El Gobierno estudia ampliar el acceso de los inquilinos de pubs al alquiler sin obligación de compra
La caída de solicitudes apunta a barreras contractuales más que a falta de interés de los arrendatarios
viernes 6 de noviembre de 2026

Fiona Dickie, responsable de la Pubs Code Adjudicator (PCA), planteó este jueves, 5 de noviembre, que el Gobierno revise el acceso de los arrendatarios de pubs a la opción conocida como market rent only, o MRO, el mecanismo que permite comparar un contrato con vínculo de suministro y otro sin esa exclusividad. La propuesta forma parte de la revisión legal del código de pubs de Inglaterra y Gales y llega junto al anuncio del Ejecutivo de que quiere legislar una cláusula de “guest beer” para que las cerveceras sigan teniendo entrada en los locales sometidos a esa norma.
El código regula la relación entre grandes grupos propietarios de pubs y sus inquilinos cuando estos trabajan con contratos vinculados, es decir, cuando el arrendatario debe comprar cerveza y otras bebidas a través del dueño del establecimiento. La filosofía de la norma, recuerda la PCA, es que esos inquilinos no queden en peor posición económica que si operaran sin ese vínculo.
En esa revisión, el Gobierno considera que la PCA ha sido, en líneas generales, eficaz en la aplicación del código y que su actuación encaja con los principios de trato justo y conforme a derecho. Al mismo tiempo, el Ejecutivo admite que ha cambiado la composición del mercado durante la última década y que hay dudas sobre la capacidad real de muchos arrendatarios para acceder al MRO, en parte por la evolución de la duración y del tipo de contratos.
Dickie sostiene que el MRO sigue siendo una pieza básica del sistema porque da al inquilino una referencia directa: puede poner una oferta vinculada y otra sin exclusividad una al lado de la otra, renegociar y elegir la que mejor se ajuste a su negocio. Esa posibilidad, añade la autoridad, ha permitido a algunos arrendatarios lograr acuerdos vinculados más favorables o pasar a un alquiler sin obligación de compra.
La propia PCA trasladó al secretario de Estado que el acceso cada vez menor al MRO puede limitar la capacidad del código para cumplir ese principio de “no peor situación”. Por eso invita al Gobierno a estudiar cambios concretos. Entre ellos figura simplificar la definición de “trigger event”, uno de los supuestos de activación del MRO que apenas se usa, para que resulte más accesible a los inquilinos cuando se produce un hecho con un impacto importante en la actividad del pub.
La autoridad explica que el código prevé cuatro momentos en los que un arrendatario puede pedir el MRO y renegociar al mismo tiempo la renta vinculada, pero en la práctica solo funcionan dos: la revisión de alquiler cada cinco años y la renovación del contrato, siempre que no opere una excepción por inversión pactada.
Los datos de la British Beer and Pub Association, citados por la PCA, indican que desde la entrada en vigor del código en 2016 y hasta abril de 2026 se han presentado 1.703 solicitudes válidas de MRO. La cifra anual ha ido a menos: fueron 216 en 2017/18, 88 en 2024/25 y 82 en 2025/26. Aun así, la autoridad matiza que el apetito por esta opción no parece haber caído en la misma medida. Según la encuesta de 2026 entre inquilinos vinculados, un 70% conoce este derecho.
Además, entre 2020 y 2026 la proporción de arrendatarios que presenta una notificación de MRO cuando llega una revisión de renta o una renovación se ha mantenido alrededor del 20% cada año. También se ha mantenido en torno al 35% la parte de quienes terminan pasando a un contrato sin vínculo de suministro al final del proceso. Para la PCA, esa estabilidad apunta a que el problema no está tanto en el interés de los inquilinos como en la reducción de las vías reales para activar el MRO.
La explicación, según la autoridad, está en cómo han cambiado los modelos de explotación de los pubs vinculados durante la última década. Las grandes compañías ofrecen con frecuencia contratos más cortos, por ejemplo de cinco años, y casi siempre sin derecho legal de renovación, una protección que antes era habitual. La PCA precisa que la excepción es Star. A eso se suma la expansión de fórmulas alternativas, como franquicias y acuerdos de reparto de beneficios, que también modifican el modo en que se gestionan muchos establecimientos en Inglaterra y Gales.
Las cifras del regulador reflejan ese cambio. En 2018 había 10.099 pubs vinculados cubiertos por el código. A cierre de marzo, el número había bajado a 8.331, un 17,5% menos. En el mismo periodo ha aumentado el uso de modelos alternativos. Al final de marzo había 2.398 acuerdos de este tipo, de los que 1.490 se notificaron como regulados por el código. El salto más visible se produjo en 2025, en buena parte porque Stonegate asumió cambios en su acuerdo Craft Union para dejar claro que quedaba dentro del ámbito de la norma.
La PCA ya señaló en marzo de 2025 que algunos otros contratos de reparto de beneficios o de facturación también podrían entrar en el código, aunque por ahora no considera apropiado exigir su cumplimiento en esos casos. El Gobierno, por su parte, no prevé modificar de momento el texto para adaptarlo a estos formatos más nuevos, de modo que la autoridad deja abierta una revisión posterior de su posición publicada sobre ese tipo de acuerdos.
La reforma en estudio puede tener efectos más allá de la relación entre propietario e inquilino. Si se amplía el acceso al MRO y sale adelante la cláusula de “guest beer”, miles de pubs podrían ganar margen para negociar sus condiciones y para abrir parte de su oferta a proveedores distintos del habitual. Eso puede traducirse en más espacio comercial para cerveceras que no forman parte del suministro vinculado y, en general, en un mercado algo más abierto para bebidas vendidas en estos locales.
El Gobierno trabaja ahora en propuestas para revisar las actuales vías de acceso al MRO y los criterios que permiten quedar fuera de esa opción, al tiempo que prepara la aplicación de la figura del “guest beer” anunciada en los Presupuestos de otoño. Cualquier cambio en el código, recuerda la PCA, deberá respetar los dos principios básicos del sistema: el trato justo y que el inquilino vinculado no quede en peor situación que si operara sin esa atadura.