Australia cifra en 1.230 millones la pérdida fiscal por el alcohol ilegal

Este lunes, 9 de noviembre, la Oficina Tributaria Australiana (ATO) confirmó que el mercado ilícito de alcohol sigue ganando peso en Australia y situó la brecha fiscal del sector en 1.230 millones de dólares australianos en el ejercicio 2024-2025. Esa brecha mide los impuestos especiales y aranceles aduaneros que el Estado deja de ingresar por producción ilegal, ventas no declaradas y otros incumplimientos.

La ATO calcula que esa pérdida equivale ya a casi el 14% del mercado. La cifra, además, se ha más que duplicado desde 2015-2016, con un aumento de 685 millones de dólares australianos hasta los 1.230 millones actuales. El dato confirma que una parte relevante del negocio del alcohol se está desplazando fuera del circuito fiscal y regulatorio.

Al mismo tiempo, el Gobierno federal ha renunciado a unos 2.300 millones de dólares australianos de ingresos previstos por bebidas espirituosas en los cuatro años que van de 2024-2025 a 2027-2028. Para la industria, esa corrección en las previsiones refleja también una caída del tamaño del mercado legal de los espirituosos.

Steven Fanner, director ejecutivo de Spirits Council of Australia, sostuvo que las cifras de la ATO refuerzan lo que el sector llevaba tiempo advirtiendo: que el problema del alcohol ilícito está impulsado por una presión fiscal muy alta, por vacíos en las normas tributarias y por una regulación insuficiente. En sus palabras, los productores que sí cumplen ven cómo sus productos quedan por detrás de alcohol barato, de baja calidad y libre de impuestos.

Fanner añadió que la situación tiene varias consecuencias a la vez. Por un lado, la Hacienda australiana pierde más de 1.000 millones de dólares australianos al año. Por otro, los elaboradores que operan dentro de la ley soportan una mayor presión comercial. Y, además, los consumidores quedan expuestos a bebidas cuya procedencia y composición ofrecen menos garantías.

El responsable de Spirits Council of Australia pidió al Gobierno que revise el impuesto sobre los espirituosos, fijado en 110,15 dólares australianos por litro de alcohol. La organización asegura que es la tasa más alta del mundo fuera de Escandinavia. Esa carga fiscal, defiende el sector, alimenta el trasvase de parte de la demanda hacia productos que escapan al control de las autoridades.

La patronal también puso el foco en el esquema Alcohol Manufacturer’s Remissions (AMR), una exención fiscal de 400.000 dólares australianos para destilerías. Fanner afirmó que el mecanismo está siendo aprovechado por entidades que no destilan producto, sino que simplemente mueven alcohol sin impuestos por el mercado. A su juicio, eso está desdibujando la separación entre operadores legales y operadores ilícitos.

La propia organización añade que el programa AMR cuesta ya al Estado casi tres veces más de lo que se esperaba cuando fue introducido en 2021 por el Gobierno de Morrison. Para Spirits Council of Australia, la combinación de una exención más cara de lo previsto, una brecha fiscal superior a 1.000 millones de dólares australianos y unos menores ingresos por ventas legales muestra que el diseño del sistema necesita cambios.

El debate va más allá de los espirituosos. En el negocio de las bebidas alcohólicas, la evolución de los impuestos especiales y de las ayudas fiscales puede alterar precios, márgenes y recaudación, además de mover ventas desde los canales regulados hacia otros fuera de control. Por eso, la discusión sobre la fiscalidad del alcohol en Australia afecta a productores, distribuidores y administraciones, y también abre una cuestión de seguridad para el consumidor cuando parte del mercado se alimenta de producto sin supervisión pública.

Fanner pidió actuar cuanto antes para evitar que el alcohol repita errores ya vistos en el tabaco. La ATO, con sus nuevas cifras, ha puesto números a un problema que une pérdida de ingresos públicos, presión sobre el mercado legal y un mayor espacio para operadores que quedan al margen de las normas fiscales.