La UE fija una posición común para negociar los mercados agrarios de la futura PAC
La propuesta permite excepciones nacionales en viticultura frente a la mayor uniformidad prevista para otros sectores
miércoles 21 de octubre de 2026

Los Veintisiete han fijado una base común para negociar la futura organización común de mercados agrarios de la Política Agraria Común posterior a 2027. El Consejo de la UE aprobó este lunes, 19 de octubre, una posición de negociación parcial que servirá para las próximas conversaciones con el Parlamento Europeo sobre la revisión del reglamento de la OCM, una de las piezas centrales de la PAC para ordenar las medidas de mercado por sectores.
Esa posición es parcial porque deja fuera las disposiciones financieras y las normas horizontales. Esos apartados se están tratando dentro de las negociaciones sobre el presupuesto comunitario para 2028-2034. El acuerdo de los Estados miembros, por tanto, no cierra el debate sobre el volumen de fondos ni sobre varias reglas comunes de la futura PAC, pero sí adelanta el marco político con el que el Consejo llegará a la negociación con la Eurocámara.
En viticultura, el punto más sensible para el sector de bebidas es la fórmula elegida para las intervenciones sectoriales. Los Estados miembros quieren que esas intervenciones sean obligatorias para algunos sectores, como la apicultura y las frutas y hortalizas. En el caso del vino, esa obligación solo se aplicaría en determinadas circunstancias y, además, podrían preverse excepciones nacionales para tener en cuenta las particularidades de cada país.
Esa redacción abre una diferencia relevante entre el vino y otros sectores agrarios incluidos en la OCM. Si se mantiene en la negociación final, el resultado podría condicionar cómo se articulan las medidas de apoyo público al viñedo y al mercado del vino a partir de 2028, así como el margen de cada Estado productor para adaptarlas a su propia estructura productiva. Para bodegas, cooperativas y viticultores, la cuestión no es menor, porque de ella puede depender el grado de uniformidad de las intervenciones dentro de la Unión Europea.
La posición del Consejo incluye además otros elementos. Los Veintisiete contemplan la posibilidad de introducir normas de comercialización para los cultivos proteicos, las carnes de bovino, porcino, ovino y caprino, así como para el arroz, con el fin de incorporar información sobre el origen de los productos. También quieren mantener la propuesta de la Comisión Europea para armonizar las reglas sobre producción y comercialización de plantas de cáñamo, aunque piden garantías para que esas nuevas normas no interfieran con las regulaciones nacionales en materia de seguridad pública o lucha contra los estupefacientes.
El expediente de la OCM avanza al mismo tiempo que siguen las discusiones sobre la reforma más amplia de la PAC en el Consejo de la UE. El objetivo de las presidencias y de los Estados miembros es llegar a una orientación general parcial en la reunión de ministros de Agricultura prevista en Luxemburgo para los próximos 28 y 29 de octubre. Ese calendario muestra que Bruselas y las capitales quieren dejar encarrilada una parte de la reforma antes de que entren en la fase más compleja de la negociación presupuestaria.
Este lunes, 19 de octubre, los expertos agrícolas de los Estados miembros, reunidos en el Comité Especial de Agricultura, revisaron los últimos ajustes introducidos en las últimas semanas por la presidencia irlandesa del Consejo. El trabajo de Dublín recibió un apoyo amplio entre las delegaciones, que ven avances hacia un acuerdo, aunque siguen abiertos varios asuntos concretos que deberán tratarse antes de la cita ministerial de Luxemburgo.
Entre los puntos que continúan sobre la mesa figuran el grado de flexibilidad que puede concederse a los Estados miembros sin vaciar el carácter común de la PAC, la proporción de ayudas asociadas a la renta, la tasa de control y la nueva condicionalidad de las ayudas. Son cuestiones técnicas, pero con efectos directos sobre la aplicación de la política agraria en cada país y sobre el equilibrio entre reglas comunes y margen nacional de adaptación.
Para el vino, esa discusión sobre la flexibilidad nacional tiene un peso especial. La propuesta del Consejo para la OCM ya apunta en esa dirección al aceptar posibles excepciones en viticultura por razones ligadas a las especificidades nacionales. En la práctica, eso anticipa un debate que interesa de forma directa a los países productores: hasta dónde debe llegar la armonización europea y cuánto espacio debe quedar para responder a situaciones distintas entre regiones vitícolas.
La revisión de la OCM será uno de los expedientes que marcarán la PAC de la próxima década. El acuerdo parcial cerrado por el Consejo no resuelve todas las piezas del puzle, pero sí fija una línea política clara: mantener herramientas comunes de mercado, reforzar la posibilidad de adaptar algunas de ellas a la realidad de cada Estado y dejar para la negociación presupuestaria la parte más delicada del reparto de recursos. En el caso del vino, esa combinación puede acabar definiendo el nivel de intervención pública y la forma en que se aplicará en los distintos países de la Unión.