Alicante acoge el primer encuentro internacional sobre cooperación entre indicaciones geográficas
Más de 600 asistentes debaten fraude, sostenibilidad y rentabilidad de los productos protegidos
sábado 7 de noviembre de 2026
Alicante acogió este jueves, 5 de noviembre, la apertura y este viernes, 6 de noviembre, la clausura de la Conferencia Internacional sobre el Fortalecimiento de los Proyectos de Cooperación en materia de Indicaciones Geográficas, organizada por Origen España y oriGIn con la colaboración de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO). La cita, celebrada en la sede de la EUIPO, reunió a representantes de más de 30 países y fue seguida por más de 600 asistentes.
Entre los participantes había responsables de oficinas de propiedad intelectual, consejos reguladores, asociaciones de productores y organismos internacionales. Las entidades organizadoras señalan que se trataba del primer encuentro internacional de estas características centrado de forma específica en la cooperación entre Indicaciones Geográficas. Estas figuras, entre ellas las denominaciones de origen protegidas y las indicaciones geográficas protegidas, identifican productos ligados a un territorio y a unas condiciones de producción y control, además de proteger esos nombres frente a usos indebidos en el mercado.
En la apertura participaron el director ejecutivo de la EUIPO, João Negrão; el presidente de oriGIn, Riccardo Deserti; el presidente de Origen España, Ángel Pacheco; y el exministro de Agricultura de Italia y exdiputado del Parlamento Europeo Paolo De Castro. Durante la sesión inicial, Negrão puso el acento en la capacidad de las Indicaciones Geográficas para crear empleo y apoyar a las comunidades locales.
Pacheco afirmó que, más allá de las diferencias entre países, estas figuras comparten una base común: miles de familias que mantienen modelos de producción tradicionales en zonas rurales. En sus palabras, conservar esa actividad económica, crear empleo, fijar población y llevar productos de calidad al mercado “no tiene precio”.
Deserti señaló que el sector opera con problemas ligados a la sostenibilidad, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la rentabilidad de las explotaciones, y defendió una nueva etapa de cooperación entre productores, oficinas públicas y entidades internacionales. De Castro, por su parte, presentó las Indicaciones Geográficas como una herramienta útil para unir a agricultores y ganaderos con sus comunidades y promover el desarrollo de sus territorios de origen.
El programa se repartió en cuatro mesas de trabajo a lo largo de dos jornadas. En ellas intervinieron representantes de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la Comisión Europea y las oficinas nacionales de países como España, Francia, Suiza, Croacia, México, Paraguay, Perú, Chile y Tailandia, además de consejos reguladores y asociaciones de productores de varios continentes.
Durante la primera jornada, las intervenciones giraron en torno al acceso a nuevos mercados, el intercambio de conocimiento entre productores, la sostenibilidad y las opciones que ofrecen las Indicaciones Geográficas para mantener actividad económica y empleo en el medio rural. Uno de los debates revisó los proyectos impulsados en los últimos 20 años y su utilidad para responder a problemas como el cambio climático, la despoblación rural, la falta de relevo generacional o el desconocimiento de los consumidores.
A partir de experiencias en Europa, el Caribe y el Sudeste Asiático, varios participantes coincidieron en que la cooperación entre productores y administraciones puede mejorar la rentabilidad de los productos con calidad diferenciada y facilitar su entrada en mercados internacionales. También se abordó el uso de tecnología en tareas como el control de calidad, con la idea de simplificar procesos, dar más garantías al comprador y hacer el sector más atractivo para los jóvenes.
Otra de las cuestiones tratadas fue la organización interna de los productores, sobre todo en economías emergentes. Federico Moncunill, secretario de Origen España y de las indicaciones geográficas protegidas Jijona y Turrón de Alicante, defendió que los próximos proyectos de cooperación deben prestar atención a los órganos de gobernanza para agrupar a los productores y asegurar que tengan presencia real en los sistemas de control.
Míriam Molina, secretaria general del consejo regulador de la DOP Idiazabal, defendió la utilidad de agrupaciones como Origen España para llevar la voz de los productores ante administraciones y organismos. Molina citó como ejemplo la colaboración de la asociación con la Guardia Civil, que ha permitido actuar ante casos de fraude en 24 horas.
En el encuentro también afloró la preocupación por la confusión que pueden sufrir los consumidores cuando ciertos productos utilizan referencias geográficas en el punto de venta sin contar con la certificación correspondiente. Para Origen España, esa práctica puede llevar a error al comprador y perjudicar a los alimentos amparados por una DOP o una IGP.
La conferencia reservó además un espacio para el sector artesanal e industrial y para el diseño de la siguiente generación de proyectos de cooperación, con asuntos como la coordinación entre instituciones, las herramientas digitales, el intercambio de datos, la financiación y la participación de los jóvenes. El programa incluyó una visita técnica al consejo regulador de Jijona y Turrón de Alicante y al Museo del Turrón de Jijona para mostrar cómo se trabaja en la certificación, el control y la promoción del producto.
Origen España agrupa a 100 asociados y, según sus propios datos, representa el 85,10% del valor económico de las indicaciones geográficas agroalimentarias españolas, con más de 2.100 millones de euros en valor de mercado.