Cádiz
Martes 03 de Abril de 2012
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Los administradores concursales dieron ayer a conocer el listado completo con nombre y apellidos de los afectados para la extinción de los contratos de un total de 85 trabajadores en el conjunto del Grupo Garvey, el 53% de su plantilla.
La relación de afectados de las otras dos bodegas sujetas a la antigua suspensión de pagos ya había sido notificada con anterioridad por parte de los administradores de sus concursos.
A partir de ahora, los administradores y los representantes de los trabajadores de las cuatro bodegas tendrán que acordar el calendario del periodo de consultas para la búsqueda de un acuerdo satisfactorio entre las partes sobre las propuestas de ERE.
El plan de sostenibilidad elaborado por Back in Business, sociedad vinculada al controvertido empresario valenciano Ángel de Cabo, apuntaba a la necesidad de acometer una reestructuración del personal de las cuatro bodegas Garvey para garantizar la actividad futura del grupo.
Bajo la premisa de mantener el mayor número posible de puestos de trabajo en función de los recursos disponibles y de los planes de negocio de la compañía, la actual propietaria de Nueva Rumasa elaboró una relación del personal imprescindible, para la que tuvo en cuenta los criterios de capacitación, experiencia, conocimiento, proyección profesional y coste de todos los componentes de las bodegas concursadas.
El cálculo de la indemnización para el personal afecto al ERE se realizó por veinte días de año trabajado y con un límite máximo de una anualidad, indemnizaciones a los que Nueva Rumasa anunció que haría frente con los recursos propios de la compañía.
Los expedientes de regulación de empleo de las bodegas del Grupo Garvey afectan a trabajadores de todas las categorías, desde las más bajas adscritas a las labores de la viña y la producción a las más altas vinculadas a la dirección, pasando por los departamentos comercial y de administración.
Ningún área está exenta en el proceso de reestructuración de la plantilla emprendido por la compañía, en el que tampoco se ha tenido en cuenta si los trabajadores afectados ostentan representación sindical.
En cuanto a los puestos de responsabilidad, la mayoría desempeñados por directivos en nómina, el plan contempla una reducción salarial del 15 por ciento que en ningún caso podrá aplicarse al resto de la plantilla.
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