Lunes 17 de Agosto de 2026
La administración de Javier Milei impulsa en Argentina un proyecto de ley para modificar la Ley General del Vino (14.878), con cambios en la definición legal del producto y en el sistema de control sobre su elaboración. La iniciativa llega después de la desregulación aplicada a finales de 2025 en varias normas del sector y del recorte de financiación al organismo vitivinícola nacional COVIAR.
La reforma forma parte de la agenda de desregulación del Ejecutivo y altera varios puntos de la normativa vigente. Entre ellos figuran una nueva redacción sobre qué puede considerarse vino, una reducción de los controles del Instituto Nacional de Viticultura (INV), la eliminación de la obligación de embotellar en origen y la autorización de nuevas prácticas y mezclas vitivinícolas.
Uno de los cambios de más alcance afecta a la propia producción. La legislación actual exige que el vino se obtenga por fermentación de uvas frescas y maduras o de mosto de uva fresco producido en la misma zona de producción. El proyecto elimina la referencia a las “uvas frescas” en el mosto y suprime la exigencia de que la elaboración se haga en el lugar de la cosecha.
Los sectores críticos con la iniciativa sostienen que esa modificación abriría la puerta a vinos elaborados a partir de mostos almacenados o concentrados durante todo el año. A su juicio, ese cambio alteraría la dinámica de la vendimia y los precios que reciben los productores, al debilitar la relación entre cosecha, elaboración y origen de la materia prima.
El texto también reduce la intervención del INV, el organismo nacional encargado de supervisar la actividad vitivinícola. Si la ley sale adelante, el instituto dejaría de actuar en etapas intermedias del proceso y centraría sus controles en el producto ya embotellado. Ese esquema daría más peso a las declaraciones juradas presentadas por las bodegas.
Dentro de esa misma revisión aparece el Certificado de Entrada de Uva (CIU), una herramienta de trazabilidad usada para seguir el recorrido de la uva desde su entrada en bodega. La propuesta prevé eliminar ese certificado o convertirlo en un requisito opcional, con lo que el seguimiento previo a la elaboración final perdería parte de los controles actuales.
Otra de las modificaciones afecta a una exigencia en vigor desde 1984. El proyecto deroga la obligación de embotellar y realizar las mezclas en origen, una regla que hasta ahora vinculaba esas operaciones con la zona de producción y con el sistema de fiscalización. Con el cambio, ambas prácticas podrían hacerse fuera del lugar de procedencia.
La iniciativa se suma a una revisión más amplia de las reglas del sector vitivinícola argentino. A finales de 2025, el Gobierno ya había promovido la eliminación o flexibilización de varias disposiciones sobre la producción de vino. En paralelo, COVIAR perdió financiación pública, lo que redujo el peso institucional de uno de los organismos del sector.
La propuesta, además, elimina la categoría de vino regional y autoriza la mezcla de vinos importados con producción nacional.