El Supremo de Estados Unidos revisará la prohibición federal de destilar alcohol en casa

El Tribunal Supremo de Estados Unidos acordó este lunes, 19 de octubre, revisar la prohibición federal de destilar bebidas alcohólicas en casa, una práctica vetada por la legislación federal desde la década de 1920. La decisión abre un proceso con posible impacto sobre el marco regulador de los destilados y sobre el alcance del poder del Congreso para justificar restricciones ligadas a la recaudación de impuestos especiales.

El caso parte de Ohio y tiene como protagonista a John Smith, un aficionado a la destilación al que se acusa de vulnerar la prohibición federal de producir bebidas espirituosas sin licencia. Smith sostiene que esa restricción vulnera sus derechos constitucionales a la privacidad y a la propiedad, al impedirle elaborar destilados para uso doméstico sin permiso administrativo.

La admisión del recurso no supone un pronunciamiento sobre el fondo del litigio, pero sí sitúa la cuestión en el máximo nivel judicial del país. La norma que ahora revisará el Supremo se remonta a la etapa de la Ley Seca y, de acuerdo con la información conocida sobre el caso, apenas había sido cuestionada ante ese tribunal en términos semejantes.

El eje del debate jurídico está en si el Gobierno federal puede mantener una prohibición tan amplia sobre la destilación casera dentro de una vivienda o de sus dependencias anexas, y si esa limitación queda amparada por sus competencias fiscales y regulatorias. En Estados Unidos, los destilados están sometidos a impuestos especiales federales y a un sistema de licencias, una de las bases habituales del control público sobre esta actividad.

Smith defiende que elaborar alcohol en pequeñas cantidades para consumo privado entra dentro de su esfera doméstica y de su derecho a usar su propiedad. Quienes apoyan una rebaja de estas restricciones afirman que la destilación casera, si se realiza de forma responsable, no entraña por sí misma un perjuicio público y podría incluso favorecer pequeñas iniciativas artesanales.

Frente a esa posición, los partidarios de mantener la prohibición ponen el foco en dos riesgos. El primero es la seguridad, por la posibilidad de elaborar alcohol sin controles técnicos ni sanitarios. El segundo es la pérdida de ingresos tributarios, un argumento con peso histórico en la regulación de los destilados y que explica buena parte de la vigilancia federal sobre su producción.

La decisión del Supremo llega en un momento en el que varias normas antiguas sobre alcohol vuelven a examinarse a la luz de derechos constitucionales y de los límites de las agencias y del Congreso. Aunque este litigio se centra en bebidas espirituosas, su alcance puede ir más allá del caso particular de Smith. Si el tribunal acota o amplía la base jurídica de la prohibición, el fallo podría influir en futuras discusiones sobre licencias, producción doméstica y capacidad federal de regular actividades vinculadas al negocio de las bebidas.

Para el sector, la causa interesa por una razón adicional. La destilación está más controlada que otras ramas de la industria alcohólica por su relación directa con los impuestos especiales y por los riesgos asociados al proceso. Un cambio en la interpretación del Supremo podría reabrir el debate sobre hasta dónde puede llegar Washington al regular la elaboración casera de licores y qué margen queda a los estados o a los particulares.

La vista oral se espera para los primeros meses de 2027 y la sentencia se prevé antes de que termine el actual periodo del tribunal. Hasta entonces, la prohibición federal sigue en vigor y la causa de Ohio pasa a ser una referencia para medir cómo quiere el Supremo revisar una de las restricciones más antiguas del sistema estadounidense sobre alcohol.