Jueves 15 de Enero de 2026
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha pedido otra vez a los gobiernos que aumenten de forma considerable los impuestos sobre las bebidas alcohólicas. Esta vez la petición se recoge en dos informes internacionales publicados esta semana, donde la OMS señala que los precios del alcohol en la mayoría de los países no han seguido el ritmo de la inflación ni del crecimiento de los ingresos. Según la organización, esta situación ha hecho que el alcohol sea más asequible y que aumente su consumo, lo que a su vez está relacionado con un mayor número de enfermedades no transmisibles, lesiones y episodios de violencia.
En la actualidad, 167 países aplican algún tipo de impuesto al alcohol. Sin embargo, la OMS indica que desde 2022 el alcohol se ha vuelto más accesible en muchos mercados. El informe detalla que los impuestos especiales sobre el alcohol siguen siendo bajos a nivel internacional: el impuesto medio representa alrededor del 14% del precio de la cerveza y el 22,5% del precio de las bebidas espirituosas. En el caso del vino, al menos 25 países —la mayoría en Europa— no aplican ningún tipo de gravamen.
La OMS también subraya que pocos gobiernos ajustan estos impuestos de manera regular según la inflación. Esto provoca que, con el paso del tiempo, los precios reales del alcohol disminuyan y su acceso sea más fácil para la población.
La organización insta a los responsables políticos a reforzar y rediseñar los impuestos sobre el alcohol como parte de su iniciativa ‘3 by 35’, presentada el año pasado. Este plan busca aumentar los precios reales del alcohol, el tabaco y las bebidas azucaradas para el año 2035. La OMS sostiene que unos impuestos más altos pueden reducir el consumo perjudicial y aportar ingresos adicionales a los sistemas sanitarios, que actualmente sufren una presión financiera cada vez mayor.
El informe recuerda que el consumo excesivo de alcohol está vinculado a problemas graves de salud pública y supone un gasto importante para los servicios sanitarios. La OMS anima a los gobiernos a considerar estas medidas fiscales como una herramienta eficaz para mejorar la salud pública y reforzar la financiación sanitaria.