Un consultor argentino alerta del giro político del debate sobre fitosanitarios

El ingeniero agrónomo Gustavo Huesca Pérez, consultor y analista agropecuario argentino, sostiene que el debate sobre los fitosanitarios en Argentina ha dejado de centrarse en criterios técnicos para trasladarse al terreno territorial, social y político. En su análisis, afirma que la discusión ya no se produce de forma abstracta, sino en pueblos, municipios y juzgados, y que basta con observar lo que ocurre en Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires para entender una situación que, a su juicio, alcanza al conjunto del país.

Huesca Pérez enmarca su posición en una trayectoria profesional ligada durante décadas a esta materia. Explica que el asunto ha ocupado el 60% de su vida profesional y que lo conoce desde distintos ángulos. Señala que ha sido distribuidor de insumos agropecuarios, ha tenido una empresa de aplicación, ha sido productor y ha vivido en una zona rural como Bolívar, donde, indica, las aplicaciones se realizan en ocasiones muy cerca de la planta urbana. Añade además que trabajó profesionalmente en el Congreso de la Nación, asesorando al bloque de la UCR en materia agropecuaria, y que integró equipos de estudio y redacción de leyes vinculadas a la aplicación de fitosanitarios o agroquímicos.

Desde esa experiencia, el consultor considera que el debate se está desplazando de forma peligrosa hacia la política cuando, en su opinión, debería mantenerse en el plano técnico. Para sostener esa idea, aporta una comparación internacional sobre el uso de fitosanitarios por hectárea y año. Según sus datos, Argentina utiliza aproximadamente entre 3 y 4 kg por hectárea al año, frente a los 6 o 7 kg de Brasil, los 2 o 3 kg de Estados Unidos y los 3 o 5 kg de la Unión Europea. Con esas cifras, defiende que Argentina no es el país que más utiliza estos productos y que tampoco se sitúa fuera de los parámetros habituales en otras grandes áreas productivas.

El núcleo de su planteamiento está en cómo se aplican esos productos. Huesca Pérez diferencia entre una aplicación correcta, que sitúa en el 90% de los casos, y una aplicación mal realizada, que identifica como el origen del problema social. Como ejemplo de una práctica adecuada, describe un lote de soja en la zona núcleo con distancias a zonas pobladas respetadas, dosis dentro de marbete, cumplimiento total de las indicaciones técnicas, viento inferior a 10 km/h, maquinaria calibrada correctamente, aplicador autorizado, profesional responsable y disposición final correcta de envases, incluido el triple lavado. El resultado, afirma, es un control eficiente sin impacto fuera del lote, y sostiene que ese es el estándar real en la mayor parte del país.

Frente a ese escenario, expone un segundo caso en una zona periurbana donde no se respetan las distancias, el viento supera los 20 km/h, falta control de deriva, la aplicación se realiza en horario inadecuado, no se cumplen algunas indicaciones, la disposición final de envases no está resuelta y no intervienen ni un profesional responsable ni un aplicador técnico autorizado. Según su descripción, el resultado es la deriva hacia viviendas, la denuncia, una aplicación deficiente, el conflicto social y la judicialización. Asegura que este tipo de situaciones representa menos del 10% de los casos, pero explica casi el 100% del rechazo social.

El consultor añade un tercer supuesto: la ausencia de fitosanitarios y el abandono de tecnología. En un ensayo comparativo en maíz, indica que con fitosanitarios el rendimiento se sitúa entre 8 y 10 toneladas por hectárea, mientras que sin control de malezas las pérdidas oscilan entre el 30% y el 50%. A partir de ese ejemplo, concluye que prescindir de estas herramientas implica menos alimentos, más gastos y menor capacidad productiva.

Huesca Pérez vincula esa cuestión con la escala de la producción argentina. Afirma que el país produce alimentos para más de 400 millones de personas y sostiene que, sin fitosanitarios, las pérdidas por plagas, malezas y enfermedades pueden superar el 30% o el 40% de los cultivos. En su interpretación, eso se traduciría en menos producción, subida de precios, menos exportaciones y menos divisas para el país.

A partir de ahí, plantea que la población puede estar tranquila, pero bajo una condición: que se cumplan las normas. Su tesis es que el problema no reside en el sistema en sí, sino en los casos en los que algunos actores no cumplen las reglas. Por eso sitúa el punto crítico en la diferencia entre una mayoría de aplicaciones correctas y una minoría de malas prácticas con gran impacto público.

En concreto, sostiene que el 90% de las aplicaciones se hacen correctamente y que el 10% con fallos o malas prácticas genera el 100% del conflicto social. Entre los factores que, a su juicio, explican esa situación, cita controles desparejos según la zona, falta de capacitación en algunos aplicadores, ausencia de responsabilidad técnica, ordenanzas locales sin base técnica sólida y homogénea y escasa fiscalización real en algunos municipios. Su propuesta no pasa por prohibir ni por negar los problemas, sino por hacer cumplir todo lo que ya existe.

Para ilustrar esa situación, se detiene en tres provincias. En Córdoba, afirma que los conflictos en zonas periurbanas marcaron un punto de inflexión. Según expone, las restricciones a las aplicaciones, las zonas de exclusión y la judicialización han tenido un impacto productivo concreto, con pérdida de superficie efectiva y caída de rendimientos en áreas donde no se puede intervenir. Entre las consecuencias, menciona restricciones de aplicación, zonas de exclusión ampliadas, en algunos casos sin criterio técnico, y procesos judiciales. En términos productivos, cifra la pérdida de superficie efectiva en algunos partidos entre el 5% y el 15%, y las caídas de rendimiento en bordes no tratados en hasta el 30%.

En Santa Fe, especialmente en el sur de la provincia, Huesca Pérez sitúa el foco en el peso de la percepción social en las zonas rurales y urbanas. Señala que allí el debate se intensificó y que una de sus consecuencias ha sido la aparición de ordenanzas municipales con criterios distintos. Esa diversidad se traduce, según indica, en distancias de aplicación variables de 100 a 1.000 metros según la localidad. A su juicio, eso genera inseguridad jurídica para el productor, dificulta la planificación de las aplicaciones y eleva el gasto operativo en hasta 10 o 15 dólares por hectárea.

En la provincia de Buenos Aires, describe una realidad más heterogénea. Explica que conviven altos niveles de profesionalización con zonas donde el control es menor o inexistente. El resultado, sostiene, es que la gran mayoría de las prácticas se realiza correctamente, pero los desvíos, aunque minoritarios, terminan marcando la percepción pública. Reitera para este caso que más del 90% de las aplicaciones se realizan correctamente, mientras que menos del 10% genera casi todo el conflicto social.

El análisis también incorpora la actuación del Estado nacional. Huesca Pérez señala que el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, SENASA, ha avanzado en los últimos años con varias resoluciones que, en su opinión, elevan el nivel de control del sistema. Cita la Resolución 458/2025, que reformuló el registro de productos; la 843/2025, que estableció mecanismos de reevaluación permanente; la 214/2025, que reforzó los controles; y la 64/2026, orientada a la digitalización y la trazabilidad. Aun así, considera que, pese al fortalecimiento normativo, el conflicto no disminuye.

Para el consultor, esa persistencia revela un problema de fondo: no tanto la regulación como la capacidad de hacerla cumplir de manera uniforme. Entiende que la sociedad exige cada vez más transparencia y garantías, y que eso reduce el margen para los errores. En ese punto, sostiene que el sector agropecuario ya no puede limitarse a defender su papel por el volumen que produce, porque la pregunta social ya no es solo cuánto produce, sino cómo lo hace.

Huesca Pérez añade que esa cuestión no se resuelve únicamente con estadísticas o con datos técnicos, porque, según afirma, buena parte de la población no los interpreta de ese modo. En su opinión, la clave pasa por la confianza. Y advierte de que cada mala práctica, cada falta de control y cada error debilitan esa confianza y alimentan la duda pública. Cuando esa duda se instala, sostiene, la discusión deja de ser técnica y pasa a ser social y política.

Desde esa perspectiva, plantea que la decisión de fondo ya no es si usar o no fitosanitarios, sino si el sistema está dispuesto a garantizar, sin excepciones, que se utilicen bien. Su advertencia es que, si el propio sector no logra asegurar ese cumplimiento, otros actores terminarán fijando las reglas. En esa línea, resume su posición con una idea central: el problema no es qué se usa, sino si puede garantizarse cómo se usa.