Martes 28 de Julio de 2026
Los incendios forestales han dejado de ser un problema limitado al monte y se han convertido en una amenaza que afecta también a núcleos de población, urbanizaciones, infraestructuras de transporte, líneas eléctricas y explotaciones agroganaderas. El Instituto de la Ingeniería de España sostiene que esta evolución obliga a revisar el modelo tradicional de defensa frente al fuego y a situar en el centro de la prevención el análisis del territorio y de las personas que lo habitan.
La entidad afirma que el dato que debe orientar cualquier política pública es que el 94% de los incendios forestales en España están provocados por personas, ya sea por negligencia o de forma intencionada. A partir de esa cifra, el Instituto considera insuficiente limitar la prevención al estado de la vegetación, a las altas temperaturas o a la sequía, y reclama una lectura más amplia de las causas que originan los fuegos.
El Instituto de la Ingeniería de España vincula esta situación con una transformación profunda del medio rural. La superficie forestal española se ha más que duplicado desde los años 40 del siglo pasado, al pasar de 7 a 18 millones de hectáreas, hasta ocupar el 56% del territorio nacional. Según expone la institución, ese aumento no responde a una gestión activa, sino en buena medida al abandono rural, al éxodo demográfico, al envejecimiento de la población, a la regresión de la ganadería extensiva y al fin del aprovechamiento tradicional de leñas y maderas.
Ese proceso, añade el Instituto, ha favorecido la acumulación de combustible vegetal en el monte. A ello se suma, en palabras de Carlos del Álamo Jiménez, ingeniero de Montes, presidente del Comité de Ingeniería y Desarrollo Sostenible y expresidente del IIE, el peso del minifundio y “el desconocimiento de la titularidad forestal” en buena parte del territorio, factores que dificultan una gestión adecuada de un espacio forestal fragmentado en un número muy elevado de parcelas.
Del Álamo sostiene que “el monte no arde solo”, una afirmación con la que rechaza atribuir los incendios únicamente a factores físicos o meteorológicos. A su juicio, conocer las características demográficas, sociológicas y económicas de cada territorio, así como las tensiones y conflictos que puedan existir en él, resulta imprescindible tanto para la prevención como para la investigación policial de las causas de los incendios.
Con ese planteamiento, el IIE propone elaborar un mapa territorial de riesgo socioeconómico de incendios forestales. El objetivo sería identificar qué factores influyen más en la aparición de fuegos más allá del estado físico del monte. La institución defiende que la prioridad debe centrarse en actuar sobre las personas y sus intereses, con especial atención a los propietarios forestales.
Ese colectivo supera los cuatro millones de personas en España y, según Del Álamo, constituye “la fuerza de actuación clave en la lucha contra los incendios forestales”. La tesis del Instituto pasa por incorporar a esos propietarios a una estrategia de prevención más amplia, ligada no solo a la extinción o a la limpieza del monte, sino también al conocimiento de la realidad social y económica de cada zona.
El IIE también plantea recuperar el valor económico del monte como vía para reducir el riesgo de incendios. Entre las actividades que cita figuran la biomasa para energía renovable, la madera, la resina, los hongos, la caza y la valoración de los servicios ambientales. La idea, según la entidad, es que esos usos generen ingresos para los propietarios o recursos que permitan financiar el cuidado de los montes.
Junto a esa dimensión económica, el Instituto reclama fomentar entre las nuevas generaciones una cultura forestal basada en criterios técnicos y alejada de tópicos. La organización sostiene que España no eliminará por completo los incendios forestales, pero insiste en que la respuesta debe apoyarse en el conocimiento real de sus causas y en la evaluación del riesgo territorial.
El Instituto de la Ingeniería de España integra a más de 150.000 ingenieros pertenecientes a nueve asociaciones nacionales de ingeniería correspondientes a las profesiones reguladas del sector en España. Desde esa posición, la entidad defiende que la prevención de incendios exige ampliar el foco y asumir que el problema ya no se limita al monte, sino que afecta de forma directa a la ordenación del territorio y a la vida de quienes lo habitan.