La patronal alemana pide retirar la subida fiscal al alcohol por riesgo de menor recaudación

La patronal alemana BWS, que agrupa a empresas del vino, los espumosos y los destilados, pidió este jueves, 29 de octubre, que se retiren las subidas fiscales previstas para esas bebidas dentro de la legislación presupuestaria de 2027. La organización rechaza el plan del Gobierno federal para elevar el impuesto sobre el alcohol y el gravamen específico que pesa sobre el sekt, el espumoso alemán, con el argumento de que la medida puede acabar dañando al propio erario si reduce el consumo más de lo previsto.

La discusión ha ganado peso político en Alemania porque ya no se limita al sector empresarial. En el Bundesrat, la cámara que representa a los estados federados, Hesse y Renania-Palatinado se pronunciaron contra los planes fiscales del Ejecutivo. A esa oposición se sumaron dudas expresadas durante la audiencia sobre la ley presupuestaria complementaria de 2027 en la comisión de Presupuestos del Bundestag, donde se cuestionó si la recaudación adicional esperada puede alcanzarse realmente en la cuantía calculada por el Gobierno.

BWS sostiene que una subida de los impuestos especiales tendría un efecto directo sobre los precios de venta y podría frenar la demanda. A juicio de la asociación, ese movimiento restaría parte de los ingresos extra que Berlín espera obtener con la reforma. La organización centra su advertencia en una cadena amplia: fabricantes de espumosos y destilados, distribuidores, hostelería y consumidores.

La patronal pone el foco en la estructura empresarial del sector, muy apoyada en compañías medianas. En ese tejido, una presión fiscal mayor, unida a una menor rotación de producto, podría dificultar inversiones y agravar la situación económica de muchos negocios. BWS añade que el impacto no se limitaría a la producción, sino que alcanzaría a bares, restaurantes y otros establecimientos donde el peso de la venta de bebidas es alto.

Como referencia, la asociación cifra en 9.600 millones de euros la facturación anual de la hostelería muy vinculada a las bebidas y en unos 225.000 los puestos de trabajo asociados. Con esos datos, el sector intenta trasladar que la discusión fiscal no afecta solo a un número reducido de fabricantes, sino a una parte amplia de la economía ligada al consumo de bebidas alcohólicas fuera del hogar.

El debate también tiene una dimensión social. BWS sostiene que no hay pruebas de que las subidas generales de impuestos aplicadas a categorías concretas sean un instrumento eficaz para reducir el consumo abusivo de alcohol. Frente a esa vía, la organización defiende políticas de prevención, protección de los menores e información al consumidor.

La petición de la patronal es que las alzas previstas se eliminen durante la tramitación parlamentaria. El recorrido de la norma seguirá ahora en las cámaras federales, donde el Ejecutivo tendrá que medir tanto el rendimiento recaudatorio esperado como el rechazo expresado por parte del sector y por algunos estados.

La discusión interesa de forma directa al negocio europeo de bebidas porque Alemania es uno de los mercados más grandes del continente para vino espumoso, destilados y consumo hostelero. Cualquier cambio fiscal en ese país puede trasladarse a productores, importadores y operadores de restauración, y también influir en precios, márgenes y decisiones comerciales dentro de una plaza de gran tamaño para el conjunto del sector.