Brasil fija un impuesto transitorio que mantiene casi intacto el coste de las bebidas para la restauración

Brasil ha dado un paso más en la transición fiscal de las bebidas que compran bares y restaurantes para revender a sus clientes. La asociación brasileña de bares y restaurantes Abrasel considera que el Gobierno federal ha respetado lo pactado para 2027 con la Medida Provisória 1.399/2026, publicada este miércoles, 4 de noviembre, que fija la tributación selectiva transitoria del próximo ejercicio para varios productos, entre ellos las bebidas alcohólicas.

La clave para el sector está en el diseño de ese régimen transitorio. El texto normativo difundido por el Senado de Brasil establece que, durante 2027, el componente específico del nuevo impuesto selectivo sobre las bebidas alcohólicas será cero, mientras seguirá aplicándose el componente porcentual previsto en el modelo. La medida surtirá efecto el próximo 2 de febrero de 2027 y esa supresión temporal de la parte específica se mantendrá hasta el próximo 31 de diciembre de 2027.

Abrasel interpreta que esa fórmula reproduce en el primer año la carga fiscal del IPI, el impuesto sobre productos industrializados que grava hoy las bebidas. A partir de esa lectura, la patronal calcula que el efecto sobre las compras de bares y restaurantes será pequeño en 2027. No se trata de una bajada fiscal para el canal hostelero ni de una variación ya medida en las ventas, sino de una valoración sectorial sobre cómo quedará la sustitución de un tributo por otro durante el periodo transitorio.

La asociación recuerda que el impuesto selectivo lo recauda la industria una sola vez y que llega al establecimiento incorporado al precio de compra. Por esa razón, la reventa ordinaria de bebidas por parte de restaurantes y bares no genera por sí misma un nuevo ingreso directo del tributo. Si la carga en origen se mantiene en niveles parecidos a los actuales, Abrasel entiende que el cambio no debería mover de forma apreciable el coste de aprovisionamiento de esas bebidas para la restauración.

Paulo Solmucci, presidente de Abrasel, sostiene que este paso da previsibilidad a un sector que trabaja con márgenes ajustados y que planifica cartas y compras con meses de antelación. La entidad avisa, no obstante, de que todavía revisa cómo pueden quedar los cigarrillos y las bebidas destiladas, sobre todo por los cambios recientes en el IPI y por el efecto que el nivel del gravamen puede tener sobre el mercado ilegal de esos productos.

La medida provisional todavía debe pasar por el Congreso Nacional de Brasil. Aunque tiene fuerza de ley, su tramitación parlamentaria será seguida de cerca por el sector, porque de ella depende no solo la redacción final de las reglas de 2027, sino también el tono de la negociación sobre los tipos definitivos que regirán desde 2028. Abrasel sitúa ahí la principal incertidumbre para sus asociados, ya que las bebidas tienen un peso importante en la facturación de muchos locales y cualquier aumento de carga termina trasladándose al precio final o a los márgenes del negocio.

El Gobierno brasileño debe enviar antes del próximo 31 de mayo de 2027 un proyecto de ley con las alícuotas permanentes. Este jueves, 5 de noviembre, el ministro de Hacienda, Dario Durigan, reafirmó, según Abrasel, el compromiso de debatir esos porcentajes con los sectores afectados. Para la restauración, ese calendario es importante porque la norma ahora aprobada solo cubre la transición y deja abierta la discusión sobre el esquema estable que entrará después.

La novedad fiscal tiene efecto en todo el país porque afecta a la planificación de compras, al cálculo de márgenes y, de forma indirecta, a la política de precios de bares y restaurantes. Por ahora no supone una subida inmediata en la barra o en la mesa ni permite poner cifra a su impacto final sobre menús y cartas. La propia asociación limita su valoración a la arquitectura tributaria aprobada para 2027 y a la idea de que, en esa fase, el relevo entre el IPI y el nuevo impuesto selectivo parte de una carga equivalente para las bebidas que compra el canal hostelero.

En paralelo, en el caso de los cigarrillos, el sector afectado sostiene que su demanda no fue atendida y ha advertido de problemas de seguridad jurídica y del peso de los productos clandestinos, que mueven 10.000 millones de reales al año para el crimen organizado. Abrasel mantiene bajo revisión ese punto y también el tratamiento de los destilados, dos áreas que pueden volver a la negociación parlamentaria en las próximas semanas.