Jueves 13 de Agosto de 2026
Unió de Pagesos, La Unión de Extremadura y La Unió Llauradora se han adherido al frente común del sector productor del viñedo y el vino ante las primeras propuestas de compra de uva para esta vendimia. Las tres organizaciones advirtieron este jueves, 13 de agosto, de que no aceptarán que la crisis vuelva a recaer sobre los viticultores y rechazaron unos precios que consideran muy inferiores a los costes de producción.
Las entidades sitúan el foco en los primeros importes que, aseguran, ya circulan en el sector, en especial en el ámbito de la DO Cava. A su juicio, esas cifras chocan con los costes de referencia fijados por el Instituto Catalán de la Viña y el Vino (INCAVI), que sitúa la producción entre 0,53 y 0,56 €/kg.
Entre los precios que mencionan figuran propuestas en torno a 0,30 €/kg para Jaume Serra, del Grupo García Carrión; alrededor de 0,25 €/kg para Celler Can Pagès; y cerca de 0,30 €/kg para Vins Font. Las organizaciones sostienen que, si esas cantidades se confirman, en algunos casos quedarían prácticamente en la mitad del coste de producción de referencia y volverían a trasladar al agricultor las tensiones económicas y comerciales del sector.
El rechazo no se limita al precio anunciado. Las organizaciones agrarias alertan también de fórmulas comerciales que, a su entender, rebajan el importe medio realmente cobrado por el productor. Señalan que en algunos casos solo cerca del 70% de la uva se pagaría al precio difundido, mientras que el 30% restante podría abonarse a 0,12 €/kg.
Por ese motivo, avisan de que no aceptarán que se presente públicamente una cifra que luego se reduzca mediante porcentajes, límites de kilos u otras condiciones comerciales. Su posición es que el precio medio final percibido por el viticultor no puede quedar por debajo de lo anunciado ni, en ningún caso, de su coste efectivo de producción.
Las tres organizaciones encuadradas en Unión de Uniones sostienen que esta vendimia puede marcar un punto de inflexión para el sector. Recuerdan que durante años se ha pedido a los viticultores profesionalización, calidad, sostenibilidad, inversiones, adaptación al cambio climático y compromiso con el territorio. A su juicio, esas exigencias son incompatibles con pagar la uva por debajo de los costes.
En su valoración, no puede haber sostenibilidad ambiental sin viabilidad económica para las explotaciones. Tampoco ven posible mantener el prestigio de los vinos y cavas si quien cultiva la viña no puede vivir de su trabajo. Por eso piden a bodegas y grandes compradores que rectifiquen antes de hacer públicas sus condiciones de compra para esta campaña.
Las entidades aseguran además que harán públicos los precios oficiales en cuanto dispongan de ellos, con especial atención a los que queden por debajo de las referencias del INCAVI y a las fórmulas que rebajen la media del conjunto de la uva adquirida. Su intención es dar visibilidad tanto a las tarifas como a las condiciones de compra que alteren el precio final.
También recuerdan que la Ley de la cadena alimentaria establece que el precio percibido por el productor debe ser superior a su coste efectivo de producción. En esa línea, advierten de que denunciarán los incumplimientos que detecten.
La crítica de las organizaciones no se limita al cava. Según explican, el mismo problema aparece en variedades tintas amparadas por denominaciones de origen tanto dentro como fuera de Cataluña. Añaden que el mercado no está valorando esas variedades y que, en algunos casos, resulta incluso difícil encontrarles salida, pese a que fueron las propias bodegas las que promovieron esas plantaciones.
Ese escenario ha llevado a Unió de Pagesos, La Unión de Extremadura y La Unió Llauradora a pedir el arranque social de viñedos como una medida para adecuar la producción a la demanda. Junto a esa petición, reclaman a bodegas, empresas elaboradoras y compradores que actúen con responsabilidad y avisan de que el sector productor se mantendrá unido para evitar que el futuro del viñedo se construya a costa de la ruina de quienes lo cultivan.