Lunes 19 de Enero de 2026
La Junta de Andalucía ha aprobado las nuevas bases reguladoras para la concesión de ayudas a inversiones forestales no productivas, con el objetivo de reforzar la prevención de incendios y la mejora ambiental de los montes. Estas ayudas, enmarcadas en el Plan Estratégico de la PAC 2023-2027 y financiadas por el FEADER, están dirigidas a titulares privados de terrenos forestales. El propósito es reconocer el papel de los montes en la lucha contra el cambio climático, la conservación de la biodiversidad, la protección del suelo y del agua, así como la prestación de servicios ecosistémicos.
Las bases reguladoras se dividen en dos líneas de ayuda. La primera está orientada a inversiones para la prevención de daños por incendios forestales, con el fin de reducir la vulnerabilidad de los montes y reforzar su capacidad de resistencia. La segunda línea se centra en actuaciones selvícolas con objetivos ambientales, como la mejora de la estructura y diversidad de las masas forestales, la adaptación al cambio climático, repoblaciones, desbroces, tratamientos selvícolas, apoyo a la regeneración natural, cortas sanitarias y la redacción o revisión de instrumentos de ordenación forestal.
Ambas líneas de ayuda se conceden en régimen de concurrencia competitiva, con una puntuación máxima de 100 puntos. Las ayudas pueden cubrir hasta el 100 % de la inversión subvencionable, con un límite de 2.500 euros por hectárea. La certificación forestal sostenible, como la PEFC, se mantiene como un criterio de valoración clave para acceder a estas ayudas. En la línea de actuaciones selvícolas con objetivos ambientales, la certificación puede aportar hasta 25 puntos para fincas de más de 400 hectáreas y hasta 20 puntos para fincas de menor superficie.
Además de la certificación, las bases reguladoras incluyen otros criterios de priorización. Entre ellos se encuentran la ubicación de la finca en la Red Natura 2000 (hasta 25 puntos), la inclusión en parques naturales (hasta 5 puntos), la localización en municipios con riesgo de despoblación (entre 5 y 10 puntos), la existencia de instrumentos de ordenación forestal aprobados (hasta 20 puntos en fincas de menor tamaño), la presencia en áreas de conservación de especies protegidas (hasta 15 puntos) y la suscripción de convenios con la administración ambiental.
Este sistema de valoración refuerza la importancia de la planificación y la gestión activa de los montes. La certificación forestal se sitúa como uno de los elementos con mayor capacidad para mejorar la posición de las solicitudes en el proceso competitivo. Así, se reconoce el compromiso de los propietarios forestales con una gestión planificada, responsable y verificable.
En Andalucía, la certificación forestal sostenible PEFC cuenta con 298.492 hectáreas certificadas, de las cuales 186.846 son privadas y están gestionadas por 266 propietarios forestales. La priorización de la certificación en las ayudas reconoce el esfuerzo de quienes ya gestionan sus montes de forma sostenible y señala esta vía como una opción para otros propietarios interesados en mejorar su gestión y su acceso a las ayudas públicas.
Las bases reguladoras de estas ayudas fueron publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA nº 240, de 15 de diciembre de 2025). La convocatoria concreta, que establecerá los plazos y el presupuesto disponible, será publicada próximamente por la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente. Con estas medidas, Andalucía avanza en la aplicación de políticas públicas que ponen en valor la gestión forestal sostenible, refuerzan la prevención de incendios y reconocen el papel de los propietarios forestales como gestores activos del territorio y proveedores de servicios ecosistémicos, en línea con los principios promovidos por la certificación PEFC.