de estas partidas dependen la reestructuración del viñedo, las inversiones en bodega y la promoción en mercados internacionales durante el siguiente marco presupuestario.

En Francia, estas ayudas suponen en la actualidad unos 270 millones de euros al año. Dentro de la organización común de mercados agrarios, el vino recibe fondos para adaptar el viñedo, modernizar instalaciones y apoyar la salida comercial fuera de la UE. También cubre otras medidas ligadas a la gestión del sector.

La fórmula pactada por el Consejo introduce un matiz importante. Las intervenciones sectoriales serán obligatorias para la apicultura, las frutas y hortalizas y, “en determinadas circunstancias”, para el vino. Para este último caso, el texto prevé derogaciones con cierta flexibilidad para tener en cuenta a los Estados donde el sector vitivinícola apenas existe.

Ese punto supone un cambio respecto al borrador que circuló en septiembre durante la presidencia irlandesa del Consejo. Aquel documento limitaba la obligación del programa del vino a los países que reconocieran organizaciones de productores. La nueva redacción parte de la obligación de intervenir también en vino, aunque permite excepciones justificadas en los planes nacionales. También abre la puerta a que las organizaciones de productores no sean las únicas beneficiarias y recoge de forma expresa la promoción entre las medidas posibles.

La Federación Europea de Vinos de Origen, EFOW, considera que el cambio mejora la posición del sector. Su representante en Bruselas, Daniela Ida Zandonà, valora que se haya mantenido una dotación obligatoria para el vino, aunque por ahora no exista una cifra reservada de antemano. Desde esta organización también ponen en valor que las ayudas no queden reservadas solo a las organizaciones de productores y que se mantengan medidas como la promoción.

No todos comparten esa lectura. El eurodiputado francés Eric Sargiacomo, vicepresidente de la comisión de Agricultura del Parlamento Europeo, sostiene que la obligación de financiación puede quedarse en algo más formal que real si no se traduce después en dinero concreto. A su juicio, varias mejoras previstas para el vino podrían perderse en la negociación que aún queda por delante.

La discusión sobre el presupuesto es, de hecho, el punto más sensible. El Consejo ha fijado reglas, pero no cantidades. En la práctica, el sector conoce ya que seguirá dentro del esquema de ayudas, pero no sabe con qué volumen contará a partir de 2028. Esa diferencia no es menor: un programa obligatorio sin cifra garantizada deja margen para que cada país o la propia negociación presupuestaria limiten después su alcance.

Tres días después de la decisión del Consejo, el pasado 22 de octubre, apareció en Francia una propuesta que va en sentido opuesto al modelo actual. El Movimiento de Defensa de los Explotadores Familiares, Modef, pidió en el Gard la supresión de la OCM del vino y su sustitución por una ayuda directa por superficie, de unos 400 euros por hectárea.

La propuesta la presentó en Nimes el presidente departamental del sindicato, el viticultor Xavier Fabre, durante su comparecencia tras la vendimia. Su planteamiento parte de repartir los 270 millones de euros anuales entre unas 670.000 hectáreas de viñedo. Con esa base, la ayuda rondaría los 400 euros por hectárea. La cifra cambia si se toma como referencia la estadística oficial de Agreste, que contabilizó 741.851 hectáreas de viñas para uva de vinificación en 2025. En ese supuesto, el pago bajaría a unos 364 euros por hectárea.

Fabre admite que el mecanismo tendría que discutirse con otras organizaciones y con las administraciones para concretar su diseño. Modef no plantea esa ayuda como única respuesta. El sindicato reclama además un precio mínimo garantizado por el Estado y sostiene que a los viticultores les faltan alrededor de 1.500 euros por hectárea para llegar al equilibrio económico. Su tesis es que la combinación de ambos instrumentos serviría mejor a la viticultura familiar que el sistema actual.

La crítica del sindicato se centra en el uso de los fondos públicos dentro del modelo vigente. Fabre cuestiona que se apoyen a la vez plantaciones y medidas para arrancar viñas o destilar excedentes. También critica que parte de las ayudas a la inversión terminen en proyectos de grandes grupos y que las partidas de promoción beneficien sobre todo a operadores comerciales. Además, propone que los departamentos ayuden a financiar los viñedos que actúan como cortafuegos alrededor de los pueblos durante el verano.

El debate llega en un momento de reducción del viñedo francés. Modef cifra la superficie nacional en 673.000 hectáreas, frente a las 800.000 de hace veinte años, aunque esa estimación es inferior a los últimos datos de Agreste. Al mismo tiempo, las decisiones sobre la PAC coinciden con la necesidad de adaptar el viñedo a temperaturas más altas, renovar plantaciones y mantener inversiones técnicas en bodega, cuestiones que afectan de forma directa a la capacidad de producir vino y venderlo dentro y fuera de Europa.

También influye la situación productiva. Agreste estimó a 1 de octubre que la cosecha de 2026 en Languedoc-Rosellón subía un 20% respecto al año anterior. En un escenario de consumo más débil en Francia, ese aumento añade presión sobre la gestión del sector y da más peso a la discusión sobre qué tipo de ayuda pública conviene mantener.

Por ahora, lo único claro es que el vino sigue dentro de la arquitectura de apoyo que negocia la UE para 2028-2034. Lo que falta por decidir es cuánto dinero habrá, con qué condiciones se repartirá y si el modelo seguirá ligado a reestructuración, inversión y promoción o si acabará abriéndose paso una vía basada en pagos por hectárea como la que propone Modef.