Francia reabre por ley el traslado de las franjas sin fitosanitarios fuera del suelo agrícola

Una proposición de ley registrada el 27 de octubre en la Asamblea Nacional francesa plantea que las zonas de no tratamiento con productos fitosanitarios se sitúen fuera del suelo agrícola. La iniciativa, impulsada por el diputado centrista Hubert Ott, pretende recuperar una medida que el Consejo Constitucional anuló al revisar la ley de urgencia agrícola aprobada en Francia.

La propuesta gira en torno a las llamadas ZNT, siglas en francés de las franjas en las que no se aplican tratamientos fitosanitarios cerca de viviendas u otros espacios ocupados por población. El cambio que ahora se plantea afecta a la ubicación de esas franjas. La idea es que no recaigan sobre la tierra cultivada, sino sobre terrenos no agrícolas colindantes.

Ese punto tiene una consecuencia directa para explotaciones que trabajan en parcelas pegadas a zonas residenciales. Cuando la franja de separación se impone dentro del propio viñedo o del campo, el agricultor pierde superficie útil para producir. Si la norma situara esa banda fuera del suelo agrícola, el reparto de esa carga cambiaría y pasaría a influir más en la ordenación de los terrenos vecinos.

La iniciativa llega después de que el Consejo Constitucional francés tumbara esa misma orientación en la ley de urgencia agrícola. El regreso de la medida por la vía de una proposición de ley muestra que el asunto sigue abierto en el Parlamento y que una parte de los diputados quiere volver a llevarlo al debate legislativo con una formulación específica.

Además de la cuestión de las ZNT, la propuesta prevé reforzar el control sobre las parcelas abandonadas. Por ahora no han trascendido más precisiones sobre el mecanismo concreto, pero ese punto apunta a otro foco sensible en muchas zonas agrícolas: la gestión de terrenos sin actividad que quedan junto a explotaciones en producción.

En Francia, el debate sobre las distancias de seguridad en el uso de fitosanitarios afecta desde hace años a varios intereses a la vez. Por un lado, está la protección de los residentes y la prevención de exposiciones no deseadas. Por otro, está la viabilidad de fincas que ven limitada parte de su superficie cuando el borde de la parcela linda con casas, jardines o nuevos desarrollos urbanísticos. También entran en juego los ayuntamientos y los promotores, porque la forma de ordenar el suelo puede agravar o aliviar ese problema.

Para el sector del vino, la discusión tiene un alcance claro. Muchas zonas vitícolas francesas conviven con núcleos urbanos, segundas residencias o urbanizaciones levantadas junto a las viñas. Si la propuesta saliera adelante, podría alterar la manera en que se reparten las obligaciones entre viticultores y suelo no agrícola cuando aparece una nueva vivienda junto a una parcela plantada. También podría influir en la protección sanitaria de los viñedos si el refuerzo del control sobre parcelas abandonadas termina traduciéndose en más vigilancia sobre terrenos que hoy quedan fuera de uso.

El efecto no se limitaría a la viticultura, aunque es uno de los ámbitos donde la cuestión resulta más visible por la proximidad frecuente entre viñedo, pueblos y zonas residenciales. En regiones productoras, unos pocos metros de borde pueden tener peso económico para la explotación, sobre todo cuando afectan a hileras completas de cepas o a parcelas pequeñas. A la vez, para los vecinos y los municipios, la distancia respecto a los tratamientos se ha convertido en una cuestión de salud pública y de convivencia.

La proposición inicia ahora su recorrido parlamentario en la Asamblea Nacional. Durante ese trámite, el texto puede ser debatido, modificado o rechazado. De prosperar, Francia volvería a abrir por ley una cuestión que ya fue frenada por el control constitucional y que mantiene interés para la agricultura, la planificación urbanística y, de manera especial, para los territorios donde el vino forma parte central de la actividad económica.