Agricultura mueve ficha para blindar las ayudas al sector del vino

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha iniciado la tramitación de una modificación normativa para mantener en 2028 las ayudas de la Intervención Sectorial Vitivinícola, un instrumento que forma parte de la Política Agraria Común y cuya vigencia actual termina en 2027. El anuncio se trasladó este jueves, 11 de junio, a los representantes del sector vitivinícola durante una reunión en la que también se revisaron las medidas que España aplicará tras la entrada en vigor, en marzo, del nuevo paquete legislativo del vino aprobado por la Unión Europea.

Según explicó el ministerio en un comunicado, la decisión responde a la necesidad de dar continuidad a unas ayudas que requieren convocatorias con antelación. En algunos casos, esos pagos deben prepararse uno o dos años antes del ejercicio en el que se abonan. Por ese motivo, el departamento que dirige Luis Planas ha comenzado ya a adaptar la normativa nacional con el fin de prorrogar estas líneas más allá de 2027.

El ministerio recordó que la propuesta de reglamentos de la nueva PAC para el periodo 2028-2034, presentada por la Comisión Europea en julio de 2025, prevé que todas las intervenciones de esta política pasen a integrarse en el nuevo Plan de Asociación Nacional y Regional. En ese marco, Agricultura considera necesario asegurar una transición sin interrupciones para el sector del vino.

En la reunión participó la directora general de Producciones y Mercados Agrarios, Elena Busutil, que trasladó al sector el alcance del paquete legislativo europeo del vino que entró en vigor en marzo. De acuerdo con el ministerio, esa reforma incorpora medidas promovidas en parte por España y orientadas a resolver algunos de los principales problemas del sector.

Entre las novedades figura una mayor flexibilidad en el sistema de autorizaciones, cambios en la intervención de promoción en terceros países, exenciones del etiquetado nutricional y de la lista de ingredientes para los vinos destinados a exportación y un aumento de la financiación para facilitar la adaptación al cambio climático. El ministerio entiende que estas medidas pueden dar más margen de actuación a bodegas y productores en un momento marcado por una menor cosecha y por ajustes en los mercados exteriores.

Los últimos datos trasladados por Agricultura apuntan a una bajada de la producción en la campaña 2025/26. El volumen conjunto de vino y mosto se sitúa en 33,28 millones de hectolitros, un 10% menos que en la temporada anterior y un 15% por debajo de la media de las cinco últimas campañas. Esta reducción llega después de varios meses de seguimiento sobre el comportamiento del viñedo y sobre la evolución del mercado interior y exterior.

A cierre del pasado 30 de abril, las existencias finales de vino y mosto sin concentrar alcanzaban los 38,95 millones de hectolitros en España. La cifra supone un descenso del 2,5% respecto al mismo momento del año anterior y queda un 7% por debajo del promedio registrado en las cinco campañas previas para esa misma fecha. Estos datos muestran una menor disponibilidad almacenada, aunque todavía con volúmenes amplios dentro del sistema comercial.

En precios, el ministerio sitúa el valor medio del vino blanco en 50,13 euros por hectolitro en lo que va de campaña. Esa referencia está un 3,1% por encima del mismo periodo de la campaña anterior y un 29,6% sobre la media de las cinco últimas campañas. En el caso del vino tinto sin indicación geográfica, el precio medio alcanza los 49 euros por hectolitro, con una subida del 9,7% frente al mismo tramo del ejercicio previo y del 19,7% respecto al promedio quinquenal.

La evolución exterior mantiene una línea de ajuste. España exportó 18,3 millones de hectolitros en el último año móvil cerrado a marzo de 2026, lo que supone un descenso del 4,3% frente a los doce meses anteriores. En valor, las ventas al exterior sumaron 2.851 millones de euros, un 3,4% menos. Con estos datos sobre la mesa, el ministerio ha abierto con el sector una fase de trabajo centrada tanto en asegurar la continuidad de las ayudas como en adaptar las nuevas reglas europeas a la realidad productiva y comercial del viñedo español.