RNDC pide al juez luz verde para su plan de liquidación tras pactar con acreedores ordinarios

Republic National Distributing Company (RNDC), uno de los mayores distribuidores de bebidas alcohólicas de Estados Unidos, ha dado un paso más en su proceso de liquidación bajo el Capítulo 11. El martes, 27 de octubre, la empresa pidió al juez autorización para seguir adelante con su plan concursal, después de que sus abogados cerraran la pasada semana un acuerdo con los acreedores ordinarios. El procedimiento, sin embargo, sigue abierto y la propuesta recibe una objeción de la oficina del U.S. Trustee, el órgano federal que supervisa este tipo de casos.

RNDC presentó de forma voluntaria su solicitud de concurso este verano. La compañía atribuyó esa decisión a la caída de las ventas de alcohol y al aumento de la deuda. Desde entonces, ha ido vendiendo operaciones por estados para ordenar la salida del negocio.

En el expediente del caso figuran los 30 mayores créditos sin garantía, que suman más de 300 millones de dólares. De ellos, 18 corresponden a proveedores de vino y destilados como Proximo Spirits, Edrington y Delicato Family Wines. Esa relación da una idea del alcance del golpe para la cadena de suministro del sector: no se trata solo del futuro de un gran mayorista, sino también del dinero pendiente de cobro para marcas y productores que dependían de su red comercial.

La hoja de ruta de RNDC para cerrar el proceso incluye varios puntos con fuerte impacto económico. Entre ellos aparece un acuerdo de 50,25 millones de dólares para resolver posibles reclamaciones futuras contra los propietarios del capital, la renuncia a 260 millones de dólares en préstamos con garantía de segundo rango y 47,7 millones de dólares en pagarés sin garantía.

Ese reparto ha sido uno de los focos de fricción. El comité de acreedores ordinarios sostiene que las reclamaciones que quedarían liberadas en favor de los propietarios podrían valer más de 1.000 millones de dólares. En ese mismo comité figuran grupos del sector como Pernod Ricard y Proximo, lo que muestra hasta qué punto el concurso afecta a algunas de las mayores compañías de bebidas presentes en el mercado estadounidense.

Otro punto discutido ha sido el tratamiento de los fondos de compensación diferida de empleados. El comité cuestionó que se reservaran 64,5 millones de dólares para trabajadores que no recibieron una categoría prioritaria dentro del concurso. En un procedimiento de insolvencia en Estados Unidos, esa prioridad determina qué acreedores cobran antes y cuáles quedan por detrás en el reparto de los activos.

El pacto que ahora está pendiente de validación judicial modifica ese esquema. De los fondos de compensación diferida, 47 millones de dólares pasarán a los acreedores ordinarios en general. El resto quedará para los empleados que participaban en esos planes de compensación. La disputa no es menor, porque afecta al equilibrio entre dos grupos que reclaman una parte de una masa patrimonial limitada.

En paralelo, el juzgado ya ha autorizado la venta de los negocios de RNDC en Alaska, Kentucky y Michigan. Esas operaciones forman parte del cierre por fases que la empresa ha ido ejecutando desde la presentación del concurso. La estrategia busca convertir activos en liquidez para pagar deudas y ordenar la salida de mercados concretos.

Para bodegas, destilerías y otras empresas de bebidas, el caso puede tener efectos más allá de RNDC. La caída de un distribuidor de este tamaño eleva el riesgo de impago para proveedores con facturas pendientes y puede llevar a revisar contratos, límites de crédito y dependencia de una sola red de distribución en Estados Unidos. También puede acelerar la búsqueda de nuevos socios comerciales en los estados donde RNDC ha ido dejando actividad.

La objeción de la oficina del U.S. Trustee mantiene abierto el debate sobre si el plan reparte de forma adecuada el valor disponible y si el trato dado a determinados grupos se ajusta a las normas concursales. Mientras el juez decide, el proceso sigue avanzando entre ventas de activos, negociación con acreedores y una pugna por cómo repartir cientos de millones de dólares.