Italia prohíbe en el vino las etiquetas verdes sin pruebas

Italia aplica desde el 27 de septiembre una nueva normativa contra el “greenwashing” que cambia la forma en la que las bodegas y las empresas de destilados pueden comunicar sus mensajes ambientales. La norma incorpora la directiva europea 2024/825 y obliga a que cualquier afirmación sobre el impacto ambiental de un vino o de una bebida espirituosa sea concreta, veraz y comprobable. El Ministerio de Agricultura italiano, dirigido por Francesco Lollobrigida, presentó la medida como una protección para el derecho de los ciudadanos a recibir información transparente y para el valor económico de las empresas que invierten de verdad en el respeto al medio ambiente.

La regulación afecta de lleno al vino. Marco Giuri, abogado del Studio Giuri de Florencia y especialista en normativa vitivinícola, resume el cambio en una idea: desde el 27 de septiembre ya no bastan las fórmulas genéricas en etiquetas, envases, páginas web o publicidad. Si una empresa quiere comunicar una ventaja ambiental, debe apoyarla en datos concretos y verificables. Un mensaje como “nuestra empresa respeta el medio ambiente”, “vino verde” o “grappa sostenible” deja de ser válido por sí solo, incluso si la bodega considera que responde a su actividad real. La nueva exigencia es otra: acompañar ese mensaje con un dato preciso, como el porcentaje de energía que procede de paneles solares propios y el año al que corresponde esa cifra.

La norma también limita con claridad algunas expresiones que se habían extendido en la comunicación comercial. Giuri explica que no podrá afirmarse que un producto tiene “impacto cero” o es “carbon neutral” si ese resultado depende de la compra de créditos de compensación. Tampoco será posible colocar sellos, logotipos o distintivos ambientales creados por la propia empresa si no cuentan con certificación pública o de un tercero independiente. Otra práctica vetada será atribuir al vino en su conjunto una cualidad que solo afecta a una parte del producto o de su presentación, como anunciarlo como “reciclable” cuando en realidad esa condición se limita a la botella.

La ley italiana también pone límites a las promesas a futuro. Una empresa no podrá anunciar, por ejemplo, que llegará a emisiones cero en 2030 si no dispone de un plan verificable y de controles independientes. Del mismo modo, no podrá presentar como mérito propio aquello que ya es una obligación legal para todos los operadores. El objetivo es impedir que el consumidor reciba mensajes que puedan inducir a error sobre el comportamiento ambiental real de una marca.

El alcance de la norma es amplio y no deja fuera al sector. Según Giuri, se aplica a todas las declaraciones ambientales dirigidas al consumidor y comprende vino, espumosos, grappa y otros destilados. No existe una exención específica para estas bebidas. La regulación alcanza a las botellas, las cajas y otros embalajes, las etiquetas y contraetiquetas, las webs corporativas, el comercio electrónico, los catálogos, la publicidad y, en general, cualquier comunicación empresarial que ponga en valor características ambientales del producto o del proceso de elaboración.

Aunque la entrada en vigor se fijó en el 27 de septiembre, la aplicación práctica sobre la producción arranca desde el 28 de septiembre. Las botellas producidas o envasadas antes de esa fecha pueden seguir en el mercado en las condiciones fijadas por las autoridades italianas. También las existencias de etiquetas y embalajes fabricados o comprados antes del 27 de septiembre pueden seguir utilizándose en determinados supuestos. El horizonte orientativo para esa adaptación es de seis meses, lo que sitúa la referencia en el próximo 27 de marzo de 2027. Aun así, la empresa debe corregir o completar la información que no se ajuste a la nueva norma, por ejemplo mediante adhesivos, carteles en el punto de venta o avisos en canales online.

Ese periodo transitorio no equivale, según Giuri, a una autorización general para agotar cualquier stock sin cambios. El abogado recuerda que la gradualidad solo ampara afirmaciones que eran lícitas con la regulación anterior. Si un mensaje ya era engañoso antes del 27 de septiembre, no queda justificado por las dificultades de adaptación. Además, la carga de probar que una etiqueta o un embalaje fueron producidos o adquiridos antes de la fecha límite corresponde a la empresa. Por eso recomienda documentar cantidades, fechas de producción, pedidos previos y medidas correctoras adoptadas.

El vino introduce además una particularidad comercial. Muchas referencias, y en especial las reservas y añadas que permanecen largo tiempo en el mercado, pueden seguir vendiéndose bastante más allá de esos seis meses. Por ese motivo, Giuri aconseja corregir cuanto antes los elementos no conformes en ese tipo de productos, sin esperar al final del periodo orientativo. El ajuste puede hacerse con soluciones proporcionadas, pero debe hacerse.

El régimen sancionador es amplio. Las infracciones pueden considerarse prácticas comerciales desleales en virtud del Código de Consumo italiano, con intervención de la Autoridad Garante della Concorrenza e del Mercato, la Agcm. Las multas pueden ir desde 5.000 euros hasta 10 millones de euros, en función de la gravedad, la duración de la conducta y la situación económica de la empresa. En los casos de infracciones extendidas comprobadas conforme al artículo 21 del Reglamento UE 2017/2394, el máximo puede llegar al 4% de la facturación anual obtenida en Italia o en los Estados de la UE afectados. Si no se dispone del dato de facturación, el límite es de 2 millones de euros.

Junto a la sanción económica, la autoridad italiana puede ordenar el cese de la práctica y exigir que la resolución o una declaración rectificativa se publique a cargo de la empresa. Además, sigue abierta la vía civil para que otras compañías actúen por competencia desleal en aplicación del artículo 2598 del Código Civil italiano. Esa herramienta, recuerda Giuri, ya había sido utilizada por los tribunales italianos contra casos de greenwashing antes de la nueva disciplina.

El abogado plantea tres medidas inmediatas para los operadores sin añadir trámites innecesarios. La primera es revisar todo lo que la empresa comunica, desde la etiqueta hasta el comercio electrónico, para localizar qué afirmaciones ambientales usa de verdad. La segunda es corregir solo lo necesario: retirar los mensajes prohibidos, concretar los que resulten demasiado genéricos y conservar las pruebas de aquellos que se quieran mantener. La tercera es implantar una lista de control breve que sirva para aprobar cualquier nueva afirmación ambiental antes de publicarla. Con ese sistema, las bodegas y los destiladores pueden reducir el riesgo de sanciones y ajustar su comunicación a unas reglas que, en Italia, ya están plenamente en vigor.