Los reembolsos de aranceles ilegales en Estados Unidos llegan de forma desigual al vino neozelandés

Los exportadores de Nueva Zelanda que pagaron aranceles en Estados Unidos y que después fueron declarados ilegales empiezan a recuperar parte de ese dinero, aunque el reembolso no está llegando de la misma forma a todas las empresas. Las cantidades en juego se miden en millones y, en varios casos, el cobro final depende de la relación contractual con importadores y distribuidores en el mercado estadounidense.

El caso está teniendo un reflejo claro en el vino neozelandés. Delegat sigue pendiente de sus distribuidores para cerrar qué parte de las devoluciones le corresponde recuperar, mientras que Babich afirma que ya ha recibido el 70% de los importes que le tocan. La diferencia entre ambas situaciones muestra que el proceso no depende solo de la decisión de devolver los aranceles, sino también de cómo se estructuró cada operación comercial cuando esos gravámenes se aplicaron.

La clave está en quién soportó realmente el pago. En muchas exportaciones a Estados Unidos, el arancel lo abona formalmente el importador al entrar la mercancía, pero su efecto económico puede haberse trasladado después al exportador, al distribuidor o al precio final. Cuando ese dinero vuelve, la pregunta no es únicamente quién figura en el expediente aduanero, sino quién asumió el golpe en la práctica. Por eso el reparto de los reembolsos puede acabar en conversaciones entre productores y sus socios en destino.

En el caso de Delegat, la recuperación sigue abierta porque la empresa no da por resuelta esa negociación con la red de distribución. En Babich, el hecho de haber recibido ya el 70% sugiere que una parte relevante del camino administrativo y comercial ya se ha completado, aunque todavía queda una fracción pendiente. Ninguna de las dos situaciones apunta al mismo ritmo de devolución, pese a que el origen del dinero es el mismo.

Para el sector de bebidas, el asunto va más allá de un ajuste contable. En compañías que exportan vino, cerveza o destilados, una devolución de aranceles puede aliviar la tesorería tras meses o años con ese dinero fuera de balance. También pone el foco sobre una cuestión menos visible: la necesidad de fijar con precisión, en los contratos de exportación, quién asume un gravamen si aparece y quién cobra si ese gravamen desaparece después por vía legal o administrativa.

Ese punto tiene consecuencias directas sobre la gestión financiera. Si el reembolso lo recibe primero el importador, el productor puede depender de una transferencia posterior o de un acuerdo de compensación. Si el contrato no deja claro ese reparto, la devolución puede retrasarse aunque la administración estadounidense ya haya aceptado devolver el dinero. En negocios con márgenes ajustados y ciclos largos de cobro, ese tiempo puede ser relevante.

La situación también enseña que el acceso al mercado de Estados Unidos no depende solo de vender más o menos, sino de la arquitectura comercial con la que se entra en el país. Las empresas que operan a través de distribuidores locales suelen ganar capilaridad y presencia en el canal, pero esa misma estructura puede complicar después asuntos como un reembolso fiscal, una reclamación aduanera o una revisión de precios.

Babich y Delegat ofrecen ahora dos ejemplos distintos de un mismo problema. Una empresa ya ha recuperado buena parte de lo que considera suyo. La otra sigue a la espera de cerrar el encaje con sus distribuidores. Entre ambas queda una lección que el sector conoce bien: cuando hay aranceles de por medio, el impacto no termina cuando se paga el gravamen, y tampoco cuando Washington acepta devolverlo. En muchos casos, la última fase se decide en la relación entre exportador, importador y distribuidor.