La hostelería reclama las mismas reglas para cualquier negocio que sirva comida en el local

La patronal Hostelería de España ha pedido a los partidos que concurren a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre que igualen las exigencias fiscales, sanitarias, laborales y de licencias para todos los negocios que sirven comida y bebida para consumir en el propio local. La reclamación apunta de forma directa al avance de los llamados “mercaurantes”, espacios habilitados por supermercados e hipermercados para comer platos preparados dentro de la tienda.

La organización, que agrupa a más de 300.000 negocios, sostiene que la hostelería da empleo a 1,85 millones de personas y aporta el 6,7% del PIB. En ese marco, ha remitido 30 propuestas para la próxima legislatura. Entre ellas figuran el mantenimiento del IVA reducido del 10% para el sector, la creación de una Dirección General específica y medidas para rebajar trámites a pymes y autónomos. Junto a esas peticiones, la asociación ha situado como asunto prioritario la igualdad de reglas para cualquier operador que ofrezca un servicio similar al de un bar o un restaurante.

La patronal no limita su petición a los supermercados. En su planteamiento incluye también otros espacios abiertos al público donde se sirvan comidas preparadas para consumir en el lugar, así como clubes y asociaciones. Además, advierte sobre particulares que venden comida elaborada en sus domicilios sin cumplir, a su juicio, con las obligaciones fiscales y sanitarias que sí soporta la hostelería reglada.

El presidente de Hostelería de España, José Luis Álvarez Almeida, ya expresó esa preocupación en mayo, durante la asamblea anual del sector. Allí defendió que, si tiendas, gasolineras, hipermercados o supermercados ofrecen servicios propios de la hostelería, deben operar con las mismas condiciones legales. La organización no pide vetar esa actividad, sino someterla a un marco equivalente al que rige para bares y restaurantes.

El debate ha llegado también a los tribunales administrativos. En junio, el Gremi de Restauració de Barcelona anunció una denuncia contra 30 establecimientos de Mercadona. La asociación sostiene que esos locales actúan en la práctica como restaurantes de bajo precio, al disponer de cubiertos, vasos, servilletas, papeleras para separar residuos y microondas para calentar la comida. Añade que algunos cuentan con hasta 30 plazas y que eso podría incumplir la ordenanza municipal, que limita las actividades comerciales o de servicios más allá de la línea de cajas.

Mercadona rechaza esa interpretación. La cadena afirma que se trata de zonas de descanso gratuitas para clientes, sin personal de servicio específico, y que su actividad se ajusta a la normativa vigente. La discrepancia resume el núcleo del conflicto: para los hosteleros, esos espacios se parecen cada vez más a un comedor abierto al público; para la empresa, son un servicio complementario dentro del supermercado.

La discusión coincide con un cambio en los hábitos de consumo. La comida preparada del supermercado se ha convertido en una opción para clientes que buscan rapidez y un desembolso menor que el de un menú del día. El modelo permite comprar, calentar y comer en el mismo establecimiento, sin reserva ni espera. Esa fórmula aprovecha además el flujo natural de personas que ya acuden a la tienda para hacer la compra.

Ese cambio ha adquirido un tamaño económico que explica la presión del sector hostelero. Solo la sección “Listo para comer” de Mercadona facturó 700 millones de euros en España en 2025. Si se suman otras líneas de platos preparados, como refrigerados, envasados o cremas, el volumen asciende a 3.000 millones de euros en España y Portugal. Esa cifra equivale a cerca del 7% de la facturación total de la compañía.

Para bares y restaurantes, ese negocio no compite solo por precio. También lo hace por rapidez, ubicación y conveniencia. Un cliente puede resolver la comida del mediodía mientras hace la compra y consumirla en el acto. La patronal entiende que, si esa actividad se parece a la restauración tradicional en su resultado final, no puede quedar sometida a obligaciones distintas.

La reivindicación llega en un momento de incertidumbre política, con la vista puesta en la composición del próximo Ejecutivo. Hostelería de España ha trasladado a los partidos que la equiparación normativa debe abarcar los ámbitos fiscal, sanitario, laboral y administrativo. El sector quiere que esa cuestión entre en la agenda de la nueva legislatura junto a otras peticiones ligadas al empleo, la formación y la carga burocrática que soportan los negocios.

La controversia sobre los “mercaurantes” se ha instalado así en el debate sobre el futuro de la hostelería. Mientras las cadenas de distribución amplían su oferta de platos preparados y zonas para consumirlos, bares y restaurantes reclaman que la ley no distinga entre operadores cuando el servicio que recibe el cliente es, en la práctica, parecido.