Martes 10 de Febrero de 2026
Este martes, 10 de febrero, el Parlamento Europeo ha aprobado una nueva legislación destinada a reforzar la protección y el apoyo a los productores de vino en la Unión Europea. La votación se ha saldado con 625 votos a favor, 15 en contra y 11 abstenciones. El texto ratifica el acuerdo provisional alcanzado con los Estados miembros el pasado 4 de diciembre de 2025.
La normativa introduce cambios en varios ámbitos para responder a los problemas que afrontan los viticultores europeos y facilitar nuevas oportunidades de mercado. Uno de los puntos principales es la regulación clara del etiquetado para vinos desalcoholizados. A partir de la entrada en vigor de la ley, solo podrán llevar la mención “sin alcohol” junto con “0,0%” aquellos productos cuya graduación no supere el 0,05% de alcohol por volumen. Los vinos que tengan una graduación superior al 0,5% pero que hayan reducido al menos un 30% su contenido alcohólico respecto al estándar de su categoría deberán etiquetarse como “alcohol reducido”.
El paquete legislativo también contempla más fondos y flexibilidad para los productores ante situaciones adversas. En caso de desastres naturales graves, condiciones meteorológicas extremas o brotes de enfermedades en las plantas, los viticultores podrán recibir ayudas adicionales. Además, se permitirá el uso de fondos europeos para la eliminación de viñedos improductivos o afectados por enfermedades. El límite nacional para destinar fondos a la destilación de vino y a la vendimia en verde se fija en el 25% del total disponible para cada Estado miembro.
En cuanto al enoturismo y la promoción exterior, la nueva ley prevé un impulso económico para fomentar estas actividades. Los productores podrán acceder a financiación europea para iniciativas que promuevan el crecimiento económico en zonas rurales y den a conocer los vinos europeos en países fuera de la UE. Las actividades elegibles incluyen campañas informativas, publicidad, eventos, ferias y estudios sectoriales. La financiación europea podrá cubrir hasta el 60% del coste total, mientras que los Estados miembros podrán añadir hasta un 30% adicional para pequeñas y medianas empresas y un 20% para empresas grandes. Estas ayudas podrán concederse durante tres años y renovarse dos veces más, hasta un máximo de nueve años.
La eurodiputada Esther Herranz García (PPE, España), ponente del informe, ha explicado que esta ley supone una respuesta concreta a las dificultades actuales del sector vitivinícola europeo. Según Herranz García, las nuevas medidas permitirán utilizar fondos europeos para situaciones de crisis, mejorar las condiciones para actividades promocionales y aumentar la cofinanciación destinada a ayudar a los agricultores a adaptarse con mayor rapidez al cambio climático. También ha señalado que los Estados miembros contarán con más herramientas para afrontar los problemas que afectan al sector en diferentes regiones.
El acuerdo provisional debe ser ratificado por el Consejo antes de que las nuevas normas entren en vigor.