Kenia tramita una ley que impone trazabilidad digital a todo el alcohol del país

Kenia tramita un proyecto de ley que endurecería el control del alcohol y del tabaco con una batería de medidas que incluye la trazabilidad digital de todas las bebidas alcohólicas fabricadas o importadas en el país, nuevas reglas de envasado para el chang’aa y la prohibición de la shisha y de las bolsitas de nicotina. La iniciativa, promovida por el líder de la mayoría en la Asamblea Nacional, Kimani Ichung’wah, inició su recorrido parlamentario con una primera lectura el pasado 5 de noviembre.

El texto, denominado Alcoholic Drinks and Drugs Control Laws (Amendment) Bill, 2026, aún debe pasar por participación pública, debate parlamentario y eventuales cambios antes de llegar a votación y, en su caso, recibir la sanción presidencial. Por ese motivo, ninguna de las sanciones o restricciones propuestas está en vigor.

Una de las novedades con más alcance para el negocio de bebidas es la creación de un sistema digital de seguimiento y trazabilidad para todo el alcohol producido en Kenia o introducido desde el exterior. De salir adelante, la obligación alcanzaría a fabricantes, importadores, exportadores, distribuidores, minoristas y proveedores, que tendrían que ajustarse a las reglas que fije la normativa de desarrollo.

Ichung’wah sostiene que esa tecnología permitiría rastrear el origen y la fecha de fabricación de una bebida sospechosa de haber causado muertes u otros daños. La idea, en términos prácticos, es que las autoridades puedan seguir el recorrido del producto dentro de la cadena comercial e identificar con más rapidez tanto al fabricante como los canales de distribución de partidas peligrosas o falsificadas.

Para productores de vino, cerveza y licores, así como para importadores y comercios que operan en Kenia, esa medida puede traducirse en nuevas exigencias de control y en un posible aumento del coste de cumplimiento. La implantación de códigos, registros y sistemas de verificación suele exigir cambios operativos también para distribuidores y tiendas, aunque el alcance exacto dependerá del reglamento que acompañe a la ley si finalmente sale adelante.

El proyecto dedica un apartado específico al chang’aa, un destilado local. Si la ley se aprueba en sus términos actuales, solo podrá venderse en botellas de vidrio con tapón no rellenable. Además, cada envase deberá llevar una etiqueta con un elemento de seguridad único del fabricante para que consumidores y autoridades puedan comprobar su autenticidad. La propuesta endurece la norma vigente, que ahora permite fabricar, envasar, vender o distribuir chang’aa y otros destilados en vidrio, envases de tereftalato de polietileno, conocido como PET, o recipientes metálicos.

El mismo proyecto prohíbe fabricar, vender y promocionar shisha. También veta permitir, facilitar, fomentar o alentar su consumo y el uso de bolsitas de nicotina en el país. La sanción prevista para quien incumpla estas reglas llega hasta 5 millones de chelines kenianos (Sh5 millones), una pena de prisión de hasta diez años o ambas. La definición incluida en el texto describe la shisha como un producto de tabaco con o sin sabor que puede contener melaza, miel, glicerol vegetal u otros aromas naturales o artificiales.

Las autoridades sanitarias kenianas llevan tiempo advirtiendo sobre los riesgos asociados a ese consumo. La Autoridad Nacional para la Campaña contra el Abuso de Alcohol y Drogas, NACADA por sus siglas en inglés, ya había avisado de que el humo de la shisha contiene sustancias nocivas como monóxido de carbono y alquitrán.

El endurecimiento no se limita a la shisha. El proyecto eleva también las penas por fumar en lugares prohibidos. La multa máxima pasaría de 50.000 a 100.000 chelines kenianos y la pena máxima de cárcel subiría de seis a doce meses, o ambas. Entre los espacios afectados figuran centros de trabajo, juzgados, hospitales y otros centros sanitarios, colegios, lugares de culto, vehículos de transporte público, aeropuertos, estaciones de tren, centros comerciales, mercados e instalaciones deportivas.

Los comercios que vendan cigarrillos en paquetes con menos de diez unidades también verían aumentadas las sanciones. La multa máxima planteada sube a 100.000 chelines kenianos y la pena de prisión máxima llega a un año. El texto amplía además los requisitos mínimos de envasado a otros productos del tabaco que determine la normativa y eleva de 500.000 a 1 millón de chelines kenianos la multa por publicidad engañosa relacionada con el tabaco, mientras mantiene la pena de prisión actual de tres años.

La Asociación de Bebidas Alcohólicas de Kenia, ABAK, ya ha pedido la retirada del proyecto. La patronal sostiene que, en su redacción actual, la norma podría provocar miles de pérdidas de empleo y añadir más cargas de cumplimiento a las empresas legales. También advierte de que unas restricciones excesivas pueden empujar a parte de los consumidores hacia alcohol ilícito e inseguro, lo que, a su juicio, iría en contra de la protección de la salud pública.

ABAK asegura que comparte la necesidad de combatir las bebidas ilegales, pero reclama medidas proporcionadas, basadas en pruebas y elaboradas tras consultas reales con gobiernos de condado, empresas y actores de salud pública. La Asamblea Nacional ha habilitado un cauce para presentar observaciones ciudadanas mientras continúa el examen parlamentario del texto.