La Fiscalía italiana pide juzgar al presidente de Campari por un presunto fraude fiscal de 1.290 millones

La Fiscalía italiana ha pedido que Luca Garavoglia, presidente de Campari, sea juzgado por un presunto fraude fiscal vinculado a 1.290 millones de euros en impuestos no abonados. Según informa Reuters, la petición se refiere a una reestructuración societaria por la que la empresa de control del grupo trasladó su residencia fiscal de Italia a Luxemburgo.

Los fiscales sostienen que Garavoglia participó en el cambio de domicilio de la sociedad y en la omisión del llamado impuesto de salida, una figura prevista por la ley italiana para las empresas que trasladan su residencia fiscal fuera del país. La investigación sitúa en el centro del caso unas plusvalías no declaradas de 5.300 millones de euros entre 2018 y 2020 sobre las que, a juicio de la acusación, Lagfin no pagó ese gravamen.

El origen del procedimiento está en una fusión cerrada en 2018 entre Alicros, la sociedad italiana que entonces controlaba el grupo Campari, y Lagfin, con sede en Luxemburgo y poseedora de una participación mayoritaria en Alicros. Para la Fiscalía, esa operación supuso en la práctica el traslado del domicilio fiscal de Alicros a Luxemburgo, lo que activaba la obligación de pagar el impuesto de salida en Italia.

Lagfin resolvió su disputa tributaria con la Agencia Tributaria italiana en diciembre de 2025, cuando aceptó pagar 405 millones de euros en varios plazos. Aun así, el asunto siguió su recorrido en la vía penal, ya que la legislación italiana separa las investigaciones financieras de las penales. Esa diferencia explica que, pese al acuerdo fiscal, los fiscales mantengan la petición de actuaciones personales contra directivos vinculados a la operación.

La Fiscalía también ha pedido que sea juzgado Giovanni Berto, representante legal de Lagfin. El abogado Giuseppe Iannaccone declaró a Reuters que el proceso permitirá probar “más allá de toda duda” la inocencia de sus clientes.

Por su parte, Lagfin señaló en un comunicado que la causa abierta contra la propia sociedad ya fue archivada en julio de 2026 por prescripción. La empresa añadió que, por ese motivo, no puede sufrir pérdidas económicas ni perjuicios derivados de estas actuaciones.

Cuando el caso salió a la luz por primera vez, Campari negó cualquier implicación corporativa y Lagfin sostuvo que actuó con la convicción de que su conducta se ajustaba a la legalidad. La petición de la Fiscalía no supone la apertura automática del juicio. Un juez debe fijar ahora una vista preliminar y, al término de esa fase, decidirá si envía a los acusados a juicio o archiva el caso.

Garavoglia, de 57 años, preside Campari desde 1994 y es el principal accionista del grupo a través de sus participaciones en Lagfin. La evolución del procedimiento puede tener efecto en la situación personal de los directivos investigados, aunque por el momento no altera el acuerdo tributario ya alcanzado por la sociedad con las autoridades italianas.