La bodega de la familia del conselleiro de Empleo, sancionada por emplear temporeros sin papeles

La bodega de la familia del conselleiro de Empleo, Comercio y Emigración de la Xunta, José González Vázquez, ha sido sancionada por la utilización de trabajadores migrantes sin permiso de residencia y trabajo durante la vendimia de 2025 en la denominación de origen Ribeiro, en Ourense. La actuación parte de una inspección de oficio en la que se constató la presencia de dos empleados de origen africano en situación irregular.

La propuesta de sanción se dirige contra Viña Campiñas, S.L., sociedad del grupo familiar encargada de la gestión de los viñedos con los que se elabora el vino de Casal de Armán. Un portavoz del grupo empresarial ha confirmado esa circunstancia. La Inspección de Trabajo, dependiente del Gobierno central, no ha precisado la cuantía de la multa.

La normativa prevé sanciones de entre 10.000 y 100.000 euros por cada trabajador irregular localizado en un centro de trabajo. Si existe reincidencia o se aprecian supuestos de explotación laboral grave, los hechos pueden derivar también en la vía penal.

Casal de Armán fue fundada por el padre del actual conselleiro. Tras su fallecimiento, la propiedad pasó a sus hijos. José González Vázquez declaró en 2016 ante el Parlamento de Galicia que era propietario de terrenos y socio de la bodega junto a sus hermanos. Su participación procedía de esa herencia y, de acuerdo con esa misma información patrimonial, dejó de formar parte de la empresa en 2018, cuando ya estaba integrado en el Gobierno gallego. Primero ocupó la Consellería de Medio Rural y después asumió el departamento de Trabajo.

La empresa sostiene que las contrataciones de temporeros sin papeles se hicieron a través de una empresa de trabajo temporal ajena al grupo y afirma que, cuando conoció las irregularidades, presentó una denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Sobre la responsabilidad empresarial, añade que, aunque la contratación del personal la realizó esa ETT, la Inspección dirigió la actuación contra la sociedad que encargó el servicio.

La Xunta ha evitado entrar en valoraciones sobre el caso. A través de un portavoz del conselleiro, el Ejecutivo gallego ha trasladado que cualquier trabajador que desempeñe su actividad en Galicia debe estar dado de alta en la Seguridad Social y que las empresas tienen la obligación de cumplir toda la normativa laboral también durante la vendimia.

Las últimas cuentas disponibles reflejan el peso económico de las sociedades vinculadas a la familia. Viña Campiñas, constituida en 2022 y dedicada a actividades de apoyo a la agricultura, facturó 715.463,12 euros en 2025. Ese ejercicio declaró una plantilla media de 10,3 trabajadores, frente a los 12,4 de 2024. Las cuentas aparecen firmadas por Juan Luis González Vázquez, hermano del conselleiro, en representación de Rectoral de San Andrés, la sociedad patrimonial del grupo.

Bodegas Casal de Arman, S.L., la sociedad de la bodega, superó los 3 millones de euros de facturación en 2025. Ese mismo año su plantilla media no llegó a cuatro empleados. En sus cuentas figura la existencia de operaciones con partes vinculadas, aunque sin más detalle, y también la recepción de subvenciones por 3.500 euros para el Kit Digital y por 17.407,96 euros del Igape para la financiación de uvas.

La propietaria última tanto de la bodega como de Viña Campiñas es Rectoral de San Andrés, S.L., constituida en 2003. El administrador único es Juan Luis González Vázquez. En 2025 esa sociedad declaró alrededor de cinco empleados.

No es la primera polémica que afecta a Casal de Armán. En mayo de 2015 la empresa levantó un salón de eventos con estructuras prefabricadas junto a sus viñas y a la casa de turismo rural que explota en la zona. La instalación carecía de permisos municipales y autonómicos, y la Dirección Xeral de Patrimonio de la Consellería de Cultura ordenó su demolición por el “tremendo impacto” sobre el entorno.

Los recursos y alegaciones presentados desde entonces han mantenido el asunto pendiente de resolución administrativa. Mientras tanto, el holding de la familia conserva en pie ese salón de eventos y tramita permisos para ampliar sus instalaciones de hostelería en una parte de la finca clasificada como suelo rústico.