Jueves 15 de Enero de 2026
El sector vitivinícola de Burdeos atraviesa una situación económica muy grave. Este jueves, todas las organizaciones profesionales, sindicales y consulares del viñedo bordelés han firmado un documento conjunto, conocido como el “llamamiento de Burdeos”, en el que piden al Gobierno francés y a los parlamentarios que aprueben cuanto antes el presupuesto para 2026 y adopten medidas de apoyo urgentes para la viticultura. El comunicado ha sido firmado por el Consejo Interprofesional del Vino de Burdeos, la Federación de Negociantes de Burdeos y Libourne, la Federación de Grandes Vinos, la Cámara de Agricultura de Gironda, los sindicatos Confédération Paysanne, Coordination Rurale, FNSEA y Jeunes Agriculteurs, así como el colectivo de viticultores Viti33.
La petición llega en un momento especialmente delicado para el sector. La crisis económica que afecta a los productores de vino en Burdeos se ha agravado en los últimos meses. A principios de enero se conoció el tercer suicidio de un viticultor en dificultades desde el inicio del año. Los firmantes del llamamiento consideran que la situación es insostenible y que se necesitan medidas inmediatas para evitar una catástrofe económica.
Entre las demandas principales figura la aprobación rápida del presupuesto estatal para 2026. Según los representantes del sector, esto permitiría poner en marcha sin demora las ayudas necesarias para la supervivencia de la actividad vitivinícola. El Gobierno francés ya había anunciado a finales de noviembre una partida de 130 millones de euros destinada a financiar un nuevo plan nacional para arrancar viñas durante 2026 y 2027. Esta medida busca aliviar la presión sobre miles de viticultores afectados por varios problemas: los efectos del cambio climático, que han reducido las cosechas en los últimos años; y la caída continuada del consumo de vino, especialmente tinto.
Los firmantes también solicitan cambios legislativos. Piden que se aprueben modificaciones en la ley Egalim para proteger los ingresos tanto de los productores como de los negociantes. Además, reclaman la firma del decreto que permita crear Organizaciones de Productores en el sector vitivinícola. Según explican, esto les daría más fuerza en las negociaciones con las grandes cadenas de distribución. Sin embargo, estos dos textos legales siguen bloqueados debido a las dificultades políticas surgidas tras la disolución parlamentaria del verano pasado.
El llamamiento incluye otras peticiones concretas. Los representantes del sector piden revisar las restricciones actuales sobre el uso del cobre en el tratamiento de las viñas. También solicitan dotar al sector con un fondo suficiente para financiar la destilación de excedentes, con el objetivo de sanear un mercado saturado y equilibrar la oferta y la demanda.
La crisis no solo afecta a los productores. El empleo en las empresas dedicadas al comercio del vino también está sufriendo las consecuencias. Un reciente informe sobre el sector cooperativo señala la urgencia de reestructurar muchas bodegas para adaptarse a la nueva realidad económica y social.
Los responsables del viñedo bordelés insisten en que es necesario adaptar el sector a los nuevos hábitos de consumo y no descartar ninguna opción que permita asegurar su futuro. Consideran que solo con una respuesta rápida y coordinada por parte del Gobierno será posible evitar daños mayores tanto para los productores como para toda la economía local ligada al vino.